Las tensiones entre PSOE y Unidas Podemos sobre impuestos afloran a las puertas de la negociación presupuestaria

“Este año habrá presupuestos. El que viene ya será más difícil”. La afirmación –de un destacado socialista– recoge el sentir de Moncloa respecto a la aprobación de la principal ley anual, que es la que permite articular la gestión del Gobierno. La parte socialista de la coalición da por hecho que las cuentas públicas de 2022 saldrán adelante e incluso que el Consejo de Ministros las aprobarán el próximo martes (28 de septiembre) o, como tarde, el siguiente (5 de octubre). Esa rotundidad disparó las alarmas de los aliados del PSOE, que no creen que el proyecto esté tan cerrado y, en el caso de los socios parlamentarios, advirtieron de que no tendrá fácil recabar los apoyos necesarios. 

“Soy optimista. Creo que vamos a tener un acuerdo para presentar los presupuestos en tiempo y forma”, afirmó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, este martes durante la presentación de su informe sobre las perspectivas de crecimiento, que adelantan la recuperación a finales de 2021. Pedro Sánchez ya había anunciado que las cuentas se presentarían a finales de septiembre o principios de octubre. “Le puedo garantizar que va a haber presupuestos, que los vamos a presentar en tiempo y forma y que van a tener un objetivo claro que es el de la recuperación económica justa”, afirmó Sánchez este lunes desde Nueva York cuando ya habían aflorado discrepancias entre los socios de Gobierno en materia impositiva que él no quiso zanjar. “Cuando se conozca el detalle de esos presupuestos verán lo que contienen”, se limitó a decir a los periodistas.

Unas horas antes la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, había asegurado que el acuerdo “está lejos” e incluso anticipó que ve “difícil” que los presupuestos estén listos para la horquilla de fechas que plantean los socialistas. “A día de hoy estamos distantes, estamos alejados”, añadía la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. El socio minoritario del Ejecutivo considera que hay cuestiones de la reforma fiscal que hay que abordar sin demora –mientras que el PSOE apuesta por esperar a febrero del próximo año, cuando está previsto que la comisión de expertos entregue el informe encargado por el Ministerio de Hacienda-. 

El impuesto de sociedades, clave para Unidas Podemos

No obstante, la parte socialista del gabinete asume que se harán “ajustes” en materia fiscal, según ha reconocido la vicepresidenta Calviño, aunque ha abogado por dejar los “grandes cambios” para el siguiente ejercicio. “Algo habrá que ceder por las dos partes”, reconocen fuentes de la parte socialista del Gobierno, que admiten que los presupuestos recogerán “alguna medida fiscal”, aunque evitan concretar cuál. En el acto de constitución del comité de expertos que aborda la reforma fiscal, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que esperaba que algunas subidas se pudieran acometer ya en 2022, con “especial interés” en los referidos a los grandes patrimonios. Montero se refería al impuesto de sociedades –en un momento en el que la OCDE ha apostado por establecer un tipo mínimo del 15% en línea de lo firmado por PSOE y Unidas Podemos– y también al Patrimonio y Sucesiones que Montero rechazó que estén “vacíos de contenido” en algunas comunidades como Madrid. 

Mientras que el PSOE evita pronunciarse sobre los detalles en el momento en el que debe intensificar la negociación, Unidas Podemos ha elevado la presión al dejar claro que sus exigencias pasan por cumplir ya con el acuerdo de la coalición en materia de impuestos de sociedades y tocar algo de los tramos más elevados del IRPF. El pacto firmado por Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019 recogía subidas para las rentas a partir de 130.000 euros y del capital a partir de 140.000 euros. En la anterior negociación presupuestaria se incrementó dos puntos el IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros (frente a los cuatro que establece el acuerdo programático) y para las rentas del capital superiores a 200.000 euros se subió tres puntos. Belarra también ha abogado por establecer una ayuda para la crianza o por ampliar los permisos de maternidad y paternidad a seis meses. 

“Estamos trabajando en que se incluyan nuestras propuestas sobre fiscalidad, no solo el 15% mínimo para las empresas sino una tasa morada para productos de higiene femenina, crianza y cuidados, con un IVA súper reducido”, ha asegurado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista en la Cadena Ser en la que se ha mostrado convencida de la capacidad de “convicción” de su grupo.

