El Tribunal Supremo aplaza su decisión sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas
La treintena de magistrados que se han reunido este lunes en el Tribunal Supremo no han alcanzado una decisión sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, si el cliente o el banco. La reunión del Pleno de lo Contencioso-Administrativo, fruto de la polémica decisión del presidente de esa Sala, Luis Díez-Picazo que ha dañado el prestigio del alto tribunal, se reanudará este martes a las 10.00 horas.
La decisión que tomen los 31 magistrados determinará quien debe afrontar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) -con sus consecuencias económicas y judiciales- pero afectará también a la imagen del Supremo. De la sesión del lunes se han ausentado tres, pero pueden reincorporarse este martes.
La entidades llevan dos semanas avisando sobre las secuelas adversas de tener que pagar ahora ese tributo. Los bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas, por su parte, se preparan para una cascada de reclamaciones que amenazan con provocar una sobrecarga en los juzgados.
En la reunión de este lunes -que ha durado unas ocho horas-, los magistrados Nicolas Maurandi y José Navarro han expuesto los tres recursos sobre los que debatirán los 31 jueces de lo contencioso-administrativo del Supremo. Tras su intervención, los 29 jueces restantes han tenido un turno de palabra, ordenado por antigüedad: primero el de más reciente incorporación al tribunal, y cerrará el magistrado con más experiencia. Después ha habido un periodo de debate pero no se ha llegado al votar.
“El pleno va a ser largo y está todo muy abierto”, apuntaban fuentes del Supremo. Los magistrados tienen que decidir, en caso de que apuesten por ratificar la doctrina de la última sentencia, si establecen un plazo de cuatro años para las reclamaciones -como dicta la ley tributaria- o si limitan ese periodo. Esta última postura la que defenderán un nutrido grupo de magistrados de la Sala. Otros, sin embargo, ven difícil argumentar por qué no se establece el periodo habitual de cuatro años, por qué se limita.
Díez-Picazo tomó la decisión de paralizar la aplicación de la nueva doctrina sobre el impuesto 24 horas más tarde de que una sentencia de la sección segunda anulara un artículo del reglamento del impuesto -que establecía que el prestatario, quien pide la hipoteca, es el sujeto pasivo del impuesto- por ser contrario a la ley. Díez-Picazo convocó al Pleno para que decidiese si refrendaba ese fallo porque suponía un “giro radical” con una “enorme repercusión económica y social”.
Una decisión inédita que será cuestionada
El hecho inédito de revisar una doctrina ya consolidada en una sentencia provocó un aluvión de críticas al Supremo. Algunos magistrados han expresado en privado su “tristeza” porque el golpe de mando de Díez-Picazo ha dañado la imagen de un tribunal cuyo prestigio está en horas bajas por el proceso contra los líderes independentistas y los revolcones que han dado los tribunales de Alemania y Bélgica a algunas de las decisiones de la Justicia española. “La consternación que hay en la calle la hay aquí dentro”, apunta un juez con varias décadas de experiencia en el alto tribunal.
La convocatoria del pleno de 31 magistrados frenó también otros recursos en marcha en el propio Supremo sobre este mismo impuesto y sumió en la incertidumbre a miles de afectados por ese tributo, pero también a quienes iban a contratar ahora su hipoteca. Los bancos admiten que se ha producido una ralentización en la firma de nuevos préstamos, a los que por regla general, se aplica el criterio de que es el cliente quien tiene que pagar el impuesto. Eso sí, ahora se advierte de que la decisión del Supremo puede permitir al cliente que lo reclame.
De hecho, fuentes de la Sala de lo contencioso-administrativo apuntan a que el tema de la inusual convocatoria de este pleno saldrá durante algún momento de la reunión, cuestionando la decisión tomada por Díez-Picazo. Algunos magistrados creen que ha convertido ese pleno, reservado para otras tareas, en una especie de gran sala de apelación que revisará una sentencia firme. Este asunto generará un debate paralelo al del impuesto, que previsiblemente alargará el pleno.
Un impacto reducido en la rentabilidad de los bancos
Durante estas últimas dos semanas, la banca ya ha advertido de que una decisión adversa del Supremo redundará en un encarecimiento de las hipotecas. Además, la patronal bancaria ha hecho campaña contra el criterio que ahora tiene que analizar el alto tribunal asegurando que “en Europa el impuesto lo paga el cliente” porque es el “interesado en el préstamo hipotecario”. El Supremo dice lo contrario, que a quien le interesa ese negocio es a quien va a ganar dinero con él. Esto es, el banco.
La campaña de presión que incluye advertencias sobre las consecuencias negativas ha encontrado apoyo de la agencia de calificación Moody’s. En un informe reciente, considera que si el Supremo ratifica su doctrina -lo que considera más probable- y aplica un periodo de retroactividad de cuatro años la factura total ascenderá a 2.300 millones. En principio, las haciendas autonómicas serían la responsable de devolver este montante a los clientes, pero luego se lo reclamarán a los bancos.
A pesar de lo abultado de esa cantidad, las cuentas de los grandes bancos muestran que su rentabilidad no se vería muy afectada. Las seis principales entidades de nuestro país han incrementado un 12% su resultado conjunto: Santander, BBVA, Sabadell, CaixaBank, Bankia y Bankinter suman entre enero y septiembre un beneficio de más de 13.200 millones de euros.
Los bufetes esperan una riada de reclamaciones
Mientras la banca lleva dos semanas en una campaña de presión, los bufetes de abogados se preparan para que, a partir del lunes, se produzca una cascada de reclamaciones en los juzgados para pedir la devolución del impuesto. Los cálculos apuntan a que cada hipotecado podrá recuperar entre 2.500 y 3.000 euros si el Supremo les da la razón.
Algún bufete, como Arriaga Asociados, ha lanzado ya una campaña comercial en el que da por hecho que el Supremo fallará a favor de los clientes. Jesús María Ruiz de Arriaga, el socio fundador de ese despacho, defiende esa promoción porque afirma que varios tribunales les han dado la razón tras la última sentencia del Supremo.
“El Supremo declaró ilegal un artículo de una ley, ese artículo ya no se puede recuperar”, sostiene. Añade que el alto tribunal “ya no tiene otra salida” que ratificar una doctrina que han validado tres sentencias distintas. Ruiz de Arriaga señala además que no cabe establecer un plazo de reclamación limitado a los últimos cuatro años: “Es una cláusula abusiva, eso no prescribe nunca ante los tribunales”.
En Arriaga Asociados ya están contratando abogados para hacer frente a los miles de procesos judiciales que prevén. El Bufete Rosales, otro despacho especializado en este tipo de demandas, prefieren no concretar si están ampliando su equipo de letrados. “Somos un despacho grande y estamos siempre con altas y bajas”, apunta José Plaza Frías, su socio director. Sí que reconoce que trabajan en una estrategia “procesal y comercial”.
Plaza Frías coincide con Ruiz de Arriaga en que el Supremo no tiene otra opción que ratificar lo que ya ha dicho y “sin límite temporal”, sin plazo de cuatro años de retroactividad. Lo contrario sería, dice, “una barbaridad”, algo “impensable”. Además, advierte sobre la posibilidad de que el Supremo de marcha atrás y el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que, como pasó con las cláusulas suelo, puede acabar sacándole “tarjeta roja”.
La decisión de la justicia europea sobre las cláusulas suelo obligó al Estado a crear juzgados especializados para canalizar las miles de reclamaciones. Ahora, unos tribunales ya muy sobrecargados pueden verse ante la perspectiva de tener que atender miles de nuevas causas si el Supremo permite reclamar el impuesto con retroactividad.
