PP y Ciudadanos inician una batalla por los votos de las familias de la educación concertada
En España, más de uno cada cuatro alumnos y alumnas estudian en un colegio concertado. Con la cercanía de las citas electorales, PP y Ciudadanos han puesto en marcha su maquinaria para fidelizar ese granero de votos. Y para eso están echando mano del altavoz del Congreso de los Diputados. Ambos partidos van a llevar al último pleno de la legislatura dos iniciativas que defienden blindar la financiación de este modelo educativo, pese a que no tendrán ningún recorrido porque no son iniciativas legislativas. Servirán únicamente para fijar sus prioridades y que el resto de partidos se posicionen.
PP y Ciudadanos pretenden hacer pivotar sus campañas sobre la educación concertada, especialmente las de las autonómicas, porque las comunidades son las competentes para dar conciertos educativos. La idea que explotan para defender una alternativa al sistema público, con algo más de discreción y menos recurrencia en el caso de Ciudadanos, es la misma: la “libertad de elección” de las familias.
La primera propuesta que abordará este martes la Cámara Baja será la proposición no de ley (PNL) del partido de Albert Rivera que apenas a una semana de que el Gobierno se quede en funciones por la convocatoria de las elecciones generales insta al Ejecutivo a “convocar la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible para revisar la cuantía de los módulos de concierto”, es decir, el dinero que da el Estado a cada centro por cada niño o niña matriculado.
El objetivo de Ciudadanos, cuyo líder ha definido la educación concertada como un “servicio público”, es que se equipare “la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos de forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados”.
Otra de las exigencias de los de Rivera de los últimos meses que también se ha incorporado a la PNL que se debate en el Congreso es que se mantengan las deducciones para las familias que realicen donaciones a los centros concertados, después de que a finales del año pasado se hiciera público que el Ministerio de Hacienda estaba rechazando esos beneficios fiscales y exigiera la devolución de las deducciones al entender que en los donativos hay una contraprestación y no un simple donativo.
Ciudadanos acusó entonces al Gobierno de iniciar una campaña contra esas familias. “Nos parece mal utilizar los impuestos como algo ideológico, gravar aquello que al Gobierno no le gusta”, afirmó en el Congreso el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. En el texto que se debate este martes, Ciudadanos exige “garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios de criterios interpretativos de la normativa fiscal, en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a colegios concertados, que puedan suponer una subida de impuestos a las familias y un aumento del coste de la educación concertada”.
La propuesta del PP, una moción como consecuencia de la interpelación que el grupo realizó a la ministra de Educación, Isabel Celáa, en el pleno de la pasada semana, defenderá “que el Gobierno explique si la reforma educativa va a garantizar el derecho a una educación de calidad y a la libertad de enseñanza”.
Se trata de una iniciativa genérica que no se centra únicamente en reivindicar la escuela concertada, aunque es previsible que los populares la empleen para marcar en sede parlamentaria su postura favorable a ese modelo de enseñanza, como han hecho los principales dirigentes del PP en los últimos meses. Con especial fuerza a raíz de unas declaraciones, después matizadas de Celáa que anunciaban la intención del Gobierno de eliminar el artículo de la Lomce que condiciona la existencia de aulas concertadas a la “demanda social”. Esta reforma educativa, sobre la que pivota la moción del PP, muere con el adelanto electoral: el proyecto de ley se envió al Congreso hace 10 días pero requería de tres o cuatro meses para su tramitación.
“Es una anomalía que entre en el debate ideológico”
Que la educación concertada entre en el debate ideológico es una “anomalía” española. Marga León, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que esto no pasa en otros países de nuestro entorno. “Aquí sí porque el sistema público y universal no está consolidado”, dice en conversación con eldiario.es. Para León, “al PP le conviene mucho agarrar esa bandera sobre hechos consumados porque el modelo ya está muy consolidado y la izquierda no ha sabido rebatir ese discurso que apela a la libertad de elección”. La defensa de la concertada en relación a la libertad “conecta” muy bien también, añade, con la ideología liberal de Ciudadanos, aunque insiste en que hay votantes fuera del espectro de la derecha que ven con buenos ojos el modelo porque “está muy integrado”.
