El voto de los 60.000 presos en España: un 95% de abstención y pocos incentivos para participar
En España hay cerca de 59.000 personas en prisión. La gran mayoría puede votar (antes no votaban si su condena lo prohibía explícitamente), aunque muy pocos lo hacen. En las generales de 2011, Instituciones Penitenciarias contó 3.681 papeletas (en torno al 6% de los penados) y unas 2.225 (un 3,5%) para las municipales y autonómicas, según publicó entonces la agencia Servimedia, lo que da una cifra algo menor del 5% de participación. Pero desde entonces, la administración penitenciaria no ofrece más datos. Distintas asociaciones señalan que hay poco interés en promover que este colectivo haga efectivo su derecho al sufragio activo, es decir, votar. Desde 1995, por una reforma del Código Penal, no les puede ser restringido ese derecho, como sí ocurre con el sufragio pasivo, es decir, presentarse a las elecciones. Los presos votan por correo.
La dirección general de política interior recoge en su procedimiento que “en todos los centros penitenciarios se expondrá ante la población interna las normas electorales que regulan el voto por correo y se organizarán sesiones informativas de explicación y aclaración a los internos del procedimiento de votación”. Un procedimiento que se cumple, pero a diferentes niveles en función de cada centro. “Según el módulo que tenga cada uno se harán reuniones o habrá quien ponga carteles”, indican a esta redacción fuentes penitenciarias, ya que cada dirección tiene autonomía. Estas mismas fuentes hacen hincapié en que “se garantiza que todos puedan ejercer su derecho al voto”.
“Tienen que solicitar el voto al trabajador social o al funcionario pero, por lo que me han dicho, tampoco reciben información al respecto, por lo que no lo piden mucho. En general hay bastante desinterés, porque como no se pone la urna en prisión, sino que hay que seguir todo este proceso burocrático, ni lo piden”, explica la abogada e investigadora de la UNED Laura Delgado, que ha gestionado diferentes proyectos sociales con población reclusa.
La falta de comunicación e información que mencionan las asociaciones no impide que quien quiera votar pueda hacerlo, pero no incentiva a los indecisos o a quienes no están al tanto de la vida política. “He estado en casi todas las cárceles de Madrid y en Salamanca, y esas charlas no las he visto en ninguna. Si hubiera visto alguna, a lo mejor me hubiese llamado más la atención o me hubiese dado por pensar, 'voy a votar'. Me hubiera incentivado”, explica Ángel, que estuvo en prisión de 2004 a 2010 y luego varios años más de forma intermitente, que coincidieron con las elecciones generales de 2011, 2015 y 2016.
Alfonso (nombre ficticio) cumplió condena en Castellón II, en régimen FIES 4. Se trata de internos que han formado parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas o del sistema penitenciario. “En nuestro módulo el nivel de educación era bastante alto”, dice para explicar que ellos votaban más que el resto de reclusos: “Yo he estado en varias prisiones donde la población oscila entre 1.000 y 1.300 y la relación de gente que iba a votar no llegaba a 100”. Eso sí, “a la hora de pedir el voto no hemos tenido ningún problema” pero “si uno tiene interés, es el que tiene que ir y hablar con la trabajadora social, preguntarle”. Coincide con Instituciones Penitenciarias: “Los presos tienen información y a quien tiene interés y necesita ayuda, se le ayuda”.
“Ningún elemento que incentive a votar”
El coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Valentín Aguilar, considera que “no ha habido ningún elemento que incentive a votar a las personas en exclusión, y las personas en prisión son un ejemplo”. “La mayoría de la gente no tiene interés pero, siendo la excepción, hay a quien, por falta de información, se le ha pasado o no tiene documentación”, por lo que considera que “el procedimiento no es garantista”, ya que “tienes que tener gran deseo de votar, no te lo facilitan”. En 2015, tras las elecciones autonómicas andaluzas, el defensor del pueblo de esa provincia emitió una queja ante la Consejería de Justicia e Interior en la que denunciaba que solo habían votado el 6% de los presos, instaba a explicar las medidas de colaboración o comprobación de las actividades informativas en el seno de los centros penitenciarios y denunciaba haber tenido “la oportunidad de conocer diversos casos, tramitados en las correspondientes quejas, de personas internas en prisión que, por diferentes circunstancias, no pudieron ejercer su derecho”. En concreto, por “problemas debidos a una mejorable previsión y anticipación de gestiones que están formalmente previstas”.
