EL PSOE votará con Izquierda Plural para modificar el artículo 135 de la Constitución que introdujo Zapatero

Así lo ha anunciado este lunes en la Escuela Julián Besteiro el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que en su momento apoyó la reforma constitucional auspiciada por José Luis Rodríguez Zapatero en sus últimas semanas de Gobierno y que ahora considera que debe ser matizada.

“Mañana votaremos a favor de la toma en consideración”, ha anunciado Sánchez, que ha asegurado además que ya ha puesto a trabajar a un equipo de constitucionalistas para que el PSOE pueda estar “en condiciones de que la primera iniciativa parlamentaria” que presentará en el próximo periodo de sesiones sea una propuesta propia de modificación de este artículo para “blindar los derechos sociales”, esto es, la educación y la sanidad pública y el sistema público de pensiones.

Sánchez ha recalcado que el PSOE está “dispuesto a gobernar el cambio” y ha recalcado que esto exige “revisar y reconocer algunos de los errores” que ha podido cometer “en el pasado reciente”. Y uno de estos “principales errores” que, según ha dicho, los socialistas han cometido es la modificación del artículo 135 en el verano de 2012. “El PSOE está dispuesto a reconocer y corregir ese error”, ha dicho.

La tramitación de aquella reforma urgente de la Constitución abrió brecha en los socialistas, con algunos diputados votando en contra o ausentándose de la votación. Uno de los críticos de entonces, Manuel De la Rocha, de Izquierda Socialista, se ha reincorporado hace unas semanas al Congreso.

La polémica se revivió en las primarias de julio, cuando el candidato de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapias, puso la derogación del artículo 135 en su programa, y después insistió reclamando a Pedro Sánchez que lo incluyera en su propuesta de reforma constitucional.

Además, el diputado guipuzcoano Odón Elorza tiene presentada desde el verano ante la dirección del Grupo Socialista una propuesta para corregir aquella reforma constitucional, aunque todavía no ha recibido una respuesta concluyente.

Con esos antecedentes, el secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, aseguró hace una semana que la reforma de la Carta Magna que propugna el PSOE debe incluir, entre otras cuestiones, la revisión del citado precepto que, según ha dicho, fue “un gran error” que los socialistas no volverán “a cometer”.

También el secretario de Organización del PSOE, César Luena, por su parte, comentó después que cuando se hizo aquella modificación exprés de la Carta Magna faltó “asegurar unos mínimos sociales”. Según señaló, pese a ser “una decisión durísima”, en aquellos momentos sólo había dos opciones, o que España fuera intervenida o hacer la reforma del artículo 135 y que el PSOE optó por la reforma de la Carta Magna. “Posiblemente eligieron mal”, apostilló.

En este contexto, la Izquierda Plural, que votó en contra de aquella reforma y que siempre ha pedido derogarla, ha decidido incluir el debate de su iniciativa en el Pleno del Congreso de este martes. Y ha decidido que su diputado Alberto Garzón, el candidato a las primarias de IU con mayor proyección, sea además quien la defienda, según indicaron a Europa Press fuentes de la coalición.

La dirección del Grupo Socialista analizó este lunes por la tarde la posición de voto y finalmente se han decantado por apoyar la tramitación de la iniciativa liderada por IU porque, aunque no estén de acuerdo con todo su articulado, creen llegado el momento de reabrir el debate del artículo 135.

Sánchez ha hecho una crítica doble de la modificación de la Constitución promovida por el Gobierno de Zapatero, que salió adelante con el apoyo de los 'populares'. En primer lugar, porque la reforma se hizo sin el “refrendo de los españoles” y, en segundo, porque el PP “ha utilizado este artículo” después y la ley orgánica que desarrolló para “justificar y amparar legalmente recortes en sanidad, en educación y en el sistema público de pensiones”.

Ahora, ha explicado, los socialistas no cuestionan el pago de la deuda pública, sino que quieren “blindar” la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones como “derechos fundamentales” en la Constitución.