El consejero delegado de Sabadell cobró 2,5 millones en 2022 y el presidente, 1,7 millones

Termina una jornada marcada por la aprobación de la tercera entrega de fondos europeos a España, los datos del CIS de febrero o la polémica en torno a la reforma de la ley de 'solo sí es sí'. Antes de irnos, te dejamos por aquí otras noticias del día:

-La Inspección de Trabajo sanciona a Ryanair por no abonar el salario mínimo a los tripulantes de cabina: la Inspección de Trabajo ha comprobado que existen nóminas de los tripulantes de cabina inferiores al SMI vigente en el momento de la denuncia, por lo que es un sueldo ilegal. Por ello, ha iniciado procedimiento sancionador por una infracción grave en materia de relaciones laborales.

-Un millón de euros y coches de alta gama: las 'mordidas' y movimientos de dinero que señala la policía en el caso Mascarillas de Almería: el sumario del caso Mascarillas de Almería, al cual ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, calcula que Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación de Almería por el PP, habría cobrado cerca de un millón de euros en comisiones por la adjudicación de un contrato en pandemia.

-Luz verde a la extradición a EEUU de un joven que hackeó la cuenta de Twitter de Biden y extorsionó a famosos: la Audiencia Nacional acuerda entregar a 'Plugwalk Joe' por cinco delitos tras haber suplantado también las cuentas de Barack Obama y Bill Gates.

-Los familiares de una residencia propiedad de un fondo de inversión: “Mi padre con alzhéimer iba cagado hasta la cintura”: más de cien familiares de ingresados en una residencia de Ibiza han denunciado carencias como la deshidratación, la falta de higiene o errores en los medicamentos. Los centros de la isla están saturados y este, que recibe dinero público, cobraría entre 1.000 y 3.500 euros al mes por usuario.

-La Fiscalía archiva la denuncia contra las calles peatonales de Ada Colau al no ver delito alguno: nuevo fracaso de los detractores de Ada Colau de trasladar a la vía penal sus discrepancias políticas con el consistorio. La Fiscalía ha archivado la denuncia del colectivo Salvem Barcelona contra los Ejes Verdes del consistorio, el proyecto más ambicioso de peatonalizaciones en la capital catalana conocido popularmente como las 'supermanzanas'.

Así terminamos por hoy, ¡buen fin de semana, hasta el lunes!

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la patronal del sector, ha pedido al Gobierno que prorrogue el sistema de revisión excepcional de los precios de los contratos de obras públicas, ante su vencimiento el próximo mes de marzo, y que amplíe las condiciones para que más contratos se puedan acoger a este reequilibrio.

Este sistema de revisión de precios se puso en marcha el pasado año como consecuencia de la espiral de inflación derivada de la guerra en Ucrania y el mayor coste de las materias primas. Un contexto que, según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, provocó la disolución de cerca de 6.400 empresas del sector de la construcción, un 17% más que un año atrás.

La patronal solicita que se elimine el requisito de que los precios hayan tenido que subir un mínimo del 5% para que se aplique la revisión o el límite del 20% de subida del presupuesto actualmente en vigor.  

Fernández Alén ha criticado, según recoge Europa Press, que muchas corporaciones locales no se acogen al sistema de revisión, no actualizan precios o no contestan a las reclamaciones, “abusando del silencio administrativo negativo del sistema para no tener que abonar dicha revisión”.

Lo cuenta Cristina G. Bolinches.

El sindicato médico Amyts ha anunciado este viernes la convocatoria de huelga para los facultativos de Atención Hospitalaria los días 1 y 2 de marzo “ante la negativa” de la Consejería de Sanidad a abrir negociaciones para abordar sus reivindicaciones. A estas dos jornadas de huelga están llamados todos los facultativos de los hospitales adscritos al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Hospital Universitario de Fuenlabrada y de la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR).

Esta convocatoria de huelga, que se suma a la que desde el 21 de noviembre llevan a cabo médicos y pediatras de Atención Primaria, se produce después de que el sindicato Amyts haya registrado de forma oficial varias peticiones al departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para abrir vías de diálogo y fijar un “calendario de reuniones” sobre sus peticiones.

