El listón de Sánchez y su “Gobierno de la dignidad” acumula tres dimisiones en menos de 100 días

Antes de cumplir los 100 días que se les da tradicionalmente a los Gobiernos que llegan al poder, el presidente, Pedro Sánchez, ha tenido que hacer frente a la tercera dimisión en su Gobierno, la segunda dentro del Consejo de Ministras.

El listón que el Ejecutivo se ha fijado ha obligado a Sánchez prescindir de tres altos cargos ante de que se cumpla el período de gracia. Dos de ellos, Máxim Huerta, y Carmen Montón, han tenido que renunciar por prácticas ajenas a su gestión. Su pasado le ha estallado en los periódicos y ha obligado al presidente, que llegó al poder impulsado por una moción de censura tras la sentencia de Gürtel, y que llama a su propio gabinete “Gobierno de la dignidad” a dejar caer a los tres altos cargos. 

El líder socialista admitió que el martes no fue un buen día: “He perdido a una amiga como ministra”, dijo sobre Carmen Montón, a quien trató de aguantar a pesar de las irregularidades sobre su máster y la presión interna para que la dejara caer. 

Montón era una de las principales apuestas ideológicas de Sánchez por su gestión en la Sanidad valenciana, donde revirtió la privatización y recuperó la universalidad de la atención. El presidente estaba determinado a sostener a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; a pesar de las irregularidades destapadas en su título obtenido en la Universidad Rey Juan Carlos, pero el plagio de 19 páginas en su Trabajo Fin de Máster cambió definitivamente los planes. 

Sánchez se vio obligado entonces a prescindir de Montón tras haberla apoyado horas antes contra el criterio de muchos miembros de su círculo más cercano, que le advertía de que quedarse con la valenciana supondría un desgaste para el Gobierno y dejaba al PSOE sin la baza de la “coherencia” respecto a otros casos, como el de Cristina Cifuentes o el de Pablo Casado, donde el partido había sido implacable en las críticas (en Madrid, incluso registró una moción de censura contra la entonces presidenta regional). 

El presidente no ha esperado y en la primera ocasión que ha tenido en la sesión de control ha recurrido a ese discurso que el día antes los socialistas daban por perdido: “Nosotros asumimos nuestra responsabilidad política. La señora Montón eligió el camino de la ejemplaridad y la asunción de responsabilidades políticas que a otros tanto les cuesta emprender”, dijo respondiendo a la bancada del PP durante la sesión de control al Gobierno. Para entonces Albert Rivera ya había reabierto el debate sobre el “misterio” de la tesis de Sánchez y el PSOE se apresuraba a subir el tono reclamando la dimisión de Casado. 

A Sánchez le costó más desprenderse de Montón, una mujer de partido que había permanecido a su lado cuando 17 miembros de la dirección del PSOE trataron de apartarle, que de Màxim Huerta, el periodista y presentador fichado por el socialista en una de las apuestas más arriesgadas del autodenominado 'Gobierno de la dignidad'.

Aunque en un primer momento, desde Moncloa se trató de defender al responsable de Cultura por su fraude a Hacienda, como sucedió en el caso de Montón, Huerta duró tan solo unas horas. La ministra conservó su cartera durante un día y medio después de que estallara su escándalo.

Sánchez logró reponerse rápido de la caída del responsable de Cultura, que fue uno de los nombramientos que más rechinaron en las filas socialistas. 

Sánchez no salió personalmente en defensa de Huerta en ningún momento ni siquiera se despidió por Twitter para agradecerle los siete días que formó parte de su gabinete. La despedida de Montón ha sido, en comparación, mucho más dolorosa. A la responsable de Sanidad se le rindieron honores.

Los motivos de las dimisiones son distintos, pero también lo son las circunstancias. La de Huerta llegó en el nacimiento de un Gobierno que llegaba en medio de una ola de ilusión mientras que la de Montón se ha producido tras un arranque atropellado de la acción de Gobierno, repleto de rectificaciones, que reconoce la propia Moncloa. 

La cabeza de una directora general

Uno de los tropiezos más sonados fue la autorización del sindicato de trabajadoras sexuales (OTRAS) por parte del Ministerio de Trabajo que levantó en armas a un importante sector del socialismo y que acabó también en una dimisión inducida desde la Moncloa. 

La prostitución es uno de los temas controvertido en los ámbitos feministas. Objeto de debate también en los foros socialistas, en el PSOE se impuso el abolicionismo y el partido ha abrazado esa bandera. Por eso desde Igualdad aseguraban que la autorización de OTRAS no se podía dejar pasar. “Me han metido un gol por la escuadra”, aseguró la ministra Magdalena Valerio. 

A pesar de que Sánchez consideraba que el asunto se había “sobredimensionado”, reconoció a los periodistas que cubrieron la gira latinoamericana que lo abordaría con Valerio: “Tengo que hablar con la ministra de eso. No se quién ha estado inmerso”. Un aviso a navegantes. Después recordó que cuando alguien se integra en un Gobierno lo hace “con todas las consecuencias”. Sánchez aterrizó el sábado por la mañana y el lunes a primera hora en el Gobierno ya daban por hecho la salida de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual. Su dimisión la anunció en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sin esperar a que Pascual saliese de su reunión con la ministra. 

Pero no es el único fallo de coordinación que ha obligado al Ejecutivo a rectificar. La decisión de Margarita Robles de paralizar una venta de armamento a Arabia Saudí provocó la primera crisis diplomática de Sánchez y un levantamiento de los trabajadores de Navantia ante el temor de que el reino absolutista cancelara un contrato multimillonario. Moncloa desautorizó a la ministra de Defensa al asegurar que se trataba solo de una “declaración de intenciones”. Finalmente, el Gobierno acabará vendiendo ese armamento a Arabia Saudí, según publicó este viernes El Periódico. 

No fue el primer choque interno. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, intercedió ante Sánchez para que Justicia reconsiderara su negativa a pagar la defensa del juez del procés Pablo Llarena. España pagará finalmente a los abogados del magistrado en Bélgica frente a la demanda que presentó contra él Carles Puigdemont. Unos días después, Sánchez reconocía que había cambiado de opinión respecto al futuro del Valle de los Caídos echando por tierra la propuesta del PSOE de “resignificarlo”. 

A pesar de esos traspiés, el presidente está convencido de que estar en el Gobierno no le desgasta tanto como seguir en la oposición (y sin escaño). Ni siquiera la amenaza de la desaceleración de la economía que hacen prever algunos indicadores parece inquietarlo. “La economía va bien y la política, mejor”, ha respondido en la primera sesión de control al Gobierno tras el parón estival.