“Estas actividades que hace la Guardia Civil siempre se hacen con un escrupuloso respeto al derecho a la libertad de expresión y a la crítica”. Estas son las palabras que ha empleado José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, para tratar de contener la polémica que él mismo había generado en su intervención del pasado domingo y que se agudizó con la publicación de las órdenes que había mandado a las comandancias del instituto armado. En un mail, pedía a sus agentes que identificaran bulos y fake news “susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”.
El contenido de ese correo que se conoció un día después de que Santiago dijese públicamente que la Guardia Civil trabajaba para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno” en internet. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó esa frase a un “lapsus”. El general ha insistido este martes en que sus agentes solo tratan de “identificar esos bulos de origen incierto, que puedan genera estrés social y alarma social en cuestiones que en estos momentos tienen que ver con la enfermedad y la salud”.
Sus explicaciones no han logrado evitar que la oposición acuse al Gobierno de usar a la Guardia Civil para protegerse de las opiniones críticas, cuando no de instaurar la censura. Más allá del plano de la contienda política, los expertos se muestran preocupados por el papel que juega el instituto armado en el rastreo de informaciones falsas a través de las redes sociales.
Una tarea que no es nueva pero se ha intensificado
La Guardia Civil y la Policía Nacional llevan insistiendo desde el comienzo de la crisis provocada por el coronavirus en su actividad en internet, donde se dedican a rastrear posibles delitos y también a tratar de contrarrestar la difusión de bulos. Desde que comenzaron las ruedas de prensa diarias del comité de expertos, ha sido habitual ver a los portavoces de ambos cuerpos dando cuenta de varias informaciones falsas detectados por los agentes.
La lucha en las redes contra los bulos y las fake news se ha intensificado durante el estado de alarma, pero no es nueva. Ya en 2017, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal impulsó una estrategia de seguridad nacional que incluyese la lucha contra las fake news. Su objetivo era estudiar “a fondo la amenaza de la desinformación contra la democracia y buscar soluciones a la altura de este gran desafío”.
El rastreo activo por parte de agentes de la Guardia Civil en busca de delitos tampoco es nuevo. Quedó patente durante las sucesivas oleadas de la Operación Araña, dedicada a buscar delitos de de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas en las redes sociales. “Como un guardia civil normal que va patrullando por la calle”, dijo un agente en la Audiencia Nacional, el instituto armado rastreaba Twitter en busca de posibles delitos, introduciendo algunas palabras clave en el buscador de esa red social. La mayoría de los acusados fueron absueltos o pactaron penas mínimas de prisión.
Ahora esa tarea de patrullaje en redes sociales se centra en la detección de posibles delitos cometidos en internet y en la “identificación, estudio y seguimiento” de bulos e informaciones falsas.
“Ofrecer una noticia falsa no es ningún delito”
Mercé Barceló, catedrática de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona, alerta sobre el perjuicio que la labor de la Guardia Civil puede tener en el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, rechaza directamente que los agentes del instituto armado tengan que dedicarse a perseguir noticias falsas en las redes sociales porque “ofrecer una noticia falsa, unos hechos falsos, no ciertos, no comprobados, no es ningún delito”. “No sé qué hace la Guardia Civil persiguiendo eso”, añade.
Para Barceló, solo es defendible su rastreo en las redes sociales cuando se hace para prevenir delitos de odio, revelación de datos personales o injurias y calumnias, pero no para detectar fake news. Argumenta que esto último provoca un efecto disuasorio que atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión: “Sabes que te van a perseguir y no sabes por qué te van a perseguir, no sabes qué delito buscan buscando bulos”.
El argumento que ha empleado el general Santiago es que sus agentes rastrean esas informaciones falsas para evitar el “estrés social”. Barceló lo rechaza de plano: “Esto no existe, la Guardia Civil persigue delitos, no estrés social. No es su función, no están para eso. Para esto están los médicos, psiquiatras y psicólogos”.
Insiste en que la Guardia Civil no esta para detectar bulos -“No está entre sus funciones, si lo hacen provocan el efecto disuasorio en la libertad de expresión”- porque hace hincapié en que no son un delito: “La expresión en sí, aunque sea de una mentira, no es perseguible”. Esta catedrática vincula estas actuaciones con el “enorme retroceso” en materia de libertad de expresión que se ha producido en los últimos “10 o 15 años”.
