El presidente y los progresistas del Poder Judicial acusan a los conservadores de apartarse del “criterio” habitual en su examen al fiscal general

Roser Bach, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones a propuesta del PSOE, ha firmado un voto particular en el cuestiona la decisión de la mayoría conservadora de apartarse del “criterio” habitual en su examen al fiscal general. El escrito, al que se suma el presidente, el conservador Vicente Guilarte, y otros cuatro vocales progresistas (Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda), considera que el CGPJ “debía haber mantenido coherencia con lo actuado por el pleno sobre dicha cuestión a lo largo del mandato”. 

Esto es, limitarse a evaluar si el candidato propuesto por el Gobierno cumple con los requisitos que marca la ley: ser un jurista español de reconocido prestigio y tener más de 15 años de ejercicio profesional. En ese caso, sostienen que el pleno debería haber acordado que Álvaro García Ortiz “reúne los méritos y requisitos exigidos para ser nombrado”. 

En contraposición, la mayoría conservadora sacó a colación jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar que el cometido del CGPJ no es sólo examinar los citados criterios de legalidad, sino también las “razones de oportunidad” de la propuesta de nombramiento. Y, en consecuencia, impuso un duro pronunciamiento contra García Ortiz. 

El texto aprobado por ocho votos a siete le achaca una “deficiente gestión” de la Fiscalía General del Estado al tiempo que critica la “falta de transparencia y coherencia” en sus nombramientos o le atribuye una supuesta “sintonía” con los “promotores” de “campaña de desprestigio” a los miembros de la carrera judicial en relación al ‘lawfare’ o judicialización de la política. La emisión de este informe es un trámite preceptivo aunque no vinculante para el Gobierno. 

Los firmantes del voto particular señalan que el Pleno de este CGPJ —caducado hace cinco años— ha informado en seis ocasiones sobre propuestas realizadas por el Consejo de Ministros para el nombramiento de Fiscal General del Estado. “En todas estas ocasiones se ha sostenido por el Pleno un criterio constante de enjuiciamiento limitado de la idoneidad de las personas candidatas propuestas (...), acotando el examen al cumplimiento de los requisitos y méritos legalmente establecidos”, dice el escrito. 

Y añade que, prueba de ello es que en el Pleno de 27 de octubre de 2016 en el debate sobre el nombramiento de Manuel Maza Martín se abordó el alcance del informe sobre la idoneidad del candidato y “fue desestimada la posición de los vocales que propugnaban un examen amplio sobre la trayectoria profesional y méritos de la persona propuesta” y un grupo de vocales emitió un voto particular sosteniendo su postura.