La Mesa del Parlament declara en el Tribunal Supremo en la causa por rebelión, sedición y malversación de fondos. La expresidenta de la Mesa, Carme Forcadell, ha acatado explícitamente ante el juez la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que ha supuesto la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones. Además, ha dado “carácter simbólico” a la declaración unilateral de independencia de Catalunya.
Así, Forcadell ha restado valor a la DUI votada el pasado 27 de octubre por el Parlament de Catalunya, definiéndola de “declarativa y simbólica”. Así lo ha dicho a pregunta de la Fiscalía. Al igual que Forcadell, también han acatado “explícitamente” la aplicación del 155 los miembros de la Mesa que ya han declarado, Lluís Corominas y Lluís Guinó, según informan fuentes presentes en la declaración.
Tanto Corominas como Guinó han seguido la línea marcada por Forcadell y han dado carácter simbólico a la DUI, restándole trascendencia jurídica. Ya lo hizo el exvicepresidente Oriol Junqueras en el recurso presentado contra la prisión incondicional, en el que aseguró que la declaración tuvo un valor “estrictamente político”.
Responde a la Fiscalía por primera vez
Forcadell ha sido la primera en sentarse delante de Pablo Llarena, el juez que al final decidirá si les envía a prisión. En las declaraciones participan cuatro fiscales. Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno se van a ir turnando para interrogar a los seis miembros de la Mesa.
La expresidenta de la Mesa ha declarado durante unas dos horas y cuarto. La expresidenta de la Mesa del Parlament ha contestado a las preguntas de la Fiscalía por primera vez, ya que en sus declaraciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya solo había contestado a su abogado.
Su decisión de contestar a la Fiscalía supone un cambio de estrategia respecto a sus anteriores declaraciones, y también respecto a la línea de defensa que siguieron los miembros del Govern encarcelados. Ninguno de ellos contestó a los fiscales de la Audiencia Nacional, y tan solo Santiago Vila respondió a su abogado.
El tono de las declaraciones de esta mañana ha estado en línea con lo que sugirió el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hace ahora una semana en la cadena Ser, y en la que dio a entender que los consellers del Govern de Puigdemont que declararon ante la Audiencia Nacional tendrían más fácil evitar la cárcel si asumiesen la vigencia del artículo 155 aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy y la Constitución.
Según fuentes de su entorno, Forcadell ha defendido que siempre ha permitido el debate “sin prejuzgar el resultado ni controlar el contenido”, y que siempre ha respetado los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados.
En su declaración, ha defendido que el Tribunal Constitucional no puede actuar de forma previa como filtro o censura, sino que “en todo caso lo hace a posteriori”. Ha explicado que siempre ha defendido el pacifismo en todas las movilizaciones y proyectos políticos, insisten fuentes cercanas a la expresidenta del Parlament.
Según fuentes jurídicas, la Fiscalía ha dedicado buena parte de su turno de preguntas a ahondar en el carácter violento de las movilizaciones, a las que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dedicó parte de su querella para justificar el delito de rebelión.
Tras Forcadell ha sido el turno de Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Este último ha acudido a declarar con la intención de convencer al juez instructor de que en ningún caso facilitó la tramitación de las leyes que han servido para dotar de un armazón legal al referéndum del 1-O.
Los miembros de la Mesa están acusados, según recoge la querella de la Fiscalía, de violar los derechos de los “diputados disidentes” para “demoler” la Constitución. La DUI fue el “fin último” y la “culminación”, a criterio de la Fiscalía, de una serie de actos legislativos que se han desarrollado a lo largo de la legislatura con el objetivo último de la independencia.
Tras las declaraciones, se ha celebrado una vistilla en la que la Fiscalía pedirá las medidas cautelares que considere necesarias contra los querellados. El juez decidirá entonces qué hacer con los seis miembros de la Mesa.