El 8M de 2021 llega entre las restricciones de la pandemia, las tensiones en el feminismo y una crisis de cuidados que amenaza la igualdad

El 8M de 2020 terminó y, al día siguiente, volvimos a empezar. El 8M de 2020 era domingo y la jornada terminó con efusividad, con la sensación de que el feminismo mantenía el pulso dos años después de aquella primera huelga feminista para la historia. A última hora de la tarde, había quien volvía de las manifestaciones o quien ya estaba en casa después de un día entre la reivindicación y la alegría, después del encuentro con las demás. Menos de 24 horas después, la Comunidad de Madrid anunciaba el cierre de todos los centros escolares a causa del coronavirus, y de ahí, la cascada de acontecimientos no paró hasta que el 14 de marzo el Gobierno decretó el estado de alarma.

Estos doce meses convulsos desembocan este lunes en un 8M entre el cansancio y el enfado, entre las ganas de salir a la calle a gritar y la prudencia, entre el empuje feminista y la división del movimiento por la ley trans, y en medio de una crisis económica y de cuidados que está sosteniéndose especialmente sobre las espaldas y las vidas de las mujeres.

“Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida”. La frase de Simone de Beauvoir ha cobrado aún más significado este último año. El cierre de centros educativos, primero, y el confinamiento total después desató una crisis económica y de cuidados que, como apuntaba Beauvoir, ha supuesto -y supone- una amenaza muy real para la igualdad. Un dato: en 2020, el 93% de las personas inactivas que no buscaron empleo por razones de cuidado de menores, mayores o personas enfermas fueron mujeres. En el segundo trimestre del año pasado, durante la parte más dura del confinamiento, 61.000 mujeres que tenían trabajo lo abandonaron para cuidar frente a 6.500 hombres. Las cifras, y la brecha entre ellas, se mantuvieron parecidas el resto del año, según datos de la EPA recogidos por el sindicato UGT.

Pero más allá de las brechas más fácilmente cuantificables, como la de empleo, parcialidad o la que atañe a los sueldos, la pandemia ha dejado una sobrecarga física, psicológica y mental. Según las primeras investigaciones, aunque los hombres han aumentado su participación en las tareas domésticas y de cuidados durante la pandemia, la carga principal ha seguido recayendo sobre las mujeres. Son ellas quienes están también flexibilizando más sus condiciones laborales para poder cuidar. “Aunque el trabajo que hay que resolver dentro de la familia ha aumentado de una manera sin precedentes, el cambio en la distribución ha cambiado muy poco”, explicaba la economista Lídia Farré, autora de uno de esos estudios.

Otro, liderado por las sociólogas Empar Aguado y Cristina Benlloch, ve claros indicios de un refuerzo de ciertas brechas de género, especialmente en las parejas heterosexuales con hijos en edades tempranas y hasta la Secundaria. “Las mujeres no solo estarían teletrabajando sino que tendrían más protagonismo en las tareas de cuidados y estarían también gestionando, no solo su tiempo, sino facilitando el teletrabajo de sus compañeros”, decía Aguado, que añadía que las tareas escolares durante los confinamientos se han sostenido “a precio de madre”. No en vano, los expertos muestran que son las mujeres, especialmente las que tienen hijos, las que están sufriendo más el impacto de este año en su salud mental y emocional.

“Durante la pandemia se han puesto de manifiesto las graves consecuencias sociales, especialmente negativas que tienen para las mujeres las tareas de cuidados y la ausencia de buenas políticas de corresponsabilidad y de protección social, tanto para las mujeres que trabajan en el sector de cuidados, como para las trabajadoras que asumen de forma mayoritaria estas tareas en el ámbito del hogar, y que han tenido que compatibilizar trabajo y cuidados familiares, y que se han hecho especialmente evidentes durante los periodos más restrictivos de la movilidad y los confinamientos domiciliarios”, decía el sindicato UGT hace unos días en su informe para el 8 de marzo.

