El PP ha presentado ya la iniciativa parlamentaria que había anunciado para abordar reformas legales que permitan acabar con el anonimato en internet, de manera que se evite la comisión de delitos amparándose en esta condición y la impunidad que facilita el uso de las redes sociales con fines maliciosos.
Se trata de una proposición no de ley presentada hoy en rueda de prensa por el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, en la cual se plantean diversas medidas, entre las que destaca la creación de protocolos de colaboración con las empresas proveedoras de servicios de internet para perseguir prácticas delictivas en la red.
Hernando ha subrayado que se trata de evitar el “anonimato total y absoluto” que sirve a algunas personas para cometer delitos como el ciberacoso, la pederastia, las injurias, las calumnias o el acoso a mujeres por parte de parejas o su exparejas.
Ha precisado que no se trata de prohibir el uso de alias o seudónimos, sino de que se identifique a la persona que está detrás de cada cuenta de una red social o de un servicio de internet para impedir la “inmunidad” en la comisión de algunos delitos.
El portavoz del PP ha invocado el precedente de la contratación de teléfonos móviles, que hasta hace algunos años se podían conseguir libremente, sin necesidad de aportar los datos personales de quien contrataba una línea de prepago, algo que ahora no puede hacerse porque es obligatorio identificar al usuario.
En su exposición de motivos, la proposición constata que en España “muchas personas han sufrido acoso en la red” o sus cuentas “han sido suplantadas por terceros con intenciones maliciosas”, y apunta que aunque el uso de seudónimos en perfiles de las redes sociales es práctica común no siempre delictiva sí “puede ser una fuente originaria de inseguridad jurídica”.
También hace hincapié en que es precisa una estrategia integral que incluya “la exigencia de la total colaboración de las empresas proveedoras de infraestructuras y de servicios de internet”, cuando la Justicia o las Fuerzas de Seguridad investigan un delito.
El documento, que el PP quiere negociar con las demás fuerzas parlamentarias, propone que el Congreso inste al Gobierno a adoptar medidas para determinar los mecanismos que permitan “proteger la identidad digital del usuario” contra el uso fraudulento de sus datos personales para acabar con la suplantación de identidad.
Igualmente plantea abordar “un plan integral de seguridad y buenas prácticas en internet” que incluya la formación de usuarios para evitar las “consecuencias negativas” de esa suplantación, así como el acoso en la red y otras amenazas.
En un tercer punto insta a “acabar definitivamente con la impunidad del anonimato en internet, en caso de un posible delito, y modificar las leyes para restringir y limitar el acceso a la red a todos aquellos que las incumplan”.
Añade otro apartado para crear “protocolos de colaboración eficaces” de los proveedores de servicios de internet con jueces y fiscales y Fuerzas de Seguridad, así como medidas para que estas empresas requieran la identificación de los usuarios “mediante su identidad administrativa real”.
El último punto de la iniciativa concluye que el propósito será “perseguir las acciones delictivas que se realizan en internet con la misma eficacia y agilidad que fuera de la red”.