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Los militares de base protestan frente a Defensa con los partidos divididos sobre sus despidos a los 45 años

Personal a bordo del buque "Juan Carlos I" durante el despliegue en Irak.

Carlos del Castillo

Los militares se manifestarán este sábado frente a la sede del Ministerio de Defensa en Madrid para protestar por los despidos de soldados y marineros. Estos militares de base están siendo expulsados de las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años en virtud de la Ley de Tropa y Marinería, pero consideran que esta norma se ha desarrollado de forma desigual e injusta con su colectivo. La movilización tendrá lugar a las 12 de la mañana y se prevé que se supere el millar de asistentes.

El motivo de la reclamación es que la citada Ley, aprobada en 2006, estipulaba que deberían abandonar las Fuerzas Armadas al cumplir los 45, pero también que Defensa y la cúpula militar debían encargarse de que recibieran facilidades para reintegrarse en el mercado laboral civil. Entre ellas, una formación profesional de grado medio que tenían que recibir en su tiempo de servicio, así como acreditaciones de su experiencia como profesionales de las Fuerzas Armadas.

Doce años después de su aprobación, los primeros soldados y marineros afectados por la Ley de Tropa y Marinería están empezando a ser despedidos en masa, pero lo hacen sin la preparación para el mundo civil que el Estado les prometió. Así lo denuncian las cuatro asociaciones profesionales convocantes de la protesta, que agrupan a la mayor parte de los militares asociados de las Fuerzas Armadas.

Se calcula que ya hay unos 800 militares despedidos por este motivo, pero lo peor está por llegar. La pirámide de edad de esta escala señala que otros 5.000 de ellos cumplirán los 45 en el próximo lustro, y otros 10.000 más en la próxima década. Al colgar el uniforme, estos militares se convierten en “reservistas de especial disponibilidad” (RED) y reciben una asignación no contributiva de 7.400 euros anuales hasta que cumplan los 65.

Según los cálculos de las asociaciones militares, si no se actúa con premura las pensiones de esta bolsa de exprofesionles de las Fuerzas Armadas dejados en el limbo laboral por el Estado pueden llegar a costar a las arcas públicas 10.000 millones de euros anuales a mediados de la próxima década. La ausencia de titulación civil y la complicada edad con la que acceden al mercado laboral (muchos de ellos, por primera vez en su vida) puede condenarlos a sobrevivir solo con esa asignación durante 20 años, que apenas supera los 600 euros al mes.

Pese a ello, los partidos políticos todavía no se han puesto de acuerdo en las soluciones tras más de un año de negociaciones en una subcomisión del Congreso creada específicamente para estudiar este problema.

A un lado, PP y PSOE; al otro, Unidos Podemos y Cs

Como adelantó eldiario.es, el PP y el PSOE reconocieron en sus informes finales en esa subcomisión que los distintos Gobiernos desde 2006 que ellos encabezaron han fallado a los soldados y marineros españoles al no diseñar los sistemas que les permitieran obtener la formación que la ley les prometía. Solo ahora, cuando el problema no podía ser escondido por más tiempo debajo de la alfombra, el Ministerio de Defensa ha acelerado para poner en marcha esos cursos y homologaciones de experiencia.

No obstante, tanto PP como PSOE defienden la valía del actual modelo de Fuerzas Armadas. Este esconde una discriminación estructural, al excluir a los militares de base de la Ley de Carrera Militar general. Ello hace muy difícil la permeabilidad entre las escalas o la flexibilidad a la hora de extender los contratos de soldados y marineros que desempeñan su trabajo en labores que no se ven afectadas por su edad.

Unidos Podemos y Ciudadanos, en cambio, defienden una reformulación completa del sistema para eliminar las diferencias tan radicales entre los militares de Tropa y Marinería y la escala de oficiales. Esto favorecería el asenso de escala y las posibilidades de los soldados y marineros de acceder a contratos permanentes. Ambos grupos también piden al Gobierno suspender de urgencia los despidos a los 45 hasta que se haya solucionado el problema, para evitar seguir agravándolo.

Movilización histórica

Las asociaciones profesionales (la única figura disponible para que los militares defiendan colectivamente sus derechos laborales y legales solo desde 2006) que han llamado a la movilización considerarían un éxito superar los dos millares de asistentes.

Puede parecer un número poco llamativo en comparación con otras protestas sindicales, pero se trata de la primera vez que las asociaciones se sienten con respaldo suficiente en los cuarteles para convocar a la acción a una mayoría de su colectivo. Además del derecho de sindicación, los militares tienen recortado el derecho de manifestación. La ley también señala su obligación de mantenerse en la “neutralidad política”, algo que Defensa y la cúpula militar aplican a rajatabla para ahogar la crítica interna en la institución.

Pese a todo, el asociacionismo va calando poco a poco en las Fuerzas Armadas y entre ATME, AUME, UMT y AMTM, las cuatro convocantes, suman unos 12.000 militares asociados, un 10% del total. Estas cuatro organizaciones han sido capaces de reponerse de la salida de la “unidad de acción” de 45 Sin Despidos, una asociación de nueva creación y poco más de un centenar de socios relacionada con la extrema derecha.

ASFASPRO, otra de las que cuenta con un mayor número de socios, no se ha sumado a la protesta ya que representa a la escala de oficiales de las Fuerzas Armadas y no está de acuerdo en aumentar el porcentaje de soldados y marineros que pueden acceder al compromiso permanente.

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