¿Y próspero año nuevo?

Es difícil encontrar los datos en los que se apoya el Gobierno para asegurar que lo peor de la crisis ha pasado y que el año que está a punto de arrancar será el que nos abra de nuevo a la esperanza. El mantra de los brotes verdes (mejoras en la balanza de pagos, contención de la prima de riesgo) aparece en toda conversación mantenida estos días con miembros del Ejecutivo sin que los ciudadanos veamos traslación alguna de esas mejoras a nuestro día a día.

Fuera de las alfombras y los cócteles prenavideños, la realidad se presenta mucho más oscura. A un año de iniciarse la era Rajoy, prácticamente todos los sectores de la sociedad están peor que hace 12 meses. La credibilidad con la que llegó a la Moncloa ha sido sepultada por decenas de incumplimientos. Salimos a susto por consejo de ministros, a ocultación por rueda de prensa. Hemos aprendido a buscar la verdad en el BOE y en los medios de comunicación extranjeros. No queda una sola promesa electoral por sacrificar.

Esta semana ha entrado en vigor una ley de tasas que hasta el fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, considera que será tumbada por el Tribunal Constitucional. Contra ella y otras reformas propiciadas por Gallardón se rebelan estos días todos los miembros del aparato judicial, desde los funcionarios a los presidentes de sala, pasando por los abogados y los justiciables.

Profesores y padres de la escuela pública sufren en sus carnes los recortes de medios para impartir educación y observan con preocupación los planes reformistas del ministro Wert, cuyos borradores de ley de educación sólo contentan, por ahora, a los coautores de la norma, los obispos.

En Madrid, la Sanidad está levantada contra el intento de privatización de 6 hospitales y 27 centros de salud del Gobierno heredado por Ignacio González, que pretende ahorrar 500 millones de euros por la vía de dar ganancias a empresas privadas. El plan del Gobierno sigue adelante pese a las reuniones mantenidas con los representantes de los médicos, tras 12 días de huelga y a cuatro de que se apruebe el plan privatizador.

El paro no deja de crecer, las pequeñas empresas no paran de cerrar, los impuestos y tasas no cesan de subir, los desahucios no remiten... Nuevos casos de corrupción asoman a diario a los informativos. Los autónomos se ahogan, los jubilados pierden poder adquisitivo al negárseles la actualización de las pensiones, los dependientes pierden las ayudas, los comedores sociales están desbordados... Pagamos más por los medicamentos, por las ambulancias, por el material escolar, por el IVA, por el IBI, por el IRPF y, en Madrid hasta habrá que pagar por usar los Puntos de Encuentro Familiar, esos espacios neutrales en los que reunir a las familias rotas.

Nunca ha habido tantos motivos para protestar ni ha estado tomada la calle en tantas ocasiones. Sin embargo, la ciudadanía ha demostrado ser mucho más cívica de lo que cabía esperar: la solidaridad privada está supliendo la falta de servicios públicos y no hay brotes importantes de violencia en las calles.

Quizá ese estoicismo social, nuestra capacidad de aguante, sea motivo suficiente para brindar.