Bolaños: “Creo que no estamos tan lejos”

“Creo que no estamos tan lejos”, afirmó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, después de que Belarra expresara públicamente las desavenencias de una negociación a la que Unidas Podemos ha llegado tras anotarse dos tantos importantes: las medidas para frenar el precio de la luz –con la intervención de los beneficios caídos del cielo de las eléctricas– y la victoria respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional con efectos retroactivos a 1 de septiembre, que era la apuesta de Díaz frente a Calviño, que apostó dilatar el incremento a octubre. 

Sánchez evitó en todo momento pronunciarse sobre la concreción respecto a la tipificación del impuesto de sociedades, aunque no la descartó. “Todo este contexto de recuperación obliga a todos los actores políticos, a todos los grupos presentes en las Cortes Generales a aprobar unos presupuestos que son esenciales si queremos que la recuperación económica sea justa”, aseveró. Por su parte, Díaz ha dejado claro que este es un asunto “clave”. “Nadie comprendería que cuando la OCDE ya ha decidido que tenemos que tener un impuesto de sociedades, en el entorno del 15%, España no diera el paso adelante”, destacó la vicepresidenta segunda.

Pero la negociación no va a ser compleja solo de puertas hacia dentro. Justo cuando Bolaños iniciaba una ronda con todos los grupos –incluidos PP y Ciudadanos– para abordar la negociación presupuestaria, los aliados parlamentarios advirtieron de que el Gobierno tendrá que “sudar la camiseta” para lograr los apoyos necesarios. La regulación de los precios del alquiler será uno de los caballos de batalla que tendrán que afrontar los socialistas, a pesar de que Montero ha pedido que no se incorporen “materias” que no tienen específicamente que ver con las cuentas. 

La ley de vivienda lleva más de un año encallada por la discrepancia respecto a la regulación del alquiler. Los socialistas quieren que los precios bajen con la ampliación de la oferta y mediante una política de beneficios fiscales para los propietarios mientras que Unidas Podemos –y el resto de fuerzas de izquierdas– defienden el establecimiento de un límite acogiéndose al acuerdo programático, que recoge “medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”. De hecho, la vicepresidenta segunda condiciona la recuperación citada por Sánchez a este asunto: “No podemos hablar de recuperación justa, si no solventamos uno de los principales problemas que tiene nuestro país: se llama vivienda”.

Presión para limitar el precio del alquiler

La presión se va a incrementar en los próximos días. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se reúne este jueves con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, entre otros, para hacerles llegar su propuesta de ley de vivienda. La limitación de los precios del alquiler ya fue una de las condiciones de la negociación del año pasado y la amenaza ahora es que algún grupo registre esa iniciativa para que los socialistas tengan que retratarse, como ocurrió con el proyecto de la ley trans. 

“Que nadie dé por seguro el voto de ERC a nada”, expresó el martes el portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que advirtió de que ve “demasiado tranquilo” al PSOE. Una de las exigencias de los republicanos será que la ley audiovisual –cuya aprobación el Gobierno ha retrasado– obligue a las plataformas como Netflix a incluir un porcentaje mínimo de contenidos en catalán. “Nuestro proyecto de ley por supuesto va a ser escrupulosamente respetuoso con las competencias de las comunidades y con la posibilidad de establecer otros mecanismos de protección de las lenguas cooficiales”, aseguró Calviño. 

A pesar de la buena sintonía entre Sánchez y ERC –conscientes de que se necesitan mutuamente–, los republicanos presentaron la misma semana en que se produjo la mesa de diálogo una enmienda a la totalidad a la ley de memoria democrática a las puertas de iniciar formalmente la negociación presupuestaria. Fuentes gubernamentales aseguran que algunas de sus exigencias, como declarar ilegales en vez de ilegítimos los juicios del franquismo, serán aceptadas. Por el contrario, Moncloa descarta convertir la comisaría de la Vía Laietana en un centro de memoria al considerar que es un punto “fundamental” para las labores de la Policía Nacional en Barcelona. 

EH Bildu, por su parte, exige al Gobierno que cumpla sus compromisos, como la derogación de la reforma laboral. Y en su complicada minoría aritmética, Sánchez tendrán que hacer encajes entre los distintos intereses de sus aliados, como la izquierda abertzale y el PNV, que también choca con Más País, que insiste en la creación de un impuesto al diésel que se cayó de los presupuestos el año pasado por el rechazo de los nacionalistas vascos. Compromís condiciona su apoyo a la reforma del sistema de financiación autonómica, que la ministra de Hacienda reiteró que expondrá en noviembre.