La portada de mañana
Acceder
Sánchez rearma la mayoría de Gobierno el día que Feijóo pide una moción de censura
Miguel esprinta para reabrir su inmobiliaria en Catarroja, Nacho cierra su panadería
Opinión - Cada día un Vietnam. Por Esther Palomera

Puigdemont y Comín piden a la Eurocámara que les deje acceder a su escaño tras el dictamen favorable del abogado general de la UE sobre Junqueras

Andrés Gil

Corresponsal en Bruselas —

El abogado general de la UE se decantó el 12 de noviembre a favor de Oriol Junqueras: entendía que debía ser eurodiputado y gozar de inmunidad. La decisión no es vinculante, pero tiene peso y consecuencias. La primera, es que ese dictamen, por analogía, repercute en la situación de Carles Puigdemont y Toni Comín: ambos eurodiputados electos, como Junqueras, pero sin la condición plena de eurodiputados, en tanto que no se les ha dado el acta ni se les reconoce la inmunidad parlamentaria.

Y, en virtud de ese análisis favorable para las tesis de los líderes independentistas, los abogados de Puigdemont y Comín han mandado este miércoles una carta, adelantada por Politico, a David Sassoli, al resto de miembros de la mesa del Parlamento Europeo y al presidente de la Comisión de Asuntos Legales: “Por lo tanto, pedimos que tome todas las medidas necesarias para permitir al Sr. Carles Puigdemont y el Sr. Antoni Comín ocupen sus escaños en el Parlamento Europeo de conformidad con la Ley electoral de 1976 y el Reglamento del Parlamento”.

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha afirmado este jueves al mediodía que aún no había recibido la carta, y ha respondido: “Nosotros hemos actuado de acuerdo a las leyes y la experiencia. Ahora está el caso en los tribunales y respetaremos lo que digan. Nosotros hacemos las leyes, y las respetamos”.

La carta, firmada por Paul Bekaert, Simon Bekaert, Gonzalo Boye y Ben Emmerson, subraya que el abogado general “deja claro que el proceso de elección al Parlamento Europeo concluyó con la declaración oficial de los resultados, publicada en el BOE del 14 de junio de 2019. Y que la vacante temporal que se estableció como consecuencia de la comunicación de las autoridades españolas del 20 de junio de 2019 es ilegal”.