Movilizar en medio de una pandemia

En este contexto, el movimiento feminista llegaba al 8M sabiendo que este sería un año diferente, pero en casi ningún lugar de España ha querido renunciar a la calle para expresar sus demandas. “Con responsabilidad colectiva y asumiendo todas las medidas de seguridad”, aseguraba hace algo más de una semana la Comisión 8M de Madrid, la plataforma impulsora de las huelgas y masivas movilizaciones de los últimos años. Eran conscientes de que “el reto” era mantener viva la reivindicación ajustándose al contexto de la COVID-19, aunque han advertido de que “el éxito no está en el número de personas que salgan a la calle, sino en cómo vamos día a día transformando la sociedad hacia la igualdad y los derechos”. 

Tras semanas de asambleas virtuales, se descartó la idea de convocar una huelga feminista como las de 2019 o 2020, pero se decidió convocar concentraciones con el máximo de aforo de 500 personas anunciado por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en cuatro plazas céntricas de la capital. La idea era que cada una reflejara uno de los ejes de reivindicaciones del movimiento: la puerta del Sol, cuidados, servicios públicos y precariedad; en Cibeles, violencia machista; en Embajadores, antirracismo y diversidad y, por último, Atocha estaría dedicada a la emergencia climática. En pueblos y barrios también se organizaron protestas similares con el objetivo de no perder el músculo acumulado en los últimos años y con el precedente del 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, cuando ya se celebraron concentraciones descentralizadas en la calle. 

Pero todas las convocatorias se encontraron varios días después con la prohibición de la delegación, que ha aducido “razones de salud pública” debido a que, según sus estimaciones, podrían desplazarse “más de 60.000 personas” para asistir en una región que a día de hoy acumula los peores datos de contagios del país. No han sido las primeras movilizaciones que se prohíben en los últimos meses, pero la mayoría sí se han permitido, lo que ha llevó a las organizadoras y a los sindicatos CCOO y UGT a recurrir la decisión en los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunciaba al filo de la medianoche del sábado que avalaba la prohibición, una decisión que los sindicatos han llevado ante el Tribunal Constitucional.

De fondo, el relato creado tras el 8M del año pasado y azuzado por la derecha durante meses: el señalamiento de la fecha como foco de transmisión clave en la expansión de la pandemia unido a la 'irresponsabilidad' del movimiento feminista y del Gobierno supuso una suerte de nueva teoría de la conspiración que llevó incluso al delegado del Gobierno ante los tribunales. La causa terminó por ser archivada y la evidencia científica desmintió, también, ese tipo de afirmaciones, pero la derecha y sus sectores afines han vuelto a agitar el fantasma del 8M conforme la fecha volvía a aproximarse.

Las tensiones por la ley trans

Por otro lado, lo ocurrido con la organización del 8M en Madrid ha sido un reflejo palpable del conflicto que enfrenta el movimiento feminista en lo que respecta a la autodeterminación de género de las personas trans. Y es que no hay una convocatoria única: junto a la Comisión 8M de Madrid, que se ha posicionado a favor, está el Movimiento Feminista de Madrid, que agrupa colectivos fundamentalmente críticos con la Ley Trans que ha elaborado el Ministerio de Igualdad y que también tensiona a los socios de Gobierno. Esta plataforma convocó para el 8M a una única concentración en Callao de un máximo de 150 personas inscritas previamente, y entre sus demandas incluye la abolición de la prostitución o la paralización de las norma. 

La división ya fue palpable el pasado 8 de marzo, pero estalló con fuerza durante 2020, una vez que el departamento de Irene Montero mantuvo su compromiso de avanzar en el borrador, conocido finalmente a principios de este febrero y en el que se avala el cambio de sexo legal sin requisitos médicos como los exigidos actualmente. Y la brecha se acrecentó el pasado verano, cuando el PSOE hizo público un argumentario crítico con esa propuesta. Igualmente en el movimiento, las posiciones están encontradas: un sector considera que la autodeterminación podría poner en peligro los derechos de las mujeres, mientras que otro, en alianza con los colectivos LGTBI, defiende la aprobación de una ley que lo garantice.

En este contexto, es evidente que los retos que afronta el feminismo son grandes. Cuenta, eso sí, con un capital enorme acumulado en los últimos años que hay que seguir gestionando. El 8M de 2021 terminará en unas horas y, mañana, volveremos a empezar. La pregunta es cómo. El feminismo sigue pugnando, en un contexto muy complicado, por ser parte de la respuesta.