La Consejería respondió entonces que “las personas potencialmente electoras han podido ejercitar su derecho conforme a la legislación vigente”. Contabilizaron 1.029 votos. Pero la queja de los problemas a la hora de votar es recurrente también en otras comunidades. “Siempre me ha llegado bien, pero conozco casos de compañeros que no han podido votar porque no venían en la lista de correos o porque cuando llegó el voto venía el nombre mal y no pudo”, explica Chema, un expresidiario del penal de Estremera entre 2012 y 2018. Ángel hace referencia a su antiguo compañero de celda: “Los papeles no le llegaban o le llegaban fuera de plazo”. Delgado señala otra problemática: “Un preso de Estremera, por ejemplo, lo normal es que esté empadronado en Estremera y puede pedir que el censo de Estremera se lo mande a prisión, pero muchos presos no están empadronados en prisión, por lo que las administraciones a veces tienen problemas. Si es trasladado, también puede tener problemas para votar, porque el sobre con los votos lo va a recibir en Estremera”.
“Lo que nos comentan (los presos) es que, por parte de la administración, no se hace ningún esfuerzo activo por promover que la gente se interese por el tema. En los módulos hay una corchera y lo colocan ahí (la información institucional), igual que se cuelga todo lo demás”, explica la abogada y coordinadora de Salakheta Nafarroa Libertad Francés, una asociación que defiende los derechos de la población reclusa.
Un funcionario de prisiones, sindicalista de Comisiones Obreras, consultado por este diario explica que “no hay ninguna actividad de carácter genérico, por lo menos en las prisiones que yo conozco. Hay una información genérica, de carácter institucional, donde vienen los plazos, que se cuelga en el tablón” y “trabajadores sociales o educadores que facilitan esa información a cualquiera que manifieste un interés en el tema” pero “no hay, digamos, una predisposición por que se vote”. Un interno de una prisión madrileña afirmaba que en su prisión aún no se había puesto ningún anuncio diez días después de iniciarse el plazo para solicitar el voto por correo. “Un chico que estuvo en varias prisiones sí nos ha contado que, en 2015, en León, les hicieron una reunión explicativa, pero que, de todas, esta fue la única cárcel y la única vez”, recuerda Francés.
“Un mayor esfuerzo”
En la última campaña autonómica en Andalucía, a finales de 2018, “por la información que hemos tenido o cuando he estado en prisiones, sí que ha habido un mayor esfuerzo por parte de Instituciones Penitenciarias por hacer estas comunicaciones, pero históricamente jamás se había hecho. Quizás colgar un cartel, pero nada más”, señala Aguilar. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General solo contempla que “los poderes públicos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pueden realizar durante el período electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámites del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores. Esta publicidad institucional se realizará en espacios gratuitos de los medios de comunicación social de titularidad pública del ámbito territorial correspondiente al proceso electoral”. No hace referencia a más actividades que organismos públicos puedan llevar a cabo para incentivar el voto, por lo que la promoción del sufragio en prisión queda en manos de los partidos políticos. Para la campaña del 2D, Adelante Andalucía realizó el primer mitin político en una cárcel española, en el centro penitenciario de Sevilla I.
“Más allá del populismo punitivo de endurecer las leyes, a día de hoy, la mayoría de programas electorales no suelen contemplar ningún tipo de medidas para ellos, ni positivas ni negativas”, explica Aguilar sobre las propuestas de los diferentes formaciones políticas. De hecho, la prisión permanente revisable es el único debate en torno a las prisiones que los partidos sitúan en la agenda. “¿Qué beneficios va a tener un interno en base a votar o no votar si no se va a ver influenciado por lo que salga? Si solo hablan de prisión permanente revisable, ¿quién va a tener interés en votar?”, se pregunta Alfonso.
