La pareja de Ayuso pide al Supremo que impute al fiscal general por revelación de secretos y revise sus correos personales

Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo que abra una causa penal contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Según ha adelantado este martes el diario El Mundo, la defensa del empresario ha apoyado la imputación de Álvaro García Ortiz por revelación de secretos a raíz de la exposición razonada elevada por el Tribunal Superior de Madrid y ha pedido, además, que se pongan varias diligencias en marcha, entre ellas pedir a Google más información sobre los correos que envió el fiscal general antes de emitir el comunicado con el que pretendía desmentir diversos bulos sobre el caso de doble fraude fiscal confeso de la pareja de Ayuso.

El Tribunal Supremo anunció ayer que empezaba a tramitar la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia y puso en marcha el primer formalismo: pedir un informe a la propia Fiscalía sobre si debía o no admitir a trámite tanto esa acusación como otras denuncias y querellas presentadas por Manos Limpias y una Fundación vinculada a antiguos miembros de PP y Vox. La defensa de Alberto González, que interpuso la querella por revelación de secretos, ha pedido a la sala que preside Manuel Marchena que abra la causa penal contra él.

El Supremo tomará una decisión después de recibir el informe de todas las partes sobre una causa que arrancó con una querella de la pareja de Ayuso. Una querella en la que acusaba de revelación de secretos a los responsables de un comunicado emitido hace meses por la Fiscalía de Madrid con el que el Ministerio Público pretendía desmentir una serie de bulos sobre el caso de doble fraude fiscal confeso de González Amador, difundidos por varios medios pero también por Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta regional en la Comunidad de Madrid.

Esas informaciones afirmaban falsamente que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para zanjar su fraude fiscal de 350.000 euros, pero que ese ofrecimiento había quedado paralizado “desde arriba”. Una información que, previamente, Miguel Ángel Rodríguez había trasladado a varios periodistas a través de WhatsApp. La realidad era que la defensa del empresario –como es habitual cuando se busca un pacto para evitar la cárcel– se había dirigido a la Fiscalía para ofrecerse a aceptar una condena baja de cárcel a cambio de reconocer los hechos, pagar sus deudas y no entrar en prisión.

La respuesta de la Fiscalía fue emitir un comunicado en el que detallaba cómo habían transcurrido en realidad esas conversaciones, documento que fue denunciado por González Amador como una posible revelación de secretos. El Tribunal Superior de Madrid abrió una causa contra el fiscal Julián Salto, que investigó y denunció al empresario, y su superior Pilar Rodríguez, pero decidió enviar la causa al Supremo después de que el propio fiscal general afirmara por escrito y en público que él era el responsable último de un comunicado que, en cualquier caso, no considera delictivo.

La decisión de abrir una causa contra él está ahora en manos de una sección de la Sala de lo Penal del Supremo que tendrá como ponente a Susana Polo, como presidente a Manuel Marchena y que será completada por Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.

Revisar los correos del fiscal general

Según la información de El Mundo, la pareja de Isabel Díaz Ayuso pide también varias diligencias que, según su criterio, son necesarias y no puso en marcha el juez del TSJM antes de enviar el caso al Supremo: información sobre los correos que el fiscal general envió a la fiscal provincial de Madrid tanto desde su cuenta personal como desde su cuenta corporativa así como cualquier correo que incluyera, en su texto, el contenido de los emails que su abogado cruzó con el fiscal que le investigaba.

Mientras tanto, la causa por doble fraude fiscal contra Alberto González Amador está a la espera de poder tomarle declaración como investigado después de dos intentos fallidos y con las negociaciones entre su defensa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado para zanjar el caso con una sentencia de conformidad. El empresario se ha ofrecido a aceptar varios meses de cárcel a cambio de reconocer tanto el fraude fiscal como la falsedad documental, pagar una deuda fiscal de más de medio millón de euros que incluye la multa y los intereses y no entrar a la cárcel de forma efectiva para cumplir condena.

Tal y como reveló elDiario.es y ha reconocido él mismo, Alberto González Amador usó un sistema de facturas falsas para pagar 350.000 euros de menos en sus declaraciones del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021, años en los que ganó varios millones de euros salidos de comisiones en la compraventa de material sanitario durante lo peor de la pandemia de coronavirus.