Los partidos afrontan un final de legislatura marcado por una crisis económica de futuro incierto

Nadie en la política española esperaba un giro de 180º en el guion que se estableció hace unos meses, cuando socialmente se dio por superada la pandemia pasada la ola generada por ómicron en Navidad. El Gobierno esperaba dos años de buenas noticias que catapultaran a Pedro Sánchez hasta las generales de finales de 2023 o incluso de principios de 2024. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, daba los primeros pasos hacia la plataforma con la que pretende aglutinar a la izquierda. Y un PP aupado en las encuestas mantenía la guerra de desgaste contra la coalición con el convencimiento de que ganaría todos los comicios aunque el gobierno dependiera de un Vox también en ascenso. Pero la invasión rusa de Ucrania ha supuesto un nuevo punto de inflexión y los partidos se preparan ahora para un final de legislatura que estará marcado por una crisis económica de consecuencias aún inimaginables. 

De cómo evolucione la economía y cuál sea la respuesta del Gobierno depende en buena medida el resultado electoral. De eso son conscientes en todos los partidos. PSOE y Unidas Podemos contienen la respiración ante los malos datos económicos -especialmente el crecimiento inusitado de la inflación- y preparan el terreno sin poner paños calientes a la dureza de los tiempos que se avecinan, aunque confían en que los problemas sean coyunturales. El PP es consciente de que sus opciones de llegar al Gobierno dependen en buena medida de cómo aborde la crisis la coalición, con el añadido de su pelea con la extrema derecha por el mismo electorado. 

“Si los ciudadanos muestran ese descontento, tienen razón, y el Gobierno de España hará todo lo que esté en su mano para revertir las consecuencias tan dramáticas que la guerra y que la pandemia están infligiendo en nuestra sociedad”, expresó Sánchez en su última comparecencia monográfica en el Congreso, a la que llegó tras una de las peores semanas para el Ejecutivo, con la subida histórica de los precios e incluso con problemas de abastecimiento en algunos supermercados por las protestas de los transportistas. 

La frase también refleja la estrategia de Moncloa de mostrar un Sánchez empático que intente sintonizar con la sociedad. En el equipo del presidente son conscientes de que no consigue conectar con buena parte del electorado. El plan de choque de respuesta a la guerra incluye medidas generalistas, como la bonificación de los carburantes, que se suman a bonos como el joven cultural o el de la vivienda. No obstante, Moncloa lo fía todo a tope del precio del gas que lograron arrancar a la UE España y Portugal. El Gobierno está convencido de que así conseguirá bajar la factura de la luz un 50%. No obstante, la medida aún no está dando frutos porque requiere del visto bueno de la Comisión Europea y no está previsto que llegue antes de que acabe el mes. Entre tanto, el recibo de la luz sigue disparado pese a la bajada de los impuestos que supondrá una merma de ingresos al Estado de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. 

La coalición se calma y se reivindica

¿Es el peor momento de la legislatura? Es la pregunta recurrente a los inquilinos de Moncloa: “Esto es muy complejo. Una guerra y una pandemia. Ha habido de todo y el Gobierno ha mostrado capacidad de poder gestionar en otro momento”. Sánchez no se cansa de repetir que en su mandato se ha encontrado con un buen número de desdichas -desde la pandemia a la guerra pasando por la tormenta Filomena o la erupción del volcán de La Palma- y saca pecho de la gestión. “Este Gobierno es el mismo que defendió los fondos europeos, que aprobó los créditos ICO, que aprobó las prestaciones extraordinarias para los autónomos, que aprobó los ERTE extraordinarios en el peor momento de la pandemia”, ha recordado en varias ocasiones.

Y es que frente a los roces que ha habido en el seno de la coalición y la competencia por una parte del electorado de izquierdas, en el PSOE están convencidos de que necesitan a su socio fuerte para seguir en el poder. Por eso el presidente reivindica periódicamente a la coalición, como hizo el pasado miércoles ante la UGT: “Es un honor representar al frente del Gobierno a un movimiento progresista que volverá a ser mayoritario aquí en Andalucía y continuará siendo mayoritario también en España cuando toquen las elecciones en 2023”.

Aunque los choques han sido constantes y se han enfatizado en algunos momentos de la gestión de guerra, como con el envío de armas a Ucrania, también Unidas Podemos cree que con la aprobación del plan de choque se despejaron todas las dudas que podría haber acerca de la solidez y la continuidad de la coalición hasta el final de la legislatura. Fuentes autorizadas del grupo confederal consideran que la inclusión de medidas como la prohibición del despido o la limitación del aumento de los alquileres, que es en la práctica una intervención del mercado de vivienda que hasta ahora se había negado a Unidas Podemos, ha curado las heridas que se habían abierto.