El objetivo final, ha explicado Amyts, es el de alcanzar “acuerdos y soluciones en algunos de los múltiples temas propuestos y pendientes de solución desde hace años”. No obstante, según remarcan desde el sindicato médico, “no ha habido convocatoria alguna” por parte de la administración regional. “Los facultativos especialistas de hospitales de la Comunidad de Madrid tenemos a nuestras espaldas un largo historial de agravios que no han visto acuerdo ni solución, salvo lo conseguido tras victorias judiciales (carrera profesional, descanso guardia de sábados)”, se ha recordado desde el Sector Hospitalario de Amyts.

Informa Europa Press.

Ayuso prohíbe los carteles a favor de la huelga de atención primaria en los centros de salud de Madrid

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes en declaraciones a los medios que Sumar, la plataforma política que está diseñando para aglutinar a la izquierda en las próximas generales, se está reuniendo con “todos los partidos, incluido Podemos”.

“Yo le pediría a todas las formaciones políticas que dejen trabajar a Sumar. Sumar se está reuniendo con todas las formaciones políticas, incluido Podemos”, ha sostenido la ministra de Trabajo preguntada por las palabras de Irene Montero este jueves en las que apremiaba a Díaz a que ultime su plataforma. “Vamos tarde”, dijo ayer la ministra de Igualdad en una entrevista en Radio Euskadi.

Informa Alberto Ortiz.

El PP ha pedido este viernes la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, para “que informe sobre las gestiones y conversaciones que ha realizado, así como la información que haya podido recabar, sobre el presunto delito de corrupción que está investigando la Fiscalía de Barcelona por las posibles irregularidades del Fútbol Club Barcelona y el Comité de Árbitros”. Así figura en la petición, registrada por la portavoz del grupo en la Comisión de Deporte, María De Las Mercedes Cantalapiedra.

La Fiscalía de Barcelona investiga un posible caso de corrupción entre particulares, en este caso el Fútbol Club Barcelona y una empresa propiedad del exárbitro José María Enríquez Negreira. En total, Negreira recibió un total de 1,4 millones de euros abonados por el equipo barcelonés entre 2016 y 2018, cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol (lo fue desde 1994 hasta ese año). La empresa investigada, DASNIL 95 SL, es propiedad de Negreira y su hijo Javier Enríquez Romero consta como administrador único.

Informa Aitor Riveiro.

La Fiscalía investiga por corrupción los pagos del Barcelona a una empresa del exvicepresidente de los árbitros

El 32% de los españoles cree que Podemos es el partido que más está haciendo por apoyar la igualdad en España. Así se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de febrero, en el que las personas entrevistadas otorgan al PSOE el segundo lugar a este respecto, con un 18%. A la cola de estos trabajos por la igualdad, más del 50% de los encuestados (52,8%) colocan a Vox.

Sobre esta cuestión, el CIS también ha preguntado si sirven o no las manifestaciones por la igualdad, como la que se celebra el 8 de marzo. Concretamente sobre esa, el barómetro centra una cuestión. Para el 50% de los españoles sirve “de poco” (30,7%) o de “nada” (18,1%), mientras que un 18,3% las ve “muy útiles” o un 27,8% “bastante útiles”.

Finalmente, sobre cuánto falta para lograr la igualdad o si ya ha llegado, el 70% de los encuestados cree que queda “mucho” (36,5%) o “bastante” (34,1%), mientras que tan solo el 13,8% afirma que ya se vive en esa situación de igualdad.

Aprobada definitivamente la ley trans que avala la autodeterminación de género

La compraventa de viviendas registró en 2022 un aumento del 14,7% respecto al año previo, hasta un total de 649.494 operaciones. Se trata de la mayor cifra de transacciones desde 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las transacciones de viviendas de segunda mano aumentaron un 17,7%, hasta rozar las 533.000 operaciones. Mientras, las de vivienda nueva crecieron un 2,6%, a 117.000 inmuebles.

Pese a esta evolución al alza, diciembre fue un mes de caídas. En el último mes del año, la compraventa de viviendas bajó un 10,2% en relación a diciembre de 2021, hasta sumar 43.370 operaciones. Con este descenso, se pone fin a 21 meses consecutivos de alzas interanuales. Si se comparan las operaciones de diciembre con las de noviembre, la caída es del 21%, el mayor retroceso en este mes en al menos cinco años.

