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CRÓNICA

El PP desata una tormenta sobre el Congreso

Núñez Feijóo conversa por teléfono tras el pleno del miércoles.
30 de octubre de 2024 21:51 h

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Un miércoles más en la oficina, pero después de una noche terrible en la Comunitat Valenciana. El Partido Popular llegó a las nueve de la mañana con la munición habitual a la que esta vez unía el caso de Íñigo Errejón. Quizá tenía dudas, pero de entrada sus diputados comenzaron disparando. No tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que iban a quedar de pena. Pero lo intentaron. Hicieron tres preguntas con las que no buscaban información, sino dar caña. Lo normal en la sesión de control. Como ejemplo, la pregunta de Ester Muñoz: “¿Cuánto tiempo van a seguir amparando la corrupción?”.

Cuando se llevaban veinte minutos de sesión, la dirección del PP decidió echar el freno y pedir la suspensión del pleno. La mayoría de gobierno lo aceptó para la sesión de control, pero no para el segundo pleno convocado para inmediatamente después, cuyo único punto del orden del día era aprobar la reforma de la elección del Consejo de Administración de RTVE. Alberto Núñez Feijóo vio que había caído en la trampa y reaccionó airado. Lo dejó muy claro en una comparecencia ante periodistas en la que no aceptó preguntas. Lógicamente, le habrían preguntado por qué aprovechó la sesión de control en su beneficio hasta que se percató de las consecuencias que tendría para su imagen.

La secuencia de acontecimientos fue reveladora. Cuca Gamarra se refirió al principio a la tragedia de València para terminar dando un giro circense hacia la cuestión prevista. Ante esta emergencia, las instituciones son muy importantes, dijo, y “de ahí la relevancia de esta pregunta”. Doble salto mortal y allá va la pregunta: “¿Qué institución asaltará mañana el Gobierno?”. María Jesús Montero le respondió que sería conveniente mostrar en estos momentos a los ciudadanos la unidad de los partidos políticos, en especial “de los que tenemos competencias de gobierno”.

Gamarra siguió apretando con lo que traía preparado de casa. “Hoy no es el día”, le respondió Montero. Se oyó al diputado del PP Rafael Hernando decir en voz alta: “¿Queréis cerrar el Congreso?”. Hernando se dedica en cada pleno a hacer comentarios, sobre todo cuando todos los demás están callados. Es un poco el aspirante a las intervenciones cómicas improvisadas. No se dio cuenta de que muy pronto su partido intentaría hacer precisamente eso.

Entre los escaños del PP, no se apreciaban las ganas de montar bronca de otros miércoles. Se vio más claro en la segunda pregunta. Jaime de Olano tenía como misión castigar el hígado de Yolanda Díaz a cuenta de lo que sabía sobre Errejón: “Si no se ha suspendido el pleno, la obligación de la oposición es controlar al Gobierno”. “Ustedes son los del caso Nevenka”, le dijo Díaz. En otras circunstancias, los escaños del PP se habrían encendido al escuchar esto. No esta vez. Sus dudas crecían.

Tercera pregunta con Ester Muñoz. “Hoy es el único día en que me gustaría no preguntar nada”, dijo. Afirmó que estaban a tiempo de suspender el pleno, pero de inmediato pasó al tema de Errejón con el fin de acusar a Díaz de encubrirlo. Lo mismo hizo en la réplica.

Cuando la vicepresidenta enarboló el tercer tomo de la sentencia de la Gürtel de la Audiencia Nacional –se lo había traído del despacho–, la sede de Génova rehabilitada con dinero negro y la imputación de la número tres de Díaz Ayuso, ya fue demasiado para el PP. Había que cortar eso. Lo de pegar, pero menos de lo habitual, no le estaba funcionando.

Su portavoz, Miguel Tellado, se levantó para pedir la suspensión del pleno “por respeto a las víctimas de la DANA”. Cuca Gamarra lo escuchaba con cara de estar asistiendo a un funeral. Francina Armengol convocó a la Mesa y recordó que nadie había solicitado cancelar la sesión antes de su comienzo. El PP también habría podido negarse a hacer las preguntas en el hemiciclo, con lo que la sesión de control no habría tenido sentido.

El pleno se había iniciado con un minuto de silencio por las víctimas de Valencia. Finalmente, la Mesa del Congreso canceló el resto de la sesión de control y después se suspendieron las comisiones previstas para el día. El PSOE mantuvo el segundo pleno destinado al debate y votación del decreto de renovación del Consejo de RTVE, una decisión polémica, pero condicionada por la interinidad, dicho de forma amable, en que se encuentra la cúpula de la empresa. El mandato de Concepción Cascajosa, elegida en marzo como presidenta, solo tenía una duración de seis meses, que se cumplieron a finales de septiembre.

La reforma pondría fin a esa situación de parálisis. Evidentemente, también se hace para que los partidos del Gobierno y sus aliados se aseguren la mayoría del Consejo durante seis años. La lista de sus futuros miembros que se conoció después revela la escandalosa presencia de varios candidatos sin experiencia televisiva o sin ninguna experiencia en la gestión de medios de comunicación.

