Primera declaración ante la Justicia de un miembro de la familia real española
La hija menor del rey de España, Cristina de Borbón, se convertirá hoy en el primer miembro de la familia real española que tiene que rendir cuentas ante la Justicia. La cita es a las 10 de la mañana en los Juzgados de Palma de Mallorca. Allí espera el juez José Castro para pedirle explicaciones por su papel como propietaria al 50% de una sociedad a la que fueron a parar fondos obtenidos ilícitamente por su marido. ¿Era consciente Cristina de Borbón de que su empresa recibía dinero procedente de la malversación? ¿Tiene responsabilidad sobre un posible delito fiscal? Estas son las dos grandes cuestiones que pretende despejar el interrogatorio.
Al menos por su repercusión mediática, la declaración de la infanta se ha convertido en uno de los grandes acontecimientos judiciales de la democracia. Solo su acceso al juzgado ya ocupa un capítulo del voluminoso ‘caso Nóos’. El Ministerio del Interior recomendó al juez decano que permitiera a la infanta acceder en coche hasta la misma puerta trasera de los juzgados, introduciendo el vehículo en el aparcamiento del mismo. La infanta entra por la puerta de atrás porque la principal está cerrada los sábados. Cualquier otro imputado debería recorrer a pie los 30 metros de rampa que separan el acceso al aparcamiento de la puerta de entrada al edificio, pero la Policía alegó motivos de seguridad para que se hiciera con la infanta una excepción. Solo de ella dependerá finalmente si recorre el último tramo a pie, lo que permitiría a los medios de comunicación tener una imagen nítida de los momentos previos a la declaración, u opta porque el coche se detenga en la misma puerta.
El centro de Palma está tomado por la Policía. Un total de 200 agentes forman el dispositivo de seguridad, la mitad miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Valencia, llegados para la ocasión, y otros tantos de la plantilla habitual en la capital balear: agentes de seguridad ciudadana, de guías caninos, unidad de susbuelo y contra-francotiradores. La Asamblea Republicana de Palma de Mallorca ha convocado una manifestación para una hora y media antes de la declaración de la infanta. La hija del rey apenas podrá ver a los manifestantes por la amplitud del cordón policial, que afectará incluso a un tramo de las avenidas de Palma, la principal arteria de la ciudad. Lo que parece que no podrá evitar, si se atiende a las dos declaraciones de Iñaki de Urdangarin, serán los gritos de los manifestantes, que se dejarán oír incluso dentro de los juzgados.
Allí, en una sala de la segunda planta, tendrá lugar el interrogatorio. Es la misma sala de unos 60 metros cuadrados donde prestó su primera declaración Iñaki Urdangarin, en febrero de 2012. Preguntará en primer lugar el juez Castro, pues a él corresponde la iniciativa de la citación. Si no cambia sus formas para la ocasión, a la infanta le aguarda un interrogatorio incisivo, con un lenguaje casi coloquial, como cuando acorraló a un testigo al que espetó: “yo ya conozco la verdad, ahora quiero que me la cuente usted”. Tras las preguntas de Castro, llegarán las del fiscal, Pedro Horrach, quien se ha negado por activa y por pasiva a que se celebre la declaración. Horrach está convencido de que no hay indicios penales contra la infanta, tan solo una irregularidad fiscal que se solventará con la devolución de la mitad de los ingresos que obtuvo Aizoon procedentes de fondos presuntamente ilícitos, unos 600.000 euros, en el caso de que Iñaki Urdangarin sea condenado.
Tras las preguntas de Horrach será el turno de las acusaciones particulares: la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y los Gobiernos valenciano y balear. Después llegará el turno de la acusación popular, integrada por Manos Limpias y el nuevo actor en el ‘caso Nóos’, el Frente Cívico Somos Mayoría, que lidera Julio Anguita y que está representado jurídicamente por el letrado cordobés Manuel Delgado. El Frente Cívico decidió personarse al presenciar los obstáculos que tenía que superar Castro para simplemente tomar declaración a la infanta. Su equipo jurício ha tenido apenas ocho días para estudiar el sumario del caso, pero acude a la declaración con centenares de preguntas para la hija del rey. Entre ellas, algunas que la asociación ha reclamado que aporten los ciudadanos.
Cuando acabe el turno de la acusación popular podrán dirigirse a la infanta los abogados del resto de imputados y cerrará el interrogatorio el letrado de Cristina de Borbón. La imputada podría negarse a declarar y de hacerlo, elegir a qué partes responde. Todo parece indicar que la infanta solo contestará al juez, al fiscal y a las acusaciones particulares que se decidan a interrogarla. De momento, solo con seguridad lo hará la abogada del Estado. Aún así, el juez podría obligar a todas las partes decididas a interrogar a que enumeren en voz alta las preguntas que tenían planteadas para que conste en acta. La declaración de la infanta promete demorarse durante horas.
Frente al retrato de su padre
La infanta se sentará en una silla forrada con terciopelo rojo, frente a una pequeña cómoda que sostendrá un micrófono. Enfrente tendrá al juez Castro, otro magistrado de apoyo y al secretario judicial. A su derecha, las acusaciones –que se irán turnando en las sillas por falta de espacio según llegue su turno- y a la izquierda otra mesa con las defensas, la suya de forma permanente y el resto rotando cuando les corresponda intervenir. Por encima de la cabeza de Castro visualizará una foto de su padre, el rey de España, presidiendo la sala de vistas. Los juzgados han habilitado una pequeña sala para la infanta si el juez autoriza recesos. Los miembros de las distintas partes no podrán acceder a la sala de vistas con teléfonos, grabadoras, cámaras o tabletas, que deberán depositar a la entrada.
Fuera aguardarán 350 periodistas de todo el mundo acreditados para cubrir el acto. Los informadores estarán ubicados detrás de una valla colocada al final de la rampa, en el aparcamiento de los juzgados. Un potente inhibidor de frecuencias colocado por la Policía por motivos de seguridad promete dificultar la tarea de los informadores cuando intenten comunicarse desde su ubicación con los teléfonos móviles. Algunos informadores gráficos estarán apostados desde primera hora en balcones de la calle que da a los juzgados, alquilados por los vecinos para la ocasión por hasta 1.500 euros.
