La mina Cobre las Cruces presenta a los sindicatos un plan de medidas para regular el empleo

La dirección de la empresa canadiense First Quantum, que gestiona la mina Cobre Las Cruces (CLC) en Gerena (Sevilla), ha presentado a los sindicatos una serie de “medidas de carácter temporal” para regular el empleo en la compañía minera, que los representantes de los trabajadores definen como Expediente de Regulación de Empleo (ERTE).

Se trata de unas medidas que afectarán a parte de sus 267 trabajadores, como hizo público este martes el delegado sindical de CGT en la mina, José Manuel Amores, durante una concentración celebrada a las puertas de las instalaciones mineras.

Las dos partes admiten que la producción ha descendido notablemente tras el deslizamiento de tierra que se produjo en su corta al aire libre el pasado 23 de enero, aunque los sindicatos no admiten los despidos y apuestan por mantener los puestos de trabajo.

Amores ha señalado que la empresa se ha reunido con el comité de empresa “para comunicarles que la situación ha cambiado, y que ahora hay un ERTE encima de la mesa, una desagradable sorpresa con la que nos hemos encontrado”, aunque “no ha puesto números sobre la mesa, porque tienen que hacer un reajuste de la plantilla y no nos han dicho cuántos trabajadores estarían afectados.

El representante de los trabajadores ha señalado que los empleados entienden que hay “indicios de que la mina va a cerrar, porque tras el  derrumbe parece que es a lo que está encaminada la situación”.

No obstante, ha rechazado que se puedan producir despidos, “ya que la mina está produciendo, a un ritmo menor, es cierto, pero esta trabajando, por eso nos extraña que se planteen despidos”.

“Son medidas temporales”

Por su parte, la dirección de la empresa señala que se ha acordado con los sindicatos “empezar a negociar posibles medidas de carácter temporal”, y que este martes se ha desarrollado “la primera reunión de la comisión de empleo, y se ha acordado empezar a negociar sobre posibles medidas de carácter temporal, pero no se han dado detalles, ni cifras”.

La empresa sostiene que “se ha analizado la situación ocurrida tras el derrumbe, y se van a ver las medidas a analizar en el ámbito laboral, que ahora mismo siempre son medidas temporales”.

Sobre la mesa, los trabajadores ponen la posibilidad de que se pueda retirar la tierra deslizada y volver a la normalidad en la mina. José Manuel Amores señala que, tras consultar con los topógrafos que trabajan en la zona “nos han dicho que fue un corrimiento en un plano, y en teoría no hay mezclas de diferentes estratos, de modo que parece menos malo, pero no hay transparencia por parte de la mina en este sentido”.

Ecologistas exige una investigación

El deslizamiento de tierra del 23 de enero no está claro para Ecologistas en Acción, que ha exigido una investigación independiente que determine si Cobre las Cruces pudo tener algún conocimiento previo de la inestabilidad de las instalaciones y taludes desplomados, y si pudo poner en riesgo la seguridad de las personas que trabajan en la mina.

El colectivo desconfía, según señala en un comunicado, de las entidades designadas para investigar el accidente y propone al organismo público CEDEX, y “solicita que se comprueben los avales y garantías que la empresa tiene la obligación de tener para hacer frente a sus posibles responsabilidades, y que se ordene el sellado del acuífero aflorante en la corta minera de manera cautelar”.

La denuncia se registró el pasado 8 de febrero en el seno de las diligencias previas iniciadas en septiembre de 2018 a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, que a su vez se basaba en una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción en enero de 2018, en relación a la construcción de la primera galería subterránea de la mina de Gerena.

El agua subterránea

En aquella denuncia, Ecologistas en Acción afirmaba que se podría estar produciendo una detracción ilegal de aguas subterráneas de entre 977.616 y 1.578.552 m3/año, mientras que el dirigente Mark Wayne Roebert, de la multinacional canadiense First Quantum –propietaria de CLC-, había aportado en julio de 2017 a la autoridad minera una nota aclaratoria donde garantizaba que no se produciría ninguna detracción ni derivación de aguas subterráneas.

Para Ecologistas en Acción “resulta evidente que la CLC aportó datos falsos a las autoridades mineras para obtener, de manera fraudulenta, los permisos de construcción de la galería subterránea que ahora ha sido sepultada por el desplome de la mina”.

Por eso, considera “que resulta imprescindible investigar ahora la relación entre esta sobreexplotación continuada del acuífero y el colapso de la mina del pasado 23 de enero de 2019, y mientras dura esa investigación, solicita que, de manera cautelar, se ordene el sellado del acuífero aflorante en la corta minera, para evitar su inundación con aguas ácidas de contacto y la contaminación del acuífero”.