El primer plan de choque -en el Gobierno no descartan que se tengan que tomar más medidas en función de cómo evolucione la guerra y, con ella, la economía- ha permitido al socio minoritario sentirse cómodo y útil en la coalición tras lo que considera meses de “constante pulsión” por parte de la parte socialista del Ejecutivo por intentar distanciarse del bloque de la investidura y “buscar otras vías” para sacar adelante las iniciativas del Ejecutivo, mirando a fuerzas de derechas como Ciudadanos o el PDeCAT, e incluso abriéndose a pactar con el PP para “intentar parecer moderados”. 

Para Unidas Podemos es el “primer gesto en meses de que Sánchez es un presidente de izquierdas”, según las fuentes consultadas, que consideran que la legislatura “ya puede volver al cauce inicial” porque consideran que el PSOE se ha dado cuenta de que es “imposible” lograr acuerdos “reales” con la derecha y, al mismo tiempo, las medidas acordadas en la coalición, de marcado carácter de izquierdas, “imposibilitan” que la derecha se sume a las tesis del Gobierno y, por contra, consolidan el bloque de la investidura, que lleva tiempo dando síntomas de agotamiento. 

No obstante, Sánchez ha dejado claro desde el primer momento que tiene la intención de alcanzar un entendimiento con el PP y contar con su apoyo al paquete económico. En Moncloa están a la expectativa de cómo coge Alberto Núñez Feijóo las riendas de Génova. “Nos gustaría saber si ustedes van a apoyar, o van a continuar estorbando con la ultraderecha durante los próximos meses, como hicieron durante estos dos años de legislatura”, le dijo en la última sesión de control a la portavoz, Cuca Gamarra. 

Un PP sin muchos cambios pese al nuevo líder

No parece que vaya a haber mucha tregua pese a la abrupta salida de Pablo Casado. La estrategia marcada por el todavía presidente gallego, y seguida al dedillo por su flamante dirección, señala al Ejecutivo por una “deficiente” gestión de los problemas provocados por la guerra de Ucrania pero que, según insisten desde Génova, viene de mucho antes.

“España merece más que un Gobierno desbordado por la realidad”, aseguró en su discurso de proclamación como presidente del PP, el 2 de abril. “España merece más que un Gobierno triunfalista que si algo le sale mal es por culpa de los demás”, dijo, en referencia a que el Ejecutivo justifica en la invasión rusa, ahora, y en la pandemia, antes, unos datos económicos peores de los previstos.

Feijóo ha hecho bandera de las habituales recetas neoliberales del PP cuando está en la oposición: bajada generalizada de impuestos, reducir el gasto público y rebajar la protección laboral. Pero sin concretar todavía medidas claras y concisas. Sus propuestas genéricas de recorte fiscal podrían suponer una merma en los ingresos de hasta 20.000 millones solo en lo que se recauda por los hidrocarburos. Y Feijóo quiere más: IRPF, IVA en la factura de la luz (que fue Rajoy quien lo puso al 21% y ahora está al 10%),... Por eso, dicen en Génova, no parece que el PP vaya a apoyar el real decreto de medidas contra la crisis que debe convalidar el Congreso. Será la primera piedra de toque para conocer las intenciones del “nuevo” PP.

Todo este planteamiento quedó en evidencia el jueves, tras la primera reunión entre Sánchez y el ya elegido presidente del PP. Feijóo acudió a la cita con una única idea en la cabeza: bajada de impuestos. No atendió a ningún otro requerimiento del presidente, a tenor de la larguísima rueda de prensa que concedió en la sala grande del complejo presidencial situado al borde de la Carretera de A Coruña.

En la hora larga que compareció Feijóo ante los medios apenas habló de otra cosa que no fuera la economía. Soltó datos uno tras otro, pese a no haber trasladado ni una sola propuesta concreta al presidente del Gobierno, tal y como reconoció él mismo. Su resumen de la cita: “Infructuosa”. Pero sobre todo “para las familias y los trabajadores”. El target de los mensajes que intentará lanzar el líder gallego es más que evidente.

Tras tres horas de reunión, apenas acordaron reanudar las conversaciones para la renovación del CGPJ. Pedro Sánchez no tiene intención de acceder a una bajada generalizada y lineal de los impuestos como la que, parece, propone Feijóo porque no es “el camino que han emprendido el Gobierno ni el resto de países europeos”, según fuentes de la Moncloa. De la reunión con el líder del principal partido de la oposición salió “con más certezas que dudas”, según las mismas fuentes. Y muy consciente de que la economía será el campo de batalla de lo que resta de legislatura. Algo que en el PSOE ya saben cómo termina, tal y como ocurrió en 1996 y en 2011. Está por ver que pase de nuevo.