Información de Cristina G. Bolinches.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este viernes el trabajo del Ejecutivo de coalición pese al choque vivido entre sus dos alas a cuenta de la reforma del ‘solo sí es sí’. “Lo importante es reivindicar lo hecho y lo que nos queda por hacer, que es mucho”, ha dicho en rueda de prensa junto a su homólogo esloveno tras la mini gira europea de esta semana.

Sobre la reforma en cuestión, Sánchez ha insistido en que mantener el consentimiento en el centro de la norma es “perfectamente compatible con resolver la alarma social generada”. “En eso está el Gobierno y en particular el grupo parlamentario socialista”, ha señalado. Preguntando expresamente por la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuyo departamento se ha mostrado especialmente crítico con el PSOE por la propuesta de reforma planteada, el presidente ha insistido en que está “orgulloso del trabajo que hacen todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España. Nos queda mucho por hacer”, ha concluido.

Información de José Enrique Monrosi.

Sánchez descarta la ruptura de la coalición pero ordena no ceder ante Podemos en la reforma del 'solo sí es sí'

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este viernes que el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide condenar por delitos de malversación agravada para Josep Maria Jové y Lluis Salvadó por los preparativos del 1-O, es “una prueba más” de que los hechos que se produjeron en Catalunya en 2017 siguen siendo delito a día de hoy, como “siempre” defendió el Gobierno, ha indicado.

Bolaños ha sido cuestionado a este respecto, después de que la Fiscalía reclamara siete años de cárcel para Jové, que durante el procés era el secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat y seis años y tres meses de prisión para Salvadó, exsecretario de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona.

Así, Bolaños ha opinado que a quien se debería cuestionar hoy es a aquellos que dijeron que con la reforma del Código Penal se “despenalizaban” estos hechos y ha expresado el “total respeto” del Gobierno a todas las instituciones, tanto la Fiscalía General del Estado y a los órganos judiciales en las investigaciones que se han producido y que se siguen produciendo.

Con información de Europa Press.

La Fiscalía pide siete años de cárcel a la mano derecha de Junqueras al mantener la malversación agravada

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el modelo de atención primaria “está pensado en los años ochenta, con ciertas derivadas de un modelo que venía del modelo sanitario cubano” y que “ahora ya tiene que evolucionar”: “En Reino Unido, el modelo de Atención Primaria es un modelo puro de enfermería y aquí vamos evolucionando a ese modelo por razones lógicas”, dijo este jueves en una charla con afiliados en la sede del PP del barrio de Salamanca, que ha publicado El País.

Escudero defendió también que “con la salud digital se va a poder suplir mucho lo que es el trabajo presencial”. “Este modelo tiene que evolucionar y tiene que trabajar en coordinación con los hospitales. Pero, claro, para eso tiene que haber un ministerio que lidere, que hasta que no lleguemos nosotros no vamos a lograr”, añadió.

“En este distrito padecisteis la manifestación del domingo”, expresó al referirse a la huelga de médicos de familia y pediatras, que lleva activa desde el pasado mes de noviembre. El consejero de Sanidad de Ayuso aseguró que los convocantes “están en contra de todo” y que las protestas responden “a una estrategia de la izquierda perfectamente orquestada con el sindicato Amyts para vergüenza de los médicos”.

Escudero reconoció, no obstante, que la atención primaria se ha “resentido” después de la llegada de la COVID-19, aunque no asumió el problema: “Quieren estirar la huelga y hacer daño. Los números de la sanidad madrileña mejoran en todo”, dijo, obviando, entre otras cosas, que Madrid se encuentra a la cola en inversión sanitaria.

Madrid, Andalucía, Catalunya y Murcia, a la cola del gasto por habitante en Sanidad y Servicios Sociales

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos –En Comú Podem– Galicia en Común ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados en la que pide al Gobierno abordar la manera de evitar que Ayuntamiento y Comunidad de Madrid cedan suelo público para la creación de centros educativos privados o concertados. Algo que, aseguran, están haciendo estas administraciones “de forma totalmente gratuita”.

La formación se centra en Valdebebas, Vallecas y Vicálvaro donde, expresan, hay un valor total de suelo público de 29 millones y Ayuntamiento y Comunidad están llevando a cabo “maniobras jurídicas” para ceder “suelo público a empresas privadas” y crear colegios concertados. “El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid desoyen así las demandas de sus propios vecinos y vecinas, que llevan años reclamando más centros públicos en sus barrios, y que ven cómo impera la falta de inversión en infraestructuras públicas”, denuncia el grupo confederal, que añade que en Valdebebas solo hay dos colegios públicos “que se encuentran ya saturados”.

