Podemos pide al PSOE intervenir el mercado de los alimentos para que los precios vuelvan a los niveles previos a la guerra

Podemos cree que las medidas incluidas en el último escudo anticrisis para frenar el alza del precio de los alimentos son insuficientes y por eso va a pedir al Gobierno que intervenga ese mercado para crear una cesta básica con un tope de precios equivalente al que esos productos tenían antes del comienzo de la guerra de Ucrania, hace casi un año. La formación de Ione Belarra propone compaginar esta medida con una línea de ayudas al pequeño comercio, similares a las que se lanzaron durante la pandemia para la hostelería. 

Fuentes del partido han avanzado a elDiario.es los detalles de esta medida, que contempla que el Gobierno establezca una cesta básica con una lista de productos alimenticios que deberían mantener durante todo 2023 el mismo precio que tenían el 20 de febrero del año pasado. Para ello, sería necesario intervenir el mercado y limitar la capacidad de los vendedores de fijar el precio, como recuerdan que se hizo con las mascarillas y los test de autodiagnóstico de la COVID en las farmacias durante la pandemia. 

La idea es que el peso de una medida de este tipo recaiga sobre todo en las grandes superficies. Podemos ha propuesto complementar el tope a los precios con una línea de ayudas directas al sector para “evitar que el pequeño comercio sufra situaciones de tensión financiera” y se fijan de nuevo en las medidas que aprobó el Ejecutivo durante la pandemia para ayudar a la hostelería como el modelo a imitar. La formación considera que esta vía sería la más efectiva y justa para garantizar alimentos a precios accesibles para las familias.

A pesar de que España ha conseguido colocarse como el país de la eurozona con menor inflación, el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró que el indicador subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, escaló siete décimas desde noviembre, hasta el 7% interanual (respecto a diciembre de 2021) en plena campaña navideña, principalmente por los precios disparados en los supermercados y de la ropa y el calzado.

La tendencia se mantiene desde que el Gobierno implementó el mecanismo ibérico y logró bajar la factura eléctrica: se modera la inflación general pero los precios de los alimentos se disparan. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya propuso en el inicio del curso una medida para atajar este asunto que contemplaba llegar a un acuerdo con las grandes distribuidoras para topar el precio de una lista de 20 o 30 productos básicos como el pan, los huevos o la leche, pero la iniciativa no prosperó. 

El Gobierno sí introdujo en el último real decreto de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania, aprobado a finales de diciembre, una rebaja del IVA del 4 al 0% para una cesta de productos de primera necesidad y del 10 al 5 para otros productos como el aceite y la pasta. Tanto Díaz como Podemos criticaron la propuesta antes de su aprobación y consideraron después que no era una medida que pudiera ayudar, como dijo la ministra de Trabajo en una rueda de prensa en la que admitió que a pesar de que sus pretensiones en esta cuestión eran otras, consiguieron negociar a cambio, por otro lado, asuntos como el tope de los precios en la renovación de los alquileres.

Podemos pide, con esta medida, una estrategia más ambiciosa en este campo, como la que el Gobierno tomó con el precio de la energía, cuando peleó en Bruselas para que se desvinculara el precio del gas de la factura eléctrica. Además, plantea al PSOE un plan B en caso de que decidiera no aceptar la primera opción: una bonificación de los productos de la cesta básica, como la que rigió durante unos meses sobre el carburante, para bajar del mismo modo los precios de los alimentos hasta el nivel de febrero del año pasado.

Para compensar el gasto público que conllevaría esta decisión, Podemos planea un impuesto extraordinario a las grandes cadenas de distribución como el aprobado para la banca y las grandes energéticas y, por otro lado, una serie de sanciones económicas a aquellas empresas que aprovechasen la bonificación para aumentar sus beneficios.