El PSOE propone que las personas trans aporten documentación que “acredite” su cambio de sexo

El PSOE ha mantenido en las últimas semanas varias reuniones con los colectivos LGTBI para intentar desbloquear la ley trans ante las discrepancias con el Ministerio de Igualdad por la propuesta de la libre autodeterminación de género, de la que los socialistas se han desmarcado. En esas conversaciones, la dirección del PSOE ha puesto sobre la mesa una alternativa al borrador impulsado por Irene Montero que contempla algunos requisitos para el cambio de sexo legal. Sin embargo, el planteamiento no convence ni a Igualdad ni a las asociaciones, por lo que el acuerdo sigue lejos y el anteproyecto, todavía paralizado.

La parte socialista del Gobierno apuesta por despatologizar la transexualidad, que no se requieran los informes médicos ni psicológicos actuales para el cambio legal del sexo, pero que se aporte algún tipo de información “que la acredite”, según las fuentes consultadas por elDiario.es. El planteamiento de los socialistas es que para modificar la mención registral del sexo, las personas trans tengan que aportar al Registro Civil documentación que “garantice la estabilidad y la persistencia” de esa situación. Un ejemplo podría ser un “testimonio personal” de alguien del entorno. “Nuestro Registro Civil es de hechos probados”, explica una de las fuentes consultadas. Por ejemplo, detallan, para inscribir un nacimiento se requiere, entre otras cosas, el parte médico de alumbramiento; y, en el caso de los matrimonios, se precisa de la firma de dos testigos.

Por otro lado, la intención del PSOE es acotar a seis meses el plazo máximo de tiempo en el que el Registro Civil tenga que resolver el cambio de sexo de la persona que lo reclama y que la expedición del DNI y otros documentos oficiales se lleve a cabo sin el correspondiente pago de tasas. Los socialistas también apuestan por dar un margen de seis meses para la reversibilidad –que solo se puedan hacer un total de dos cambios de sexo legal– y que, pasado ese plazo, una nueva modificación requiera de una resolución judicial.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que es la responsable de Igualdad del PSOE, ya manifestó que la modificación registral no podía llevarse a cabo por el “mero deseo o voluntad” de la persona y defendió que el procedimiento debía contar con “garantías”. Sin embargo, tanto el Ministerio de Igualdad como los colectivos consideran que el texto ya las contempla y que lo que buscan las personas trans es que el Estado reconozca su identidad, no sus deseos o sus elecciones. Una reclamación que ha estado en el centro de las demandas del colectivo históricamente y que formó parte de las protestas en todo el mundo por el Día de la Visibilidad Trans del pasado jueves.

En este sentido, el planteamiento de los socialistas de mantener requisitos para el reconocimiento de la identidad es para los colectivos LGTBI “inaceptable y un retroceso” y opinan que solicitar esta información “sigue cuestionando y presuponiendo fraude sobre la identidad de las personas trans”. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Chrysallis y Fundación Triángulo, tres de las asociaciones que han trabajado en la norma, califican la propuesta de “ocurrencia extravagante” y creen que sería “una vuelta a la judicialización, pero en vez de con un juez, con una funcionaria o funcionario del Registro Civil”, lo que “generaría máxima inseguridad jurídica” a las personas trans, consideran.

Igualdad se remite a la ponencia de 2019

Por su parte, Igualdad se mantiene en su idea y se limita a apuntar al consenso que ya hubo en 2019 en el Congreso en esta materia. El texto de la Ley Trans es prácticamente calcado a la ponencia que apoyaron todos los grupos entonces y que el propio PSOE había presentado dos años antes. En ella se estipula que el cambio de sexo legal debe basarse únicamente en la “declaración expresa” de la persona. “Está respaldada por una mayoría y por expertos y expertas juristas”, argumentan fuentes del departamento de Irene Montero, que defienden que “tal y como señaló Justicia, es una redacción correcta y con total seguridad jurídica”, en referencia al informe que elaboró entonces el ministerio, adelantado por Newtral, y que avalaba la autodeterminación de género en estos términos. No obstante, un argumentario interno del PSOE hecho público el pasado verano se posicionó en contra.

FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis opinan que la alternativa de los socialistas va “contra el principio de autodeterminación que recomienda la Unión Europea, de que no haya trámites difíciles, humillantes y largos”. La Comisión Europea apuesta por los modelos “basados en la autodeterminación y sin restricciones de edad” y por la eliminación de los requisitos médicos, pero no se ha referido a este tipo de fórmulas como las que propone el PSOE. Preguntada por esta cuestión, la Comisión se remite a un informe que sirvió “como fuente para la Estrategia de Igualdad LGTBIQ 2020-2025”, aprobada el pasado noviembre, y que define la autodeterminación como “un método para acceder al reconocimiento legal del género” que se basa “en una afirmación legal o notarial por parte de la persona trans, sin más requerimientos”, explican fuentes de la institución a elDiario.es.

“El PSOE omite que será un funcionario sin concretar y sin formación específica quien decidirá en base a sus criterios y evaluación de supuestas 'pruebas' si a una persona se le reconoce o no su identidad”, prosiguen las organizaciones, que aluden a que con esta idea los socialistas están “ignorando las legislaciones en cuanto a los derechos de las personas trans en once comunidades”. En ellas hay ya normas autonómicas, impulsadas y apoyadas por el PSOE, que reconocen el principio de la autodeterminación de género sin requisitos en el ámbito de sus competencias, por ejemplo, para cambiar la tarjeta sanitaria o para que los menores puedan utilizar los baños y vestuarios acordes a su identidad de género en los colegios.

El asunto no solo levanta polémica en el seno del Gobierno, sino que es objeto de un virulento debate en el movimiento feminista. Un sector considera que la autodeterminación de género tendría “nocivas consecuencias” para los derechos de las mujeres, y pone ejemplos como que los agresores podrían afirmar ser mujeres y eludir la Ley de Violencia de Género o entrar en módulos femeninos en las cárceles. En una carta enviada a Carmen Calvo el pasado febrero, una de estas organizaciones, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, reclamó el mantenimiento de los informes médicos como filtro.

Otra parte del movimiento, en alianza con los colectivos LGTBI, apoya la ley y defiende que el feminismo “no puede usarse para cuestionar los derechos de las personas trans”, según un manifiesto hecho público en enero.

El PSOE quiere aprobarla a finales de abril o principios de mayo

Los socialistas son conscientes de que el planteamiento –que también pasa por fusionar en una única ley el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI incluyendo un capítulo específico para las transexuales– choca con Igualdad y, en buena medida, con los colectivos, pero subrayan que lo importante es que “la negociación está abierta”. “Tenemos la mayor disposición para intentar llegar a un acuerdo y presionar al Gobierno para que flexibilice al máximo la posición”, expresan fuentes del partido de Pedro Sánchez, que confían en llegar a un entendimiento que cumpla con el plazo de que el anteproyecto se apruebe en el Consejo de Ministros a finales de abril o principios de mayo para que esté avanzado en la tramitación parlamentaria para el Orgullo.

Sin embargo, los plazos eran otros en el plan del Ministerio de Igualdad, que ha intentado en un par de ocasiones llevar al Consejo de Ministros la ley. Y hacerlo junto a la LGTBI debido a que ambas forman parte del paquete legislativo en materia de igualdad que acordaron el PSOE y Unidas Podemos para el Gobierno de coalición. Sin embargo, la vicepresidencia primera, que coordina el trabajo interno del Ejecutivo, no ha dado el visto bueno a la norma para “sorpresa mayúscula” del departamento dirigido por Irene Montero, que acusó a mediados de febrero a los socialistas de dilatar y “bloquear” su tramitación.

Hace ya dos meses, el pasado 25 de enero, que Irene Montero y Carmen Calvo se reunieron por primera vez con los dos textos encima de la mesa y poco después se conoció el borrador elaborado por Igualdad, del que el PSOE se distanció aduciendo que se trataba de la “posición” de Unidas Podemos. La parte socialista del Gobierno detuvo entonces la negociación hasta que encontrara una alternativa.

A nivel internacional, la mayor parte de los países de la UE que tienen reconocida la autodeterminación lo hacen sin este tipo de requisitos. Tanto en Dinamarca como Malta, Irlanda, Portugal o Bélgica los adultos –para los menores la mayoría son más restrictivos e incluso mantienen informes médicos– que quieran modificar su sexo legal deben únicamente presentar una solicitud. En Luxemburgo sí se exige que la petición vaya acompañada de “una recopilación de hechos”, que pueden aportarse por cualquier medio y que pueden ser que “se presente públicamente con su sexo declarado”, sea conocida así por familiares o amigos o haya cambiado de nombre, ejemplifica la norma, que no obliga a que otra persona lo ratifique.