“Lo que buscan los bulos es desestabilizar un gobierno”
Jesús Miguel Flores, profesor de Ciberperiodismo y Nuevo Medios en la Universidad Complutense de Madrid, discrepa rotundamente. “No debería haber ninguna situación en la que se esté yendo contra la libertad de expresión si hay agentes que intentan buscar bulos que afectan a la política del Gobierno”, sostiene. “Si queremos seguridad tenemos que dejar que cierta intimidad no sea tan íntima, o no podremos tener un 100% de seguridad”, añade.
Este experto en fake news alerta de que sí que pueden provocar ese estrés social al que se refiere el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil: “Es una realidad, lo dicen las fuerzas de seguridad y científicamente está comprobado, generan estrés y alarma. Lo que buscan los bulos es desestabilizar un gobierno, crear mala imagen de una persona, destruirla, eso lo que busca una fake news”.
Subraya la facilidad con la que se expanden a través de redes de contactos y como “un bulo que se ha creado sin que las personas que lo difunden hayan contrastado esa información” provoca un escenario de desestabilización, porque genera un estado de opinión basado en noticias que no son ciertas.
Eso sí, Flores añade que ese rastreo debe hacer con “mucho cuidado”, porque ahora mismo está solo en manos de los agentes de la Guardia Civil y “solo ellos lo saben lo que buscan”. Así, apuesta por crear una especie de “comité anti bulo” integrado por representantes de las fuerzas de seguridad y por personal técnico y civil, que incluya a expertos en comunicación. Además, incide en la necesidad de fomentar la concienciación ética y el pensamiento crítico en la sociedad para hacer frente a las fake news.
Joan Barata, abogado experto en libertad de expresión y regulación de medios, coincide con la opinión de Barceló. Asegura que en un primer momento pensó que el general de la Guardia Civil no había sido “muy preciso al expresarse”, pero que el email con las instrucciones le genera “cierta preocupación”. “Estamos viendo una deriva hacia la limitación de la libertad de expresión que no es aceptable en una sociedad democrática”, asegura.
“Bienvenido sea el estrés social, es lo propio de una sociedad democrática”
En su opinión, no se puede evitar ese “estrés social” o alarma entre la población con acciones que pongan coto a la libre expresión de opiniones o informaciones. “Estaríamos permitiendo que se prohibiesen debates legítimos en el seno de la sociedad. Debatir sobre muchas cosas puede generar estrés social, bienvenido sea, es lo propio de una sociedad democrática”, añade.
Barata incide, como Barceló, en que lo perseguible son los delitos que se den en las redes: “Cuando se vulnera un derecho fundamental de alguien, a intimidad por ejemplo o se incita a cometer un acto violento, ahí si que podemos limitar, pero cuando se provocan efectos sociales difusos imposibles de identificar con claridad, ahí no hay limite posible”. “No podemos convertir al Gobierno o al Poder Judicial en jueces de lo que es la verdad o la mentira, es de una extremada complejidad y arbitrariedad”, sostiene.
Este abogado cree que lo conveniente para luchar contra las noticias falsas es promover la pluralidad de medios, apostar por medios públicos fuertes e independientes de los ejecutivos y, sobre todo, la transparencia gubernamental. “Los bulos se expanden porque el Gobierno no es transparente, eso facilita que haya quien diga ciertas cosas y que hay quien se lo crea”, concluye.
Sus soluciones coinciden con las que plantea Article19, una organización europea que lleva décadas asesorando a gobiernos y organismos en materia de libertad de expresión o transparencia. En un texto publicado este martes rechazan la persecución penal de los bulos y apuestan por que el Gobierno sea “transparente sobre la magnitud de la pandemia y su respuesta frente a ella”. “Han de promover asimismo la libertad de los medios de comunicación y garantizar que la información se comparta a tiempo para combatir la desinformación que pueda minar la capacidad del país para combatir el virus”, añaden.
En el mismo sentido se ha expresado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que advierte de que las acciones de la Guardia Civil “suponen una actuación desproporcionada e injustificada”. “Además de causar un indeseable efecto desaliento (chilling effect), una de cuyas consecuencias es por ejemplo la autocensura, efecto que supone una amenaza clara a la libertad de expresión”, añaden, y piden al Gobierno que siga las recomendaciones de los relatores internacionales para combatir la desinformación respetando la libertad de expresión.