El Tribunal de Cuentas trata de salir del anonimato y dejar atrás sus viejas polémicas

Un vinilo cubre una de las bóvedas y las paredes laterales de la escalera principal de la parada de metro de Tribunal, en el centro de Madrid, por la que transitan a diario más de 60.000 personas. No se anuncia una compañía de telefonía, ni una marca de ropa. Se trata de la institución pública encargada de vigilar qué uso hacen las administraciones y los partidos de los fondos públicos que reciben: el Tribunal de Cuentas. Un organismo imprescindible para fiscalizar qué se hace con el dinero de todos pero que sigue siendo un “gran desconocido” para el gran público, reconocen en su cúpula.  

La instalación ha tenido un coste de 12.627 euros —el espacio está cedido por Metro de Madrid— y forma parte de un giro en la estrategia exterior del ente que coincide con la conmemoración de los 40 años de la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1982 y la renovación de sus consejeros. Desde hace casi año y medio el organismo tiene una mayoría progresista y está dirigido por una mujer, la jurista Enriqueta Chicano, que fue asesora en Gobiernos del PSOE. En la actualidad cuenta con seis consejeros propuestos por los socialistas, cinco por el PP y uno de consenso. 

Según la ley, sus 12 consejeros son elegidos por el Congreso y el Senado –seis cada uno– por mayoría de tres quintos entre censores jurados de cuentas, magistrados, abogados o economistas de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. Pero en la práctica es una institución muy influenciada por los dos grandes partidos, que se ponen de acuerdo para repartirse los puestos cuando expira cada mandato, con una duración de nueve años. 

A pesar de su denominación, el Tribunal de Cuentas no es ningún juzgado y tampoco está sometido al Poder Judicial. Tiene encomendadas dos funciones principales. Por un lado, la fiscalización de los fondos públicos, con auditorías a partidos y organismos públicos, que no pasan por la lupa de Hacienda salvo que medie la intervención de un juez si hay sospechas de delito. Y, por otro, una jurisdicción contable para el enjuiciamiento de quienes causen menoscabo en los caudales públicos. Sus consejeros no pueden decretar penas de cárcel pero sí exigir multas millonarias aunque los condenados no se hayan sentado en el banquillo de los tribunales ordinarios por malversación. 

En 2021 se auditaron recursos públicos por valor de casi 400 millones de euros y las conclusiones de esa tarea se plasmaron en 34 informes, una media de casi tres al mes. Además, se resolvieron más de 600 asuntos en la jurisdicción contable. Por ejemplo, uno de sus últimos informes ha destapado el descontrol de los 2,5 millones en ayudas del Imserso a las asociaciones de mayores. Y en los últimos tiempos ha tenido especial protagonismo el procedimiento contra dirigentes independentistas por el desvío de fondos para la organización del 1-O y la promoción exterior del procés. Esa causa está todavía pendiente de juicio, pero el ente ya ha reclamado a los acusados 9,5 millones para asegurarse que cobrará en caso de sentencia condenatoria. 

La actividad del organismo no pasa desapercibida para las entidades del sector público que son objeto de sus auditorías ni para los legisladores que reciben sus informes. Pero la ciudadanía sí les conoce “poco”, reconoce Santiago Martínez Argüelles, director del Gabinete del Tribunal de Cuentas. El propósito de “acercar el conocimiento de la institución a la ciudadanía” está detrás de la tematización de la parada de metro y de otras iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos meses.

“La Comunidad de Madrid entendió el valor que podía aportar a los usuarios de Metro que una institución como la nuestra tuviera un espacio de divulgación en la parada de metro que lleva su nombre”, prosigue este alto cargo, que sostiene que el aniversario también “ha sido una buena excusa para abrir nuevas ventanas de comunicación”.

En la estación de Tribunal, los usuarios pueden visualizar unas puertas y ventanas abiertas que representan la sede del órgano fiscalizador. Y sobre un fondo uniforme de tonalidad clara, el viajero queda rodeado de símbolos numéricos y dibujos relacionados con el cálculo que se alternan con mensajes como “contamos para ti”, “nos importa lo público”, “controlamos el gasto público” o “trabajamos para ti”.