Fue el motivo que utilizó el PP para retomar el estilo de la sesión de control que había quedado cortada antes de tiempo. Núñez Feijóo se mostró furioso con un discurso ante los periodistas que no pudieron hacer otra cosa que anotar su mensaje. Será que pensó que responder preguntas supondría una falta de respeto a las víctimas.

Afirmó que la decisión de llevar a cabo el debate sobre el decreto de RTVE era intolerable: “Esta actitud es despreciable”. “Hemos paralizado por completo la actividad política en España por menos víctimas que las que se han producido ahora”, dijo antes de volver a machacar al Gobierno diciendo que no hay “ningún ejemplo de bajeza moral como este”.

Si bien el PP tenía claro que era necesario cancelar cualquier tipo de actividad política en el Parlamento ese día, eso no contaba para la declaración de Feijóo de intención claramente política. Ni para hacer preguntas antes sobre el caso Errejón.

El líder del PP también anunció que pretendía visitar la Comunidad Valenciana cuanto antes para “estar con ellos (las autoridades de la región), estrechar sus manos y expresar mi solidaridad”. Cualquiera pensaría que en estos momentos la prioridad del Gobierno valenciano, presidido por Carlos Mazón, del PP, debería estar en salvar personas y atenuar los efectos de la catástrofe. No en recibir al presidente del partido.

Por la tarde, Feijóo consiguió la imagen que buscaba. A falta de Valencia, visitó por la tarde el puesto de mando avanzado en Letur, Albacete, acompañado del presidente del PP en Castilla-La Mancha, y se vio con el presidente de la región, Emiliano García-Page. La visita a Valencia queda para el jueves por la mañana y ahí podrá fotografiarse con Mazón, muy necesitado ahora del apoyo de su partido. Pedro Sánchez también estará el jueves en Valencia. La carrera por hacerse la foto existe en estos casos, como también la necesidad de todos, gobiernos y oposición, de mostrar su solidaridad en persona. Por lo que pueda valer.

Cuando se inició el pleno, ya se sabía que la cifra de muertes confirmadas era de cincuenta y que era inevitable que aumentara en las horas posteriores. A partir de una declaración de luto oficial, como la que el Gobierno aprobó poco antes de comer, la actividad en los parlamentos se suspende, como otras muchas. Nunca queda claro en qué favorece a las víctimas de una catástrofe que los diputados se vayan a su casa o a la sede del partido. Obviamente, en los ministerios y gobiernos autonómicos implicados todos los esfuerzos se dedican a conjurar los efectos de la catástrofe. Los parlamentarios no tienen ninguna tarea asignada en estas labores de emergencia.

Hay una comparación que resulta hiriente. Los diputados no podían hacer su trabajo, pero el día anterior nadie pensó en que muchos trabajadores deberían haber abandonado antes sus empresas o centros comerciales para no verse atrapados por el temporal. No les dejaron.

El PP temía que una sesión de control con la temperatura en lo más alto provocara que sus rivales sacaran a relucir las responsabilidades políticas del Gobierno de Mazón, por prematura que pudiera parecer en ese momento. Cinco días antes, los expertos de la AEMET ya estaban avisando de que se acercaba una DANA con el “potencial” de convertirse en una de las más peligrosas jamás vividas. “Es probable que en puntos de la Comunidad Valenciana y Murcia se superen los 150 mm de lluvia”, se dijo tres días antes. A las diez de la mañana del martes, la AEMET declaró que la situación era de alerta roja: “¡Mucha precaución! El peligro es extremo. No te acerques a cauces ni ramblas”.

La previsión exacta de estos fenómenos extremos tan localizados es muy difícil de hacer, pero los expertos estaban recomendando tomar medidas preventivas y no confiarse.

En una comparecencia que ahora lamentará, Mazón hizo unas declaraciones el martes a las 13.00 horas anunciando que lo peor había pasado y que a las seis de la tarde el temporal habría reducido su intensidad en la región valenciana.

A las 20.12 del martes, la alerta de la Generalitat valenciana llegó automáticamente a todos los móviles de la provincia de Valencia. Ya era demasiado tarde y centenares de personas estaban atrapadas en circunstancias graves o dramáticas. “Tuve que abrir la ventanilla (del coche) para sacar la cabeza porque el agua me llegaba casi al pecho. Me puse el móvil sujeto arriba para poder comunicarme. A las ocho y pico, cuando estaba una hora con el agua al cuello y tragando fango, me suena la alerta de Protección Civil”, contó a este diario una de las personas que sufrió los efectos de la riada.

Para terminar de cerrar el día, Mazón dijo en Twitter a las 23.00 que el teléfono de emergencias 112 “no está colapsado” cuando a esa hora miles de personas intentaban llamar a ese número sin recibir respuesta y sin que funcionaran métodos alternativos de comunicación.

Además de poner un crespón negro en su cuenta de Twitter, es de esperar que alguien asuma la responsabilidad por estos errores y por la falta de previsión ante la llegada de un temporal extremo, a pesar de que era imposible conocer con total seguridad el alcance de lo que estaba por venir. Habrá que confiar en que no haya nadie que considere que esa asunción de responsabilidades políticas es una falta de respeto a las víctimas.

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