Bogotá, 22 abr (EFE).- Un tiroteo el pasado domingo dejó varios impactos de bala en la sala de cuidados intensivos del hospital principal de Quibdó, ciudad colombiana azotada por la violencia que imponen la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo y el grupo narco local “Fuerzas Armadas Mexicanas”.
Hombres con armas de largo alcance atravesaron el hospital San Francisco de Asís para llegar al muelle del caudaloso río Atrato donde los esperaba una embarcación que facilitó su huida de otra banda que les seguía desde el vecino sector de Kennedy.
En la persecución algunos proyectiles impactaron las ventanas de la recién equipada unidad para pacientes críticos en la que reciben atención enfermos de coronavirus.
El enfrentamiento refleja el deterioro del orden público que tiene hastiados a los aproximadamente 120.000 habitantes de la capital del Chocó, departamento fronterizo con Panamá.
La violencia en Quibdó, una de las capitales más peligrosas del país, no es nueva pero sus habitantes denuncian que nunca habían sentido tanto temor y zozobra como la que ahora los obliga a encerrarse en sus casas, evitar transitar por algunas zonas y huir desplazados a otros departamentos.
Por los asesinatos, amenazas, extorsiones y atentados de las últimas semanas contra civiles, comerciantes y policías, la ciudad prepara manifestaciones pacíficas para denunciar la incapacidad de las autoridades para controlar una guerra en la que las armas casi siempre son disparadas por jóvenes y menores de edad.
“En el caso de Quibdó tenemos una situación que desde hace varios años viene alarmando por el tema del homicidio, la presencia de estructuras (bandas) criminales en la zona urbana y la afectación sobre jóvenes”, explica a Efe Irina Cuesta, investigadora de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
LOS JÓVENES, VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
El Chocó, una región empobrecida por la corrupción local y el abandono estatal, es disputada por grupos armados ilegales, debido a su privilegiada ubicación geográfica con costas sobre el océano Pacífico y el mar Caribe.
Sus habitantes aprendieron hace décadas a vivir con miedo porque la disputa que libran guerrillas, paramilitares y bandas del narcotráfico y la minería ilegal ha hecho de esa zona un campo de fuego cruzado.
Los menores de edad, que sobreviven sin mayores oportunidades educativas y un precario acceso a servicios básicos, son reclutados por actores criminales que los entrenan para cobrar extorsiones, robar y asesinar a plena luz del día.
El horror, denuncian en la ciudad, está enquistado en cada barrio, en algunos de los cuales las bandas imponen a balazos su ley, decretan toques de queda y deciden quién entra y quién sale.
El año pasado, pese a las restricciones de movilidad por la pandemia del coronavirus, en Quibdó hubo al menos 150 asesinatos, casi el triple de los 55 registrados en 2010, según el Sistema de Información Estadístico de la Policía Nacional.
Más del 50 % de las víctimas de esos homicidios, según datos oficiales, fueron menores de 30 años y algunos crímenes ocurrieron por enfrentamientos entre los grupos, venganzas y ajustes de cuentas, como lo registró en muchos casos la prensa local.
VIVIR EN MEDIO DE LAS BALAS
En riesgo también están los líderes y autoridades étnicas que son amenazados a través de panfletos y víctimas de atentados como el que sufrió el pasado fin de semana un reconocido profesor de la ciudad, quien sobrevivió pese a que le hicieron varios disparos a la cabeza.
Sin embargo, la captura de los responsables de los crímenes no ha sido suficiente en la ciudad con la tasa de pobreza monetaria más alta del país.
En Quibdó circulan con frecuencia amenazas de muerte firmadas por grupos como las “Fuerzas Armadas Mexicanas” o “Los Mexicanos”, una peligrosa y temida banda cuyos integrantes siguen controlando la ciudad incluso desde la cárcel.
“Los Mexicanos”, que según las autoridades no tienen relación con grupos del país del que tomaron su nombre, son jóvenes de algunos barrios de la periferia de la ciudad que se baten a muerte con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y otras redes de delincuencia común por el control del microtráfico.
En octubre del año pasado, el presidente colombiano, Iván Duque, viajó al Chocó y anunció allí que su Gobierno aumentaría el pie de fuerza en la región, ofreció millonarias recompensas por los jefes de las bandas y presentó un ambicioso plan contra la extorsión.
Pero la respuesta militar tampoco ha resuelto los problemas de inseguridad de la ciudad porque “lo que vemos es que hay un rezago bien importante en términos de desarrollo territorial y garantías de seguridad para comunidades étnicas”, explica Cuesta.
Los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos armados ilegales también afectan a comunidades que quedan en medio del fuego, como ocurrió con los pacientes y trabajadores del hospital de Quibdó, agrega la investigadora.
La gente teme además que la reciente amenaza de paramilitares que prometieron enviar hombres armados para “empezar a matar mexicanos” y “limpiar la ciudad” se haga realidad pues aumentaría la violencia.
Según explicaron a Efe líderes de la región, la violencia tiene que ver además con la falta de oportunidades de centenares de jóvenes afrocolombianos que llegaron a Quibdó desplazados con sus familias de otras parte del Chocó.
“Estamos hablando de poblaciones que han sido víctimas del conflicto y además revictimizadas en sus procesos de atención y reparación”, relata Cuesta y advierte que en la zona la respuesta de las autoridades es limitada, “lo que genera un círculo vicioso en el que las comunidades perciben que nada cambia”.