Villarejo propone al juez varios sistemas de control telemático para que le permita salir de prisión
La defensa del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo ha solicitado a la Audiencia Nacional que le ponga en libertad con medidas cautelares “reales”. Entre ellas, propone “someterse a algún mecanismo de control telemático”, visitas diarias de la Guardia Civil a su domicilio, un sistema de reconocimiento biométrico de la voz e “incluso” localización permanente en su vivienda de Boadilla del Monte (Madrid).
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, fue registrado el pasado viernes en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde el magistrado de refuerzo Diego de Egea, que instruye el llamado 'caso Tándem' sobre las actividades presuntamente ilícitas de Villarejo, llevaba tiempo estudiando la posibilidad de ponerle en libertad con algún tipo de medida de control telemático o arresto domiciliario, según avanzaron fuentes jurídicas.
Se da la circunstancia de que este juez, que ya ha dado traslado de la petición de Villarejo a la Fiscalía Anticorrupción para que informe, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, dejará la causa el 31 de diciembre, después de haber renunciado a su posición como refuerzo alegando “motivos personales”. Podría así no ser él quien decidiese sobre la libertad del comisario, en prisión desde noviembre de 2017 sospechoso entre otros, de delitos de organización criminal, extorsión cohecho y blanqueo.
El abogado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, enumera en su escrito todas las posibilidades que ofrece Instituciones Penitenciarias de vigilancia telemática, si bien reconoce que están previstas para condenados y no para preventivos, como es el caso de Villarejo, aunque “tampoco está prohibido” si cuenta, como sería el caso, con el consentimiento expreso del afectado.
Visitas policiales, pulsera o registro de voz
En primer lugar, propone que se le prohíba abandonar el territorio nacional, entregue su pasaporte y comparezca todos los días en un juzgado o ante la Guardia Civil, aunque “en atención a la previsible presencia de terceros en el entorno del domicilio” plantea que un agente le visite a diario “en el propio domicilio”.
“Subsidiariamente y de no accederse a la anterior petición, el investigado acepta expresamente y así lo ratificaría personalmente en el mismo momento en que se acordara su libertad, someterse a algún mecanismo de control telemático con el alcance que el tribunal considere”, dice el escrito de la defensa, que apunta a algunos de los métodos aplicados a condenados a alejamiento por violencia de género o a los condenados por delitos sexuales.
En particular, sugiere “un régimen de localización permanente limitado debiendo permanecer en su domicilio de Boadilla del Monte todos los días desde las 23 hasta las 7 horas del día siguiente”, en línea con el tercer grado penitenciario sujeto a pulsera de localización telemática, aunque “incluso esta parte acepta si así se considera necesario y con un carácter absolutamente subsidiario una inicial localización permanente en el reseñado domicilio familiar”.
La defensa también apunta que la justicia debe 'adaptarse' a las nuevas tecnologías y alega que estas pueden utilizarse para garantizar la “localización permanente” de Villarejo. Por ejemplo, un control de “entre cinco y ocho llamadas al día de forma aleatoria” al domicilio pidiéndole que repita una frase, a fin de que “un sistema de verificación biométrica de voz” constate que es él quien coge el teléfono de su domicilio.
Con todo, aseguran que por encima del riesgo de fuga hay riesgo para su salud, alegando por primera vez esta circunstancia para solicitar la libertad. “Tiene que visitar diariamente la enfermería”, explican, para controlarse la tensión, que presenta “extrema vulnerabilidad espinal” y “deterioro clínico significativo” y cita un informe médico según el cual, se encuentra en una “situación de potencia inestabilidad física y neurológica”.
Para la defensa de Villarejo, su permanencia en prisión no ha evitado que se esté produciendo lo que califica como “el juicio paralelo más grave de la democracia” con su cliente, por la “grosera vulneración del secreto sumarial” y, en particular, “las filtraciones sistemáticas y dirigidas del sumario”. “Debería llevar a buscar otros medios para intentar reconducir la causa”, plantea.
Villarejo insiste en su “inocencia”
Para la defensa, todo esto “minimizaría ese hipotético riesgo de fuga” por el que la Audiencia Nacional le ha venido negando la libertad. La última vez, el pasado mes de noviembre, cuando la Sección Tercera dijo además que existía riesgo de destrucción de pruebas y que podía conservar capital oculto en extranjero.
El abogado sostiene que Villarejo, de 67 años, no tiene interés en fugarse porque está seguro de su “inocencia”, dado que sus actividades mercantiles “estaban autorizadas materialmente por sus superiores” a quienes emitía “continuos informes y notas de inteligencia”, y que “toda la actividad empresarial de CENYT era conocida y consentida por los máximos responsables de la Policía y del Ministerio del Interior porque sirvieron para realizar actividades policiales encubiertas”.
“Así lo han manifestado mediante tres declaraciones escritas todos los Directores Generales Operativos de la Policía Nacional vivos a cuyo mando ha servido como Comisario Jefe de la Brigada de la Dirección Adjunta de la Policía”, dice en referencia a Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino, que presentaron escritos sobre este asunto en la Audiencia Nacional a iniciativa de la defensa el pasado mes de enero.
Pide además “que esta no sea una investigación prospectiva que abarque prácticamente toda la vida del investigado en una desatada búsqueda de delitos que imputarle”, cosa que en su opinión está ocurriendo porque se han abierto ocho piezas separadas a partir de la documentación que se le intervino a su detención.
Como en peticiones anteriores, alega también que no hay riesgo de destrucción de pruebas porque están bajo custodia judicial y policial y en cuanto al material encriptado, sobre el que se mantiene el secreto en la causa, asegura que “desconoce las claves de acceso” al mismo.
