La Palma sigue pendiente de que el volcán de Cumbre Vieja deje de escupir lava casi tres meses después de que comenzara la erupción. El día que finalice, que en el Gobierno canario creen que será pronto, es clave para comenzar la reconstrucción de una isla que cifra los daños en más de 840 millones de euros. Los planes de emergencia de las administraciones comenzaron desde prácticamente el primer momento, pero las quejas por la tardanza en la llegada de las ayudas han ido en aumento desde entonces. Aunque en el Gobierno consideran que esa apreciación es “injusta” dada la situación excepcional que se vive en la isla, en Moncloa intentan agilizar la respuesta. Pedro Sánchez envía al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a La Palma para acelerar los procesos y potenciar los instrumentos que tiene en su mano el Ejecutivo canario, que dirige Ángel Víctor Torres.
Bolaños, que preside la Comisión Interministerial para la Ejecución del Plan Especial para la Reconstrucción de La Palma en la que están integrados doce ministerios, viaja este martes a la isla para asistir a la reunión técnica del PEVOLCA, el organismo que gestiona las emergencias volcánicas, y posteriormente se reunirá con afectados por la erupción, que superan los 2.000 entre quienes han perdido sus casas, tierras, cosechas, empleos o todo junto. 1.600 han sido atendidos por la oficina de familias afectadas. La intención es “escuchar sus reivindicaciones y poder atender a sus necesidades”, según fuentes de su departamento.
El Gobierno tardó horas en reaccionar después de la erupción –Sánchez, que se ha desplazado siete veces a La Palma, anuló parte de su agenda en Nueva York y voló a la isla para seguir de primera mano los acontecimientos– y en cuestión de días aprobó las primeras líneas de ayudas, que superan ya los 320 millones de euros –sin contar los 'ERTE volcánicos'–. Sin embargo, las quejas por la lentitud de los plazos para hacerlas efectivas han ido en aumento durante las últimas semanas. Por ejemplo, se han entregado una docena de viviendas para los afectados, pero queda más de un centenar de personas sin casa (la intención del Gobierno canario es adquirir otras 75 y que unas cien se entreguen antes de que acabe el año).
También los autónomos presionan por la tardanza en la recepción de las cuotas por cese de actividad. En el caso de los ganaderos y agricultores, han percibido unos 80.000 euros del Cabildo y están a la espera de los 14 millones de ayudas directas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la compensación de los perjuicios que se aprobaron por decreto ley. “Hemos introducido cambios en la normativa para proteger aún más la producción platanera y hemos instalado dos desaladoras para garantizar el agua de riego en las fincas aisladas por las coladas”, señalan desde el Gobierno, que apuntan a que ya se han movilizado 130,6 millones de euros y que esperan que la cifra llegue a los 237,4 millones antes de que acabe el año.
“Sabemos que cuando uno lo pierde todo, la espera es dramática y trabajamos diariamente para agilizar los procesos y que las ayudas lleguen los antes posible a todos los afectados”, señalan fuentes gubernamentales. Y ese es el principal cometido de Bolaños en su segunda visita a La Palma: presidirá junto al jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, la comisión mixta de la que forman parte las distintas administraciones para “agilizar aún más las ayudas y buscar que el Estado siga potenciando las capacidades del Gobierno canario, Cabildo y ayuntamientos” para mejorar los mecanismos a través de los que se canalizan esas subvenciones.
“Están llegando más rápido que nunca”, ha asegurado el presidente canario este lunes en el Congreso, donde ha asistido a la celebración del 43º aniversario de la Constitución ante las críticas suscitadas, que proceden de algunas plataformas y también de los grupos de la oposición, que hasta ahora habían mantenido una inédita unidad en este asunto en contraposición con el enfrentamiento político habitual. Coalición Canaria acusó la semana pasada de “inacción” a los socialistas.
En ambos ejecutivos sostienen, sin embargo, que los planes y ayudas se han ejecutado mucho más rápido que con otras emergencias y catástrofes, como pudo ser Filomena, en la que la mayoría de subvenciones se otorgaron seis meses después, o tras el terremoto de Lorca. En Moncloa afirman, además, que la erupción del volcán tiene una particularidad respecto a esos fenómenos, y es que aún sigue produciéndose, por lo que la financiación de la UE no puede recibirse todavía porque las “emergencias deben cuantificarse con exactitud” tras medir sus efectos. El cálculo del Gobierno canario es que los destrozos ascienden a 840 millones de euros. Será una vez que termine la erupción cuando el plan de reconstrucción de La Palma se ponga verdaderamente en marcha.