Unidas Podemos –En Comú Podem– Galicia en Común pone el acento en que las dos administraciones madrileñas “burlan la ley”. Así, expresan que la LOMLOE establece que “la cesión de suelo de manera gratuita solo podrá hacerse si el centro educativo es público, y no para régimen de concierto ni privado”.

Por eso, expresan, el Ayuntamiento “ha firmado un convenio por el que cede los terrenos a la Comunidad de Madrid”, que promueve la construcción de los centros, tratando de ampararse “en la Ley Maestra de Libertad Educativa”, aprobada en la Asamblea, que le confiere, poder para “convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros privados sostenidos con fondos públicos sobre suelo público dotacional”. “En definitiva, se escapa por completo del sentido ético y político que aúna todo el territorio en la defensa de la educación pública y de calidad”, denuncia el grupo.

La Conferencia Episcopal (CEE) se ha mostrado sorprendida por la petición de la Fiscalía de informes sobre pederastia en la Iglesia: “A la vista de las funciones recogidas en el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, produce extrañeza esta solicitud”, ha expresado en un comunicado en el que ha respondido a la información de que cuatro de 70 diócesis hayan aportado documentación a la Fiscalía sobre casos de abusos y tan solo 29 hayan respondido.

En la nota, el organismo ha asegurado “ya se han remitido” al ministerio fiscal los testimonios recabados de menores y ha subrayado que tanto la CEE como las diócesis “mantienen una decidida relación de colaboración con la Justicia”, en los límites que “permite la ley”.

Así, ha defendido que las diócesis comunican a las fiscalías las denuncias de menores recogidas en las oficinas “en cuanto tienen conocimiento de ellas” y ha llamado a los poderes del Estado “a trabajar conjuntamente en favor de todas las víctimas”.

Solo 4 de 70 diócesis han informado a la Fiscalía sobre casos de abusos sexuales

¡Buenos días! Arranca una jornada que continúa marcada por las tensiones en lo que rodea a la reforma de la ley de 'solo sí es sí'. Te dejamos por aquí algunos temas de la edición de este viernes de elDiario.es:

-Solo 4 de 70 diócesis han informado a la Fiscalía sobre casos de abusos sexuales: a finales del pasado mes de noviembre, la Fiscalía pidió a un total de 70 diócesis información sobre casos de pederastia de los que tuvieran conocimiento a través de las oficinas de atención a víctimas que obligó a abrir el papa Francisco. A día de hoy, han respondido 29 –menos de la mitad– y solo cuatro de ellas han aportado datos.

-Sánchez descarta la ruptura de la coalición pero ordena no ceder ante Podemos en la reforma del 'solo sí es sí': la falta de acuerdo en la reforma de la ley de 'solo sí es sí' crea tensiones en el seno del Gobierno. Mientras los socios reconocen abiertamente que se está produciendo el momento más delicado de la convivencia, el presidente Pedro Sánchez descarta tomar decisiones drásticas que lleven a un adelanto electoral y a dar sensación de fracaso en esta forma de gobernar.

-Europa considera “injustificados” más de 300 permisos de ocupación de la costa ampliados por la amnistía del PP: desde que, hace diez años el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) permitió prorrogar casi automáticamente durante décadas las ocupaciones que iban a caducar de fábricas, chiringuitos o pasarelas en la costa, 346 de estos permisos han sido alargados de manera “injustificada”, según califica la Comisión Europea.

-El jefe de la patronal cobra siete veces más que los líderes de los sindicatos mayoritarios: mientras que Antonio Garamendi percibe un salario de casi 400.000 euros anuales, desde CCOO informan de que Unai Sordo gana 55.530, y en UGT informan de que Pepe Álvarez cuenta con un sueldo de 48.800.

-El riesgo de estampida en Ciudadanos se traslada al Congreso: el creciente malestar interno entre los diputados afines a Bal con Inés Arrimadas y el único diputado que le es fiel, Guillermo Díaz, no se disimula, hasta el punto de que algunos no descartan abandonar el acta y volver a la vida privada antes de que acabe la legislatura.