Más de 200 científicos respaldan en una carta ampliar la protección del lobo

Un grupo de más de 200 investigadores españoles ha salido en defensa de la decisión de ampliar la protección del lobo en toda España, que implica el fin de la caza generalizada de esta especie, además de la independencia del Comité Científico que recomendó esa medida hace más de un año.

“A la vista de los últimos acontecimientos y manifestaciones de diferentes sectores y administraciones cuestionando la validez del dictamen”, los investigadores han firmado una carta -junto a la organización WWF- en la que apoyan la “independencia de criterio” del grupo de trabajo, su recomendación y la “decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial”.

El dictamen científico se hizo en febrero de 2020. La decisión ha llegado este mes tras una ajustada votación en la Comisión Nacional de Biodiversidad que, al final, se alineó con la recomendación científica. Sin embargo, los gobiernos de Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia se oponen para, aducen, defender el sector ganadero que considera “incompatible” el lobo con la ganadería extensiva.

En la misiva titulada Carta abierta por la protección del lobo ibérico, la ciencia y la coexistencia, este grupo escribe: “Lamentamos las descalificaciones de diferentes sectores y administraciones cuestionando la validez del dictamen del Comité Científico, y rechazamos las presiones para que ese dictamen no sea tenido en cuenta, ya que supondría un grave precedente para otros cientos de especies cuya conservación dependen de la imparcialidad de este tipo de mecanismos administrativos”, escriben científicos como el profesor en investigación del CSIC, Fernando Valladares,  el director de la Estación Biológica de Doñana Eloy Revilla o el exdirector de la estación y expresidente del Programa MaB-UNESCO, Javier Castroviejo.

“La ciencia se utiliza cuando conviene”

Valladares comenta a elDiario.es que la idea de redactar la carta surgió “al ver la controversia, muy política, que ha generado la decisión”. Este investigador del CSIC entiende que la reacción de algunas comunidades autónomas son el reflejo de que “la confianza en la ciencia que ha traído la pandemia de COVID-19 tiene todavía que consolidarse. La ciencia se utiliza cuando conviene, es como un oráculo: se consulta y si la respuesta coincide con la estrategia, casi siempre electoralista, se hace caso. Si no, pues se olvida”.

El texto incide en que “en un contexto global de alarmante pérdida de la biodiversidad en nuestro país y en todo el mundo, las decisiones que afectan a la conservación de la naturaleza se tomen en base a criterios científicos y no se supediten a intereses económicos o políticos”. Ese cruce entre perjuicio económico a la cabaña ganadera y presión del sector a los gobiernos autonómicos es lo que está alimentando un enfrentamiento entre administraciones.

Así las cosas, Valladares entiende que “existe un consenso científico fuerte en que el lobo debe gestionarse unitariamente. No puede ser que un lobo en Asturias lo gestione solo el Gobierno asturiano porque ese mismo ejemplar cruzó la línea desde Castilla y León esa misma noche. Así que puede darse una paradoja: en una parte de España, al sur del río Duero, gastas dinero en proteger y en otra parte gastas dinero en cazar”.

Con todo, la carta pide “a todas las administraciones implicadas que trabajen de forma coordinada y constructiva, y basándose siempre en el mejor conocimiento científico disponible, por la protección de esta especie y la coexistencia con la ganadería extensiva y otras actividades tradicionales”.