El Gobierno asegura que “no tiene nada que ocultar” y que actúa con “toda transparencia” ante el escándalo del espionaje, pero quedan prácticamente todas las preguntas por responder. La ministra de Defensa, Margarita Robles, trató de desvincular incluso la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, de la vigilancia a líderes independentistas –que llegó a justificar– y de la infección de los teléfonos de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska y el suyo. “No ha pasado nada”, ha dicho respecto a su cambio de posición dado que hace menos de una semana había respaldado a la persona que este martes ha destituido. Robles enmarcó el relevo en el CNI en la intención de dar un “impulso técnico” a los servicios de inteligencia. Moncloa tiene aún muchas incógnitas por resolver.
¿Cuáles han sido las conclusiones del “control interno” del CNI que anunció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en su viaje a Barcelona y del que habló este mismo martes en el Senado?
Al resultado de esas pesquisas habían vinculado las decisiones a tomar en el marco de los servicios secretos, pero más allá de un leve reconocimiento de que hubo “errores”, el Gobierno no ha dado ninguna información sobre las conclusiones de esos trabajos internos. Tampoco se sabe nada de la “investigación de oficio” que iba a empezar el Defensor del Pueblo sobre el espionaje.
¿Qué razones están detrás de la destitución de la directora del CNI? ¿Los fallos de seguridad que permitieron que el teléfono del presidente y dos ministros fueran infectados con Pegasus o el espionaje a los líderes independentistas del que Moncloa se desmarca?
Más allá de reconocer “errores”, la ministra de Defensa ha tratado de desvincular la destitución de la directora del CNI de esos escándalos. Además, ha reconocido que siempre se pueden producir fallos de seguridad (que sirve de argumento para el primer caso) y ha justificado la vigilancia a los líderes independentistas: “Las autorizaciones judiciales estaban absolutamente motivadas”.
¿Se ha detectado qué falló para que se tardara un año en conocer el espionaje al presidente y los ministros de Defensa e Interior, a pesar de que ya había informaciones sobre otros primeros ministros afectados?
Esa es una de las claves que permitirían al Gobierno justificar la destitución de Paz Esteban, dado que sostiene que el espionaje a las personas vinculadas al independentismo se produjo siempre en el marco de la legalidad.
¿Respalda el presidente, como ha hecho la ministra de Defensa, que el CNI espiara a Pere Aragonès?
Nada más revelarse a través de la comisión de gastos reservados que Aragonès fue uno de los espiados por el CNI, Moncloa se desvinculó de esa decisión. Pero el caso mantiene incógnitas: ¿Quién dio la orden que hoy Robles ha avalado? ¿Cuándo supo Margarita Robles que se había intervenido el teléfono de Aragonès? ¿Lo avaló en su momento? La ministra ha dicho que las resoluciones judiciales están “motivadas”. ¿Cuál fue la motivación para vigilar al vicepresidente de la Generalitat cuando estaba negociando la investidura de Sánchez?
¿Se van a desclasificar los documentos del espionaje o se van a publicar?
El Gobierno se ha mostrado dispuesto a desclasificar la información sobre el espionaje, pero públicamente lo que ha dicho es que lo hará si lo solicita un juez. Los socios de la coalición reclaman que los ciudadanos conozcan las resoluciones judiciales que justifican las intervenciones, pero la ministra de Defensa ha apuntado exclusivamente a la primera opción.
¿Hay elementos descontrolados en el CNI?
La directora del CNI solo reconoció el espionaje legal a 18 personas vinculadas al independentismo. ¿Quién fue responsable del espionaje al resto de personas infectadas por Pegasus que reveló Citizen Lab? La primera duda que surge es si solo el CNI dispone del software Pegasus. Pero el origen de esas intervenciones es una de las incógnitas que Moncloa deja en manos de los tribunales. Sin embargo, la comparecencia de Esteban en el Congreso hizo pensar a los aliados parlamentarios que solo había dos opciones: un país extranjero o elementos que actúan al margen de la dirección de las fuerzas de seguridad. Unidas Podemos también ha apuntado en esa dirección.
¿Se va a analizar el teléfono de los exministros?
El dispositivo de la exministra de Exteriores Arancha González Laya fue ‘hackeado’ el pasado año coincidiendo con la fecha en que se ha sabido ahora que se infectaron los de Sánchez, Robles, Grande-Marlaska y se intentó el de Luis Planas. En principio el Gobierno ofreció los servicios del Centro Criptológico Nacional a todas las administraciones públicas y aseguró que se analizaría al anterior gabinete, pero nada se sabe de los exministros. El caso de la exjefa de la diplomacia sería una clave importante de cara a la investigación.
¿Le va a pedir explicaciones el Gobierno a Marruecos?
Todos los indicios apuntan a que el espionaje a Sánchez y los ministros procede de Marruecos, país con el que España atravesaba una grave crisis en el momento en el que se produjeron los ataques. Marruecos estaba detrás del espionaje al presidente francés, Emmanuel Macron, que se conoció en julio de 2021. El Gobierno evita señalar al reino alauí ahora que se han reconducido las relaciones entre ambos países.