Madrid, 4 feb (EFE).- El PP se ha quedado solo y no ha obtenido ni si quiera el apoyo de Vox para tratar de mantener la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, abocada a una reforma impulsada por el PNV, que se frustró hace casi tres años y que el Congreso volverá definitivamente a activar tras el rechazo de la enmienda a la totalidad de los populares.
Un veto que ha recibido reproches de todos los diputados al tildar la iniciativa de “chapuza”, “maniobra” para tratar de obstaculizar la tramitación parlamentaria e, incluso, “enmienda fraudulenta” y “desprecio” para el Congreso, en palabras del diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago.
Hasta desde las filas de Vox han afeado el texto presentado por el PP. “Estamos de acuerdo con la actual ley, pero es que ustedes se han limitado a presentar un 'copy paste'”, ha dicho José Alcaraz, antes de compartir con otras formaciones sus reproches motivados porque el texto no incluye el respaldo del Tribunal Constitucional a la norma o el actual organigrama ministerial.
“Esta ley era y es necesaria y por eso el Gobierno la ha mantenido (...), ”no hay que derogarla ni en fondo ni en espíritu, porque cuenta con el apoyo de quienes la utilizan“, ha destacado la diputada del PP María Teresa Jiménez-Becerril en la defensa de la enmienda a la totalidad de la propuesta del PNV, que en septiembre fue apoyada por la mayoría de grupos, excepto por los populares y Vox.
Han sido pocas las alusiones del PP a su propia enmienda, ya que Jiménez-Becerril ha dedicado la mayor parte de su intervención, unos 20 minutos, a denunciar la connivencia del PNV y Bildu con ETA, a criticar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, “por despojarse de su armadura de dignidad” con el acercamiento de etarras o la “hipocresía” del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, “que debe estar emocionado de que su casa esté bien custodiada”.
“No tienen autoridad para hablar de seguridad y libertad cuando apoyaron la socialización del terror”, les ha dicho a PNV y Bildu, a los que ha pedido que condenen de una vez por todas a ETA, que asesinó a su hermano y su cuñada.
Para el diputado de Bildu Jon Iñarritu, “un terrible drama para hablar de ETA, que ya está disuelta, en lugar de de la ley mordaza”, una norma, ha sostenido, que “más ha aunado a la oposición en su contra”, en tanto que el portavoz del PNV Mikel Legarda se ha limitado a responder que prefería no entrar “en disputa con el dolor de la portavoz”.
Fuera de estas referencias, el debate de los grupos se ha centrado en la modificación de actual Ley de Seguridad Ciudadana. Legarda ha advertido de que la enmienda del PP, de aprobarse, tampoco congelaría la tramitación de su reforma y ha animado a los grupos a poner en marcha de nuevo los trabajos en ponencia.
El PSOE ha reiterado sus críticas a la norma aprobada en 2015 con el único respaldo del PP, que siempre impulsa leyes cuando gobierna “para poner palos en la rueda en los derechos de los ciudadanos”, y ha lamentado la chapuza del texto presentado, “que no tiene por dónde agarrarse”.
“Cinco veces hemos hablado de la Ley de Seguridad Ciudadana; no hay quinto malo, pues este es malísimo”, ha ironizado el disputado socialista David Serrada.
Menos indulgente ha sido el diputado de Podemos Enrique Santiago, que ha acusado al PP de “hacer perder el tiempo” al Congreso con este debate en vez de iniciar definitivamente la reforma de la ley para “acabar con el recorte de libertades públicas que implantó el PP para dificultar el derecho de la protesta contra los recortes sociales y el empobrecimiento”.
Y Ciudadanos tampoco ha ahorrado críticas al PSOE, porque no han presentado iniciativas para avanzar en la reforma de la ley, y ha opinado que, de haberse derogado y vuelto a la ley de 1992, la ley Corcuera o la de la patada en la puerta, como los socialistas pidieron hace más de tres años, el Ministerio el Interior hubiera tenido problemas normativos para aplicar las restricciones del estado de alarma.