Cuando a Casado se le menciona la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por la educación pública el líder del PP plantea una pregunta: “¿Es que la concertada no lo es?”. Para el presidente popular el mantenimiento la educación concertada “es una línea roja” no negociable. Su propuesta para la educación se basa en seis puntos que desgranó el fin de semana en una entrevista en El Español: “MIR educativo a nivel nacional, el español no solo como lengua vehicular sino común en las materias importantes, la libertad de elección de los padres sobre el centro y de los centros sobre ciertas materias que quieran reforzar, evaluación pública de conocimientos, FP dual e inspección”.
Para el doctor en Sociología José Pablo Ferrándiz, investigador de Metroscopia, el tema educativo “siempre entra en campaña pero no es determinante en el voto”. Según el análisis sociológico que se desprende de las encuestas con las que trabaja, “el votante de Ciudadanos estaría más preocupado por el modelo de educación por una cuestión de edad”. “Son de mediana edad y pueden tener hijos o hijas en etapa escolar”, apunta.
Ferrándiz sitúa en los primeros años de Esperanza Aguirre en Madrid el mayor impulso al discurso de la “libertad”, un argumentario histórico al que, sin embargo, ve algunas fallas. “Se ha enmarcado siempre en la libertad pero un padre o madre de la pública tampoco puede elegir el colegio del sistema público que quiere para sus hijos porque, con el área única –puesta en marcha también por Aguirre–, no hay plazas para el que tú deseas en todos los casos”.
Madrid, epicentro de la batalla
En Madrid esta batalla por los votos de la concertada adquiere especial relevancia. La región es la tercera comunidad que más gasto educativo dedica a este modelo (uno de cada cinco euros) y tiene un porcentaje mayor de alumnos que la media española, un 30% frente al 25%. La propuesta de la candidata del PP a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es responder sin limitaciones a la demanda de las familias, adelantó en una entrevista en Telemadrid. “La concertada tiene que crecer lo que los padres quieran. Ellos son los contribuyentes. Nosotros no tenemos más que obedecer”, afirmó.
En la región, además, el impulso a la concertada trasciende las promesas electorales y alcanza las políticas reales. La salida de Cristina Cifuentes puso punto final a la estrategia de contención y dejó camino libre al PP para recuperar la defensa sin complejos de un modelo que la expresidenta quiso poner en cuarentena. Al menos en lo aparente: prometió no abrir colegios nuevos aunque año tras año abría nuevas aulas en los que ya existen. Sin embargo, el presupuesto entre 2014 y 2018 creció un 9%. De 943 millones de euros a 1.028 este último curso, con 109 clases nuevas.
En los últimos meses, el Gobierno de Ángel Garrido ha agitado con fuerza la bandera de la concertada como una garantía para mantener votantes. El pasado mes de diciembre el Ejecutivo del PP rompió con la tónica de Cifuentes y pidió suelo público al Ayuntamiento de Madrid para construir, a cinco meses de las elecciones, dos colegios concertados en el Ensanche de Vallecas y Valdebebas atendiendo a la “demanda” de las familias. El consistorio dirigido por Manuela Carmena ha rechazado por carta esta semana concederlo. Antes de mayo el presidente ha prometido también aprobar un decreto exclusivamente para estos colegios que abre la puerta a concertar también el Bachillerato, una etapa no obligatoria.
Además, gobierne quien gobierne a partir de mayo, el Ejecutivo del PP ya ha dejado regulado el cheque bachillerato, unas ayudas por valor de 45 millones de euros para financiar estos estudios al alumnado más pobre. El consejero de Educación detalló las condiciones de acceso, publicadas la semana pasada, como una “oportunidad” para que las familias con menos recursos pudieran “elegir” la educación que quisieran para sus hijos e hijas.
Ciudadanos tampoco quiere quedarse atrás ante la avalancha de propuestas de los conservadores y ha llevado a la Asamblea de Madrid una ampliación de los conciertos a la etapa de cero a tres años para garantizar la universalidad de esta enseñanza y para garantizar a las familias que también en esta etapa pueden “elegir”. La batalla ideológica está servida.
