PP y nacionalistas aprueban la Ley de Transparencia, que cosecha el rechazo de PSOE, IU-ICV, UPyD y la mayoría del Mixto

La ley, que el Gobierno remitió al Congreso en septiembre de 2012, se envía al Senado un año después y se espera que esté definitivamente aprobada antes de enero. Aunque los artículos relativos al buen gobierno entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los capítulos sobre la transparencia de las administraciones públicas y determinadas instituciones y entidades privadas tardará un año más en estar vigente.

Esos doce meses de carencia se han fijado para que todos los que tienen que someterse a la norma puedan reunir y preparar para su publicación todas la información que habrán de hacer pública y para poder poner en marcha el denominado Portal de la Transparencia que creará la Administración General del Estado.

La votación que ha tenido lugar en el Pleno ha sido muy similar a la que se registró el pasado 31 de julio cuando la ley de aprobó en la Comisión Constitucional. Eso sí, en esta ocasión el PSOE ha podido votar en contra, haciendo así el efectivo el voto negativo que no pudo emitir en la comisión ya que, por un error, contaba con que habría una votación final sobre el conjunto del dictamen que, conforme al Reglamento no se produjo.

El ponente del PSOE, José Enrique Serrano, ha justificado su rechazo, además de por parte del contenido, por el empeño del PP en vetar las peticiones de la oposición para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dé cuenta en la Cámara del 'caso Bárcenas', una posición que Esteban González Pons, del Grupo Popular, ha achacado a la “frustración” de algún miembro de la bancada socialista y a la “incapacidad parlamentaria” del primer partido de la oposición.

El PP, CiU y Coalición Canaria han coincidido en que la norma servirá para evitar casos de corrupción. “Es una ley histórica”, ha proclamado el ponente 'popular'. Por contra las minorías la han tildado de “paripé” y han recalcado que nace “coja” e incluso “muerta”.

En la sesión de este jueves, los socialistas se han abstenido en todas las enmiendas de los demás grupos y han dejado patente su rechazo a la ley en la votación del dictamen. Aunque los nacionalistas no han apoyado algunos artículos por considerar que afecta a las competencias autonómicas, sí han dado el placet a la mayor parte de la norma.

Durante éste trámite en el Pleno no se ha aprobado ninguna enmienda, aunque, según ha destacado en su intervención el ponente del PP en total se han incorporado 90 enmiendas al texto, 32 de las cuales lo fueron en la Comisión Constitucional.

En ponencia, se acordó, como pedían CiU y PNV, dejar claro que la competencia para instruir y sancionar a un alto cargo de la administración local y autonómica debe ser de la correspondiente administración y en ningún caso a la Administración General del Estado o al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, como preveía inicialmente el Gobierno.

Una vez que la ley entre en vigor se podrá destituir a los cargos políticos por la comisión de algunas de las infracciones tipificadas como graves o muy graves, pero no se les podrá inhabilitar para ocupar determinados cargos durante un periodo de entre 5 y 10 años como se planteaba en el proyecto del Gobierno.

Es decir, se podrá destituir, por ejemplo, a un concejal de ocupar la cartera de urbanismo, pero no se le podrá inhabilitar para volver a aspirar a un cargo de carácter electivo ni despojarle de él. Los cargos a los que se apliquen estas sanciones puedan recurrir por la vía contencioso-administrativa para evitar posibles caso de “discrecionalidad” en la aplicación de la ley.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA

La regulación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que velará por el cumplimiento de la norma y estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se han incluido en un título específico. Este consejo tendrá “personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar” y actuará “con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines”.

Estará compuesto por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno de la que, a su ver formarán parte su presidente, un diputado, un senador y un representante del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Española de Protección de Datos, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

El presidente del Consejo y por ende también de la Comisión será nombrado por un período no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, “entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional”.

MÁS DEL 50% DE FONDOS PÚBLICOS

Pero antes de ser nombrado deberá comparecer en el Congreso de los Diputados para que los grupos evalúen su idoneidad para el cargo. “El Congreso, a través de la Comisión competente, y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural desde la recepción de la correspondiente comunicación”, reza la enmienda del PP.

Durante el trabajo en ponencia también se amplió el ámbito de aplicación de la ley, a la que estarán sometidos, entre otros la Casa del Rey, el Banco de España, los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales y las mutuas laborales. También se vean afectadas por la norma las entidades privadas cuya financiación esté compuesta en un 50 por ciento por fondos públicos --como la Iglesia-- así como todas aquellas que reciban más de 100.000 euros al año en ayudas o subvenciones.

Asimismo se aprobó que toda la información que se haga pública en aplicación de esta ley se ofrezca “preferiblemente en formatos reutilizables”. La mayoría de los grupos de la oposición quería se utilizase el 'software libre' o código abierto, pero el Gobierno no atendió esta petición.

LIMITES DESMESURADOS, POSIBLE ARBITRARIEDAD

La mayoría de la oposición también sigue considerando “desmesurados” los límites que se ponen al acceso a la información. Además de restringir el acceso a la información por suponer un perjuicio para la seguridad y la defensa nacional, la prevención de delitos o el secreto profesional, la norma también fija como límites “los intereses económicos o comerciales, la política económica y monetaria, la protección del medio ambiente o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”.

También ha recibido críticas la negativa del Gobierno a crear un registro de grupos de influencia o 'lobbies' un asunto que el gobierno quiere regular únicamente en el ámbito parlamentario a través de la reforma del Reglamento de Congreso.

Otro de los puntos que más ampollas ha levantado es el relativo al silencio administrativo negativo. De hecho, todas las minorías han criticado que la administración concernida no esté obligada a contestar a un requerimiento de información y, al no hacerlo, el solicitante deba entender que su solicitud como rechazada.

Respecto al buen gobierno, CiU y PNV mantienen ciertas reservas. El PNV, por ejemplo, sigue defendiendo que se respete el régimen especial de los Territorios Históricos del País Vasco y que los compromisos que en materia de estabilidad presupuestaria se acuerden en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico y no el Consejo de Política Fiscal y Financiera.