El PSOE acusa a Fernández Díaz de imponer la represión con la ley de seguridad

El PSOE ha acusado hoy al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de imponer la “represión” con la ley de seguridad ciudadana, una norma con la que, en su opinión, el Gobierno anula derechos fundamentales porque no le gusta que los ciudadanos le recuerden en la calle que sus políticas son “dañinas”.

“¿Por qué cree que esta ley de seguridad ciudadana se llama ley mordaza o ley para la represión ciudadana?”, ha preguntado en la sesión de control del Congreso la diputada socialista María Guadalupe Martín al titular de Interior, que ha defendido que los órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo del Poder Judicial consideran la norma absolutamente constitucional.

Una ley, cuyo dictamen se debatirá mañana en la Cámara Baja antes de pasar al Senado y que, a juicio del PSOE, supone la “guinda” al “pastel de recortes” que el Ejecutivo ha cocinado “solo” durante los últimos tres años.

“Usted es el ministro más represor de la historia de la democracia”, ha reprochado la diputada socialista, que ha considerado que la única justificación del Gobierno para sacar adelante esta ley de seguridad es imponer la represión porque “no le gusta que los ciudadanos les digan que sus políticas les resultan dañinas”.

Tras reiterar su rechazo con un “no a la ley mordaza” y de identificar las primeras letras del abecedario con palabras que definen esta norma como “a de arrogancia”, “b de barbaridad”, o “c de constitución a la que agreden”, Martín ha lamentado que si bien el Gobierno cuenta “con el comodín” de su grupo para sacar adelante la norma no tiene el de los ciudadanos.

Pese a las críticas, el titular de Interior ha reiterado que la futura ley de seguridad ciudadana mantiene las mismas cuantías en las sanciones que la anterior normativa de 1992 y que con ella en ningún caso se pone en peligro el derecho de manifestación.

De hecho, ha recordado las más de 90.000 manifestaciones pacíficas que se han celebrado desde hace tres años, en las que solo en un 0,08 por ciento se produjeron incidentes violentos.

Además, Fernández Díaz ha esgrimido los dictámenes del Consejo de Estado, que respaldó que el texto guarda “ponderación” entre libertad y seguridad, y el del Consejo General del Poder Judicial, que afirmó que el proyecto se adecúa a la doctrina constitucional.