El pacto con ERC para un cupo catalán abre la puerta a una segunda descentralización del Estado

El silencio, en política, suele ser mal compañero. Quien no habla es porque otorga, porque las palabras pueden empeorar la mudez o porque se espera el momento adecuado. En ese caso, el modo reposo suele ser táctico. Y todo indica que lo que esconde la falta de explicaciones y detalles de Pedro Sánchez, del Gobierno y del PSOE respecto al pacto suscrito con ERC para un cupo catalán, a modo del de Navarra y País Vasco, es exactamente eso. Y que, aunque la afasia juegue en contra de sus intereses o produzca un intenso movimiento de contestación interna, “todo se entenderá mejor cuando llegue el momento”. 

Es así como justifican los socialistas que hayan dejado esta semana a los republicanos enjaretar su propia narrativa y que ésta se haya instalado en la conversación pública de tal modo que la derecha haya podido agitar de nuevo el espantajo del España se rompe. Hay dos hitos en el horizonte político que aconsejaban la prudencia. El primero, la consulta a la militancia de ERC, ya ha pasado la prueba. Por los pelos y seguro que con consecuencias para los republicanos en el espacio electoral del independentismo. El segundo es la investidura de Salvador Illa y hasta que ésta no se produzca no hay pieza del rompecabezas que esté completamente encajada.

El acuerdo es complejo y el riesgo de que salte por los aires a la mínima de cambio es alto. De ahí que cada palabra esté medida al igual que el papel a desempeñar por los firmantes. El PSOE ha renunciando, por el momento, a dar la batalla del relato para conceder a ERC el protagonismo que Junqueras le ha negado en el último año y ha pedido a los suyos tiempo y prudencia. A cambio les ha trasladado que en ningún caso se pondrá en riesgo la solidaridad del sistema de financiación autonómica. 

Lo que sí admiten quienes llevan años dando vueltas al actual modelo es que, tras más de una década de vigencia, “no es revisable” y que hace falta una nueva “mirada fiscal” para el conjunto del territorio que acaben con los problemas de infrafinanciación del que se quejan varias regiones. “Lo que está en marcha es una segunda descentralización del Estado”, reconocen y un “acuerdo complejísimo” que hoy no cuenta siquiera con el beneplácito de los socios del gobierno de coalición. Y esta es una realidad que los socialistas no han ocultado a los negociadores de ERC en ningún momento. Lo que no esperaban –al menos con la contundencia que se ha producido– son la voces que desde el propio PSOE se han mostrado contrarias a lo pactado en los términos que se han conocido. 

La crítica va más allá de Emiliano García Page o Javier Lambán y hasta el asturiano Adrián Barbón ha sido rotundo: “Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común y no apoyaremos nada que vaya en contra de los intereses de Asturias”. El presidente del Principado no es precisamente de los barones del PSOE a los que se pueda achacar falta de lealtad al Gobierno y tampoco de los que esté en contra de una federalización del Estado, pero no está por la labor de aceptar que el nuevo modelo pivote sobre la base del principio de ordinalidad y así se lo ha trasladado a Salvador Illa, que estos días se está fajando en convencer a los líderes territoriales del PSOE en que “nada está en riesgo”. 

Moncloa y la dirección socialista se aferran al gran valor político que tiene que un grupo independentista como ERC vaya a votar la investidura de un socialista como Illa, una ruptura de bloques que “acaba definitivamente con el procés”. Por lo que elDiario.es ha podido recabar de algunos miembros de la dirección federal y líderes territoriales también les han hecho saber que lo pactado con ERC “será extensible” a todas las comunidades que lo requieran y que no consta así en el documento, como ocurrió con la quita del Fondo de Liquidez Autonómico, porque los republicanos exigieron que fuera así para no despertar reticencias en sus bases en el momento de la consulta. 

El acuerdo, por tanto, sería una especie de “café para todos” como el que pactó José María Aznar con Jordi Pujol para ceder el 30% del IRPF o el que José Luis Rodríguez Zapatero acordó con Artur Más para transferir el 50% del mismo impuesto y también el del IVA. La consecuencia sería un modelo de fiscalidad diferente al actual, cuyas deficiencias están más que acreditadas. El problema es que sólo las autonomías contribuyentes al fondo de solidaridad reclamarían el cupo y que, después, habría que fijar con cada una de ellas el porcentaje de solidaridad para con las regiones con menos recursos.

Pero esta es una cuestión en la que, por el momento, se prefiere no dar demasiados detalles, más allá de que en el caso de Catalunya este porcentaje y el desarrollo del modelo se negociaría con Illa, “un socialista comprometido no sólo con la igualdad y la redistribución de la riqueza, sino nada sospechoso de querer acabar con España ni con la solidaridad entre territorios”, aseguran en la fontanería monclovita.

En todo caso, la cuota de solidaridad “es un impuesto y esto no es estar fuera del sistema”, como ya se ha instalado en la conversación pública. El debate, para los socialistas, es terminológico y no parecen dispuestos a librarlo hasta que Illa sea investido president. De hecho, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda y probablemente la socialista que más veces ha negado que el PSOE fuera a pactar lo que finalmente ha pactado, lleva una semana sin hacer declaraciones públicas. Ahora tendrá que fajarse en una labor pedagógica como en la que se fajó Félix Bolaños cuando negoció la amnistía con los de Carles Puigdemont.

La diferencia entre uno y otro es que al ministro de la Presidencia no se le podrá encontrar en la hemeroteca, a diferencia de otros socialistas, una sola declaración en contra del olvido penal mientras que Montero tiene un notable histórico en contra de un posible concierto catalán tanto como titular de Hacienda como cuando en su día era consejera de la misma materia en el Gobierno de Andalucía.

ERC tampoco es ajena a la dificultades de que el modelo acordado sea aprobado por el Parlamento español, y no sólo por los partidos regionalistas que forman parte de Sumar sino porque estaría también en duda el voto de Junts, que buscaba la repetición electoral en Catalunya y ha puesto todo tipo de palos en las ruedas de la negociación entre el PSC y los de Marta Rovira para que descarrilara el acuerdo. Para cumplir lo acordado, por tanto, arranca ahora un proceso largo de incierto final y “eso no se le ha negado a los negociadores de los republicanos en ningún momento”, subrayan los socialistas.

Si el PSOE, aunque no lo diga, sabe que en términos coloquiales se ha comido un sapo con este preacuerdo, ERC es plenamente consciente de que los suyos también. El de los socialistas es un partido que apoyó la aplicación del 155 de la Constitución cuando Catalunya declaró unilateralmente la independencia. “El coste a pagar en todo caso –asegura un destacado socialista– se compensa con la presidencia de Illa”, lo que demuestra que la apuesta de Sánchez de priorizar su investidura sobre cualquier otra cuestión era literal. Algo que no termina de entenderse en el resto de territorios del PSOE, donde la marca perdió la mayoría de los gobiernos regionales tras las elecciones autonómicas del 2023.