La Fiscalía pide hasta 12 años de cárcel para nueve acusados por fraude en cursos de formación

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado penas de entra 6 y 12 años de cárcel para el empresario José Sivianes Sánchez --propietario de la empresa Formación Integral para el Empleo-- y otros ocho acusados en relación con las ayudas que recibió el empresario en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados, tratándose de la primera investigación judicial relacionada con el fraude en las actividades formativas en Andalucía en la que el Ministerio Público formula su escrito de acusación.

En este escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita 12 años de cárcel para José Sivianes como autor de dos delitos de fraude de subvenciones y cooperador necesario de un tercer delito continuado de falsedad en documento mercantil, mientras que para los otros ocho acusados pide penas de entre 6 y 8 años por estos mismos delitos.

De igual modo, la Fiscalía solicita que todos los acusados por estos dos delitos de fraude de subvenciones, entre los que se encuentra un hijo del ex alcalde de Lebrija Antonio Torres, indemnicen conjunta y solidariamente con 2.750.627 euros a la Junta de Andalucía, mientras que también solicita que la mercantil Formación Integral para el Empleo pague una multa de 5.501.254 euros.

El Ministerio Público relata que José Sivianes y la mercantil Formación Integral para el Empleo “desarrollaban una misma actividad a pesar de presentarse en el tráfico jurídico como dos empresarios legalmente diferenciados”, ya que ambos “se dedicaban a impartir cursos de formación profesional, en su mayoría subvencionados por la Junta, contando ambos con las mismas fuentes de ingresos, los mismos proveedores y los mismos locales destinados a la impartición de los referidos cursos de formación”.

A finales de 2010, y a raíz de que la Junta resolvió a favor de Sivianes la concesión de subvenciones que tenían como mismo objeto la realización de cursos de formación profesional para el empleo “de una cuantía sustancialmente mayor de las que normalmente habían sido beneficiarios años atrás”, el propio Sivianes y la mercantil referida, “puestos de común acuerdo y con ánimo de enriquecerse injustamente, crearon entre 2011 y 2012 una estructura organizativa destinada únicamente a apropiarse en beneficio propio de las dos terceras partes del importe recibido de las subvenciones, sin destinarlo así a los fines para los que la misma fue concedida”.

“SIMPLES TESTAFERROS”

Según expone la Fiscalía en este escrito consultado por Europa Press, esta estructura organizativa “se basaba en una doble vía”, de manera que, en primer lugar, “incrementaban ficticiamente los gastos empleados en la docencia mediante la subrogación para tales servicios de terceros también acusados, los cuales realmente no prestaron por sí mismos los servicios de gestión de docencia para la que se subrogaron, ya que de facto dicha actuación la realizaban directamente” Sivianes y su mujer, actuando tales terceros “como simples testaferros”.

El Ministerio Público precisa que, en segundo lugar, “incrementaron también ficticiamente los gastos de suministro de material didáctico valiéndose de otros terceros también acusados, que emitieron facturas y presupuestos que no se correspondían con prestación de servicios alguna”, de modo que los acusados “lograron apoderarse de un total de 336.699 euros en 2011 y de 2,4 millones en 2012, del importe total de 3,7 millones que en el año 2011 ingresaron” José Sivianes y su empresa en concepto de subvenciones para realizar cursos de formación concedidas a finales de 2010.

A juicio del fiscal, esta estructura “falsaria” fue organizada por los acusados “aprovechando el sistema de justificación de la subvención” que recoge el decreto por el que se regula la ordenación de la formación profesional para el empleo en Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas, en base a la cual la Junta, una vez concedida la subvención a aquellos que reunían los requisitos necesarios para ello, adelantaba el 75 por ciento del importe de la misma.

De su lado, y dentro de los tres meses siguientes a la finalización de las acciones formativas, el beneficiario debía presentar una cuenta justificativa de los gastos acompañada de un informe de auditor externo, quedando aplazado el abono del 25 por ciento restante al momento posterior en que el beneficiario haya justificado el haber utilizado dicho 75 por ciento en la finalidad prevista.

“FICTICIO”

A su vez, y para la justificación de dichas cantidades, la Junta permitía que el 80 por ciento de las mismas se realizase con cargo a la docencia y el 20 por ciento restante con cargo al material didáctico, dice la Fiscalía, que agrega que la Junta, a su vez, tenía un plazo de cuatro años para poder exigir el reintegro de tales subvenciones.

Seguidamente, la Fiscalía relata las subvenciones concedidas a José Sivianes y su empresa en 2010, señalando que, una vez ingresadas las cantidades correspondientes de estas subvenciones, los acusados “impartieron los cursos de formación, si bien incrementaron ficticiamente los costes de los mismos, ocultando así a la entidad concedente al presentarles la cuenta justificativa correspondiente que habían indebidamente incorporado a su patrimonio un total de 2,7 millones procedentes de la totalidad de tales subvenciones”.

Todos los imputados referidos, según el Ministerio Público, “contaron con la ayuda indispensable de los otros acusados”, entre ellos el asesor fiscal de José Sivianes, M.J.F., a través de la asesoría que él gestionaba, quien, “con ánimo de enriquecerse injustamente aunque sin que conste el beneficio concreto que recibió, colaboró” con ellos “diseñando la estructura organizativa indicada al ser el mismo quien conocía perfectamente los entresijos del sistema de justificación de las subvenciones y el modo en que debían de facturar y tributar los otros colaboradores del sistema para que fuera menos detectable el mismo”.

En segundo lugar, y para “el incremento ficticio de los gastos de docencia”, los acusados contaron con la ayuda de otros cinco investigados, entre ellos el hijo del exalcalde de Lebrija, quienes, “con ánimo de enriquecerse injustamente pero sin que conste el beneficio concreto que percibieron, elaboraron facturas por trabajos de gestión de la docencia y de organización de los cursos de formación realizados a José Sivianes” que sin embargo “no se correspondían a prestación real de servicios alguna”.

FACTURAS DE MATERIAL DIDÁCTICO

En tercer lugar, y para “el incremento ficticio de los gastos de suministro de material didáctico”, los acusados contaron con la ayuda del también investigado V.M.F., administrador único de dos mercantiles y que, “con igual ánimo de enriquecerse injustamente pero sin que conste el beneficio concreto percibido, usando dichas sociedades por él controladas, elaboró facturas por suministro de material didáctico que no se correspondían con actividad real alguna dado que tales empresas tenían un objeto social diferente y carecían de los medios necesarios para realizar los trabajos que facturaron”.

De su lado, José Sivianes y su mercantil, “con la finalidad de encubrir su acción falsaria y fraudulenta, cuando presentaron sus correspondientes declaraciones de IRPF e IS de 2011 y 2012 ante la Agencia Tributaria, incluyeron como ingresos las cantidades percibidas de las subvenciones de las que fueron beneficiarios, pero a su vez incluyeron como gastos aquellos que ficticiamente habían creado con el sistema descrito”.

A la fecha en que se incoaron las presentes diligencias previas contra los acusados, el 22 de enero de 2014, los mismos no habían procedido al reintegro de las cantidades percibidas en concepto de subvención y “ni siquiera” se habían llegado a iniciar tales reintegros por parte de la Junta.