Ximo Puig pide en Madrid “un sistema justo de financiacion” flanqueado por las principales instituciones valencianas
Flanqueado por el presidente de Les Corts, Enric Morera, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, los cinco rectores de las universidades públicas de la comunidad, el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig se presentó en Madrid para exponer lo que él llama “el problema valenciano”.
El Círculo de Bellas Artes, en el corazón de la capital, fue el altavoz utilizado por la clase política valenciana para clamar “por una financiación justa” para una comunidad “que recibe 11 puntos menos de fondos por habitante que la media de autonomías, sin contar las del régimen foral”.
Los representantes de las principales instituciones valencianas –estaban los alcaldes de Valencia, Joan Ribó, y de Alicante, Gabriel Echavarri- que se subieron al atril se esforzaron en intentar difuminar la hemeroteca reciente de escándalos y corrupción que sacudió a su territorio durante largos años de Gobiernos del PP. Puig lamentó que el “tópico autoimpuesto del Levante feliz” haya invisibilizado el problema de financiación que sufre su Comunidad y subrayó que este es “un problema de Estado porque se está incumpliendo la Constitución”. Puig defendió esa tesis con el argumento de que la diferencia de financiación discrimina a los habitantes de territorios por el mero hecho de vivir en ellos y puso como ejemplo Valencia.
El presidente de la Generalitat reclamó al Ejecutivo central la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para que el Gobierno de Mariano Rajoy y las autonomías tengan una “única voz que sea tenida en cuenta y exigir a Europa ”una aplicación flexible de los objetivos de déficit“. Y dio por hecho que si la UE acaba castigando a España por incumplir los principios de austeridad con la congelación de los fondos estructurales quien lo acabará pagando serán de nuevo las autonomías que son las que reciben esas ayudas comunitarias.
Sin pretender una imagen “victimista” -“no queremos buscar problemas fuera, no queremos endosar a otros los problemas del pasado, la factura de la corrupción debemos asumirla”- , el presidente valenciano reivindicó una reforma urgente del sistema de financiación. “Valencia es la única comunidad pobre que paga como las ricas”, aludió a un “problema de muchos años”. Puig tiró de macroeconomía, recordó que Valencia es la segunda comunidad que más exporta, y que crece por encima de la media española, y luego comprometió: “Ofrecemos nuestro trabajo, no reclamamos privilegio, solo que cesen las hostilidades y se nos trate con justicia”.
Su discurso, con un marcado tono autonomista, reclamó corresponsabilidad para las comunidades en las decisiones económicas. “Somos estado y la decision de lo que conviene a España no debe ser monopolio del Gobierno central”, aseguró en una alocución que solo se refirió a la situación política española para recordar que “se ha perdido un año entre aritméticas y falta de capacidad de diálogo”. Puig evitó dedicar una palabra a la crisis abierta en su partido, el PSOE, que derivó en la creación de una gestora, en un acto puramente institucional que concentró representantes de todos los partidos políticos valencianos, incluido el PP, que habían firmado el manifiesto “Per un finançament just”.
También Mónica Oltra, que precedió a Puig en la palabra, aludió al país de formulas 1, lujo y ostentación que pretendió vender el Partido Popular en la última década. “Lejos de esa imagen que alguien se empeñó en difundir del Levante feliz a bordo de Ferraris y yates de lujo, late una población castigada fruto de una injusticia que hay que reparar”, aseguró la vicepresidenta Oltra, que calificó la situación de su comunidad de “anomalía democrática”. Oltra desplegó una madeja de cifras para recordar que el dinero adicional que según sus cálculos debe recibir la Comunidad Valenciana del Estado supera el presupuesto anual de la Consejería de Igualdad que preside y que se encarga de las políticas sociales.
Oltra defendió que cinco millones de habitantes, el censo de la comunidad, están recibiendo del Estado 258 euros menos cada año que la media de los vecinos que residen en comunidades de régimen común. La vicepresidenta del Consell concluyó que “se está discriminado a los valencianos por el lugar donde viven”, o lo que es lo mismo: “Se está incumpliendo la Constitución”.
Argumentos similares desplegó su compañero de partido en Compromís, el president de Les Corts Valencianes, Enric Morera, y el catedrático Francisco Pérez, portavoz del grupo de expertos que elaboraron el informe comparado sobre financiación encargado por el Gobierno valenciano y que concluye, entre otras cosas, que las comunidades forales, Euskadi y Navarra, pueden invertir un 14% más en Sanidad y un 38% más por alumno en Educación que Valencia.
El acto, a media tarde, concentró a una nutrida representación de lo que se ha dado en llamar sociedad civil, con el presidente de la CEOE, Joan Rosell a la cabeza, el secretario general de Comsiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y los presidentes de empresas como Caixabank, Porcelanosa, Microsoft Ibérica y BP Oil España.
