El juez señala que Urdangarin se aprovechó de su parentesco con la Casa Real en sus negocios
Directo y sin tapujos, el juez que investiga a Iñaki Urdangarin dictó ayer un auto en el que por primera vez señala su “parentesco” con la Casa Real como el factor decisivo que permitió a su pretendida ONG, Instituto Nóos, embolsarse sin obstáculo 5,8 millones de los gobiernos de Valencia y Baleares.
Gracias a su pertenencia a la familia del rey, aduce el magistrado José Castro, el marido de Cristina de Borbón logró que dos Ejecutivos autonómicos se saltaran la Ley de Contratos y aceptaran presupuestos “impuestos” por el duque y su socio y cuyo carácter define el auto como “ridículo”. El juez da así una vuelta de tuerca al caso al retratar situaciones típicas del delito de tráfico de influencias, hasta la fecha no atribuido a ninguno de los imputados.
El artículo 429 del Código Penal castiga con hasta dos años de cárcel y fuertes multas al particular que prevaliéndose de sus relaciones personales con una autoridad obtenga una resolución favorable para sus intereses económicos. De aplicarse ese precepto, se agravaría el horizonte penal de Urdangarin, ya imputado por presunto blanqueo, malversación, prevaricación, falsedad y fraude a la Administración.
Es al relatar las similitudes entre las circunstancias que rodean los convenios que el Instituto Nóos firmó con la Generalitat valenciana y el Gobierno balear para distintos eventos turístico-deportivos cuando el juez abre la caja de los truenos y aborda la conexión familiar de Urdangarin con la Corona, central para entender el caso pero soslayada formalmente en las resoluciones dictadas hasta ahora: “Tanto en un sitio como en otro [las dos comunidades citadas] se aprovecha el área de influencia que despliega el parentesco de don Iñaki Urdangarin Liebaert con la Casa Real para acudir a altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables y obtener adjudicaciones de organizaciones de eventos”.
El magistrado llega aún más lejos cuando afirma lo siguiente: que “con las mismas excusas”, es decir, el parentesco, tanto en Valencia como en Baleares “se desprecia la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”. Es más, el magistrado subraya que ni las administraciones valenciana ni balear se molestaron en exigir “rendición de cuentas” a Urdangarin y su socio, Diego Torres, por las subvenciones obtenidas.
El juez despliega todos esos argumentos antes de desestimar la petición de tres imputados de Valencia para que, en lo referido a los convenios con la Generalitat, el caso pase a los juzgados de esa ciudad.
Hasta la fecha, Urdangarin y su socio, Diego Torres, están imputados por cinco delitos: blanqueo de capitales, malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración. Anticorrupción se encuentra a la espera de un nuevo informe de Hacienda que podría acarrear a Urdangarin y Torres una nueva imputación: la de delito fiscal, con independencia de que Luxemburgo y Suiza cooperen o no bloqueando las cuentas allí detectadas, y cuya titularidad real atribuye Anticorrupción al yerno del rey y a su antiguo profesor en la escuela de negocios Esade.
A tenor de los datos conocidos hasta la fecha, los dos exsocios aún podrían tener ocultas en esos dos países –pero por separado- cuentas cuyos depósitos sobrepasarían el millón de euros.
En principio, y salvo viraje total, Anticorrupción solicitará para Urdangarin y Torres antes de fin de mes una fianza civil millonaria cuya cuantía aún se encuentra pendiente de ser determinada. Esa fianza no busca que el dúo que comandaba Instituto Nóos eluda la prisión –no posee carácter penal– sino garantizar el depósito preventivo del dinero supuestamente malversado.