En el marco de estas acciones también destaca el nuevo formato de resúmenes de los informes de fiscalización, que tienen un diseño y una estructura más accesible y fácil de consultar. Y otras medidas en materia de transparencia, como la publicación del nombre de las formaciones políticas sancionadas por incumplimientos de la ley de financiación de partidos. Hasta el pasado septiembre, el organismo informaba del importe total de las sanciones pero sin detallar partidos, ni cantidades, ni la infracción cometida. 

Martínez Argüelles también destaca que en la Sección de Enjuiciamiento se están adoptando medidas que “contribuyan a un mayor y más fácil acceso a la información y al conocimiento del enjuiciamiento contable”. Y también da relevancia a los nuevos perfiles que el organismo ha abierto en redes sociales para volcar su actividad “compartiendo conocimiento e intentado divulgar”. “Estamos diseñando acciones para mejorar nuestra proyección exterior en base a la transparencia, cercanía, rigurosidad y ética”, afirma.

La excesiva politización y las sospechas de nepotismo han perseguido históricamente al organismo, lo que parece una pesada losa nada fácil de remover. ¿Lastran estos asuntos la credibilidad del órgano y su imagen exterior? “Lo único que podemos hacer y está en nuestras manos es explicarnos y abrir nuestras puertas, hacer nuestro trabajo lo mejor posible y en eso estamos”, dice Martínez Argüelles. 

“Sentimos que en ocasiones quizá se haya usado el nombre del Tribunal de Cuentas de forma interesada por distintos actores y se haya utilizado la institución como arma arrojadiza sin tener en cuenta los procedimientos y actuaciones que responden estrictamente al marco legal que regula nuestra actividad”, sostiene este alto cargo, que admite que “en otras ocasiones, quizá determinados hechos no fueron suficientemente explicados contribuyendo a crear una imagen distorsionada del Tribunal”. Pero insiste en que el actual equipo “está inmerso en un proceso de mejora continua” para “robustecer” su actuación “en todos los ámbitos”. 

Otra de las polémicas que han sobrevolado sobre el Tribunal de Cuentas es la lentitud que ha imperado en algunas ocasiones en sus tareas de fiscalización. Ejemplo de ello es lo que ocurrió en 2013, cuando la auditoría de las cuentas de los partidos llegó al Congreso con cinco años de retraso. En los últimos años el tribunal sí ha hecho un esfuerzo por acabar con esas desmesuradas demoras. Por ejemplo, los informes de fiscalización de las elecciones generales de noviembre de 2019 se publicaron en junio de 2021. Es decir, año y medio después y eso que entre media la activada del organismo se vio afectada por el impacto de la pandemia de la COVID-19. 

Martínez Argüelles recuerda que el Tribunal de Cuentas “tiene sus tempos”. Explica, por ejemplo, que en los procesos de alcance contable, el procedimiento está muy tasado por ley y existe la posibilidad de recursos primero en sala y finalmente ante el Tribunal Supremo. Por ejemplo, todavía no ha habido sanciones por los gastos del procés. Ni siquiera se ha celebrado el juicio, sólo la vista preliminar. “La jurisdicción contable es poco conocida, pero es un procedimiento absolutamente garantista para todos los casos que se instruyen”, reitera. 

El Tribunal de Cuentas vivió su mayor crisis reputacional en 2013 cuando se desveló que una buena parte de la plantilla estaba compuesta por familiares de altos cargos. De sus alrededor de 700 trabajadores, un centenar tenía lazos familiares con altos cargos del organismo y antiguos consejeros, según desveló El País. Por ejemplo, los dos últimos presidentes del comité de empresa acumulaban entonces 17 allegados colocados en el organismo. También algunos exconsejeros tenían varios familiares en plantilla. 

Pero son polémicas que se remontan a hace una década y que el nuevo equipo trata de dejar atrás. “Si en el pasado hubo decisiones o actuaciones que pudieron poner de manifiesto que existían ámbitos de mejora, el Tribunal de Cuentas ha venido adoptando desde hace años decisiones y reforzado sus procedimientos para fortalecerse institucionalmente. Las instituciones siempre están por encima de las personas que pasan por ellas, con sus aciertos y con sus errores”, sentencia Martínez Argüelles.