“La regulación del cannabis debe ser ahora”: pacientes, consumidores y empresarios miran con esperanza la legislatura

Las expectativas están por las nubes. Pacientes, consumidores lúdicos y empresarios miran con grandes esperanzas al nuevo Gobierno para que regule el cannabis, como mínimo para usos medicinales e idealmente de manera integral.

La sociedad civil con intereses –los que sean– en la regulación observa la situación con una mezcla de expectativas y prudencia. “Sí, el Gobierno es a priori más propicio, pero el cannabis no es un tema importante para ellos. Además, el PSOE siempre ha sido conservador a la hora de plantear cuestiones polémicas. Necesitamos un detonante que ponga el debate sobre la mesa”, explica un activista con un razonamiento que comparten casi todos en el sector.

Casi todas las fuentes consultadas están convencidas de que la regulación es más una cuestión de tiempo que de incertidumbre. También es cierto que esto se repite como un mantra desde hace unos cuatro o cinco años y nada ha cambiado. Pero el activista cannábico tiene memoria selectiva y prefiere mirar hacia delante, al parecer. Las dudas, de cara al futuro, pasan por el tipo de regulación que se va a acometer.

¿Optará España por una regulación estilo uruguaya, más centrada en el consumidor y que permite el autocultivo y democratiza la producción de cannabis? ¿Optarán los legisladores por favorecer a las empresas y poner en sus manos la plantación de marihuana? Esa es la batalla que se libra estos días, entre reuniones de los diferentes lobbies con los partidos y propuestas de regulación variadas.

Los motivos para el optimismo

Los optimistas tienen motivos para serlo. Nunca ha habido en España un Gobierno más social y proclive al tema que el actual, al menos en teoría. La mayoría que invistió a Sánchez es a priori proclive a la regulación. Dos de los mayores obstáculos políticos para la regulación, la exministra de Sanidad del PSOE María Luisa Carcedo y el portavoz de la materia Jesús María Sánchez, ambos reticentes a la regulación, están fuera de la ecuación.

También pueden contar los partidarios de la regulación con el apoyo social, al menos en parte. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó en una encuesta reciente por el sentir de la ciudadanía al respecto. Las conclusiones se comentan solas: el 84% de las personas encuestadas se mostraron favorables a una regulación medicinal y los que aprobarían la integral (47%) superan a los que mantendrían la prohibición (41%).

Más todavía: aunque a él personalmente se le achaca un cierto conservadurismo, el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, pertenece al PSC, un partido que votó a favor de la ley que regulaba los clubes sociales de consumidores (CSC) en Catalunya. “Además, no viene del mundo sanitario sino del económico”, dice de él Bernardo Soriano, abogado y lobista pro regulación a través de la plataforma Regulación Responsable.

También se destaca la presencia en el Gobierno de Unidas Podemos, que ya presentó una Proposición no de Ley (PNL) para regularlo y organizó una jornada en el Congreso. El partido morado incluso ostenta el ministerio de Consumo, susceptible de formar parte de un hipotético proceso si se hiciera bajo ese punto de vista de la legalización integral) y según algunas fuentes está preparando una Proposición de Ley para marzo.

Tampoco nunca la situación mundial fue más propicia para la regulación, al menos en alguna de sus formas (solo medicinal o integral). Según las fuentes consultadas, España corre el riesgo de quedarse aislada en el contexto europeo como el único país que no permite el consumo de cannabis en básicamente ninguna de sus formas.

Francia tiene un programa medicinal desde hace años, Portugal está a punto de votar el suyo, en Italia la Justicia acaba de permitir a los particulares cultivar pequeñas cantidades, Alemania, Holanda o Inglaterra, entre otros, regularon el uso en algún grado tiempo atrás. Fuera de Europa, lo mismo. Cada año más estados de EEUU aprueban el consumo; Canadá y Uruguay realizaron una legalización integral e Israel tiene un programa medicinal entre los más potentes y completos del mundo. Incluso países tan reacios y que tenían legislaciones tan duras con la materia como Tailandia (el primer ministro vapeó cannabis en una conferencia de prensa) o Trinidad y Tobago han cambiado de tercio y están aplicando programas medicinales.

La sociedad civil

Quienes utilizan el cannabis con fines medicinales (principalmente para mitigar algún tipo de dolor, conciliar el sueño o recuperar el apetito) exigen una regulación. “Este año tiene que ser el año, nos vamos a quedar los últimos de verdad. Y los pacientes necesitamos una regulación que nos dé seguridad”, explica Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal. Pérez es partidaria de una regulación integral, pero pide que si esta es menos factible al menos se empiece por una medicinal.

Héctor Brotons, abogado especializado en cannabis del bufete Brotansbert, recuerda que en este año la ONU va a reclasificar el cannabis en su reunión anual que realiza en Viena y sacarlo de la lista de sustancias más fiscalizadas internacionalmente. “En ese caso habría menos control y los gobiernos tendrían más margen, sobre todo para el cannabis medicinal”, explica.

Brotons es también portavoz del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis, que ha presentado un modelo de regulación integral que fija en diez gramos al día el límite de consumo terapéutico y que legaliza el autocultivo y consumo.

No es la única propuesta elaborada que circula por el mundillo cannábico en España. El GEPCA (Grupo de Estudios sobre políticas del Cannabis) también tiene su propio texto, basado en “las tres vías naturales de acceso a la sustancia”: el mercado legal, el uso corporativo y asociativo y el autocultivo personal.

El empresariado

El próximo 10 de febrero, los principales inversores, científicos y reguladores de todo el mundo relacionados con el cannabis se reunirán en Madrid. El evento, llamado Cannabis-Europa, se celebró anteriormente en Toronto, Londres y París y en él se debate sobre las posibilidades de negocio que este sector tendrá en Europa, un mercado valorado en más de 58.000 millones de euros. La entrada para asistir a esta jornada cuesta entre 650 y 900 euros por un solo día.

Lejos queda ya la época en las que las ferias de cannabis estaban enfocadas estrictamente al consumidor y cultivador de esta planta. Ahora también participan diputados, abogados, lobistas, y CEOs de multinacionales farmacéuticas que facturan miles de millones de euros.

“España es el país más grande de Europa en el que todavía no se ha regulado el cannabis médico”, señala Arnau Valdovinos, miembro de la consultoría Prohibition Partners que organiza el evento en Madrid. “El nuevo Gobierno progresista se ve como una oportunidad y la gente está bastante ilusionada”.

Las principales empresas del sector cannábico llevan unos años posicionándose en España para el momento en que se regule la sustancia. Varias empresas cannábicas –como es el caso de las empresas holandesas de semillas Green House y Sensi Seeds– han abierto delegaciones en Barcelona, convertida durante el último lustro en una de las mecas cannábicas del continente.

Pero el capital no es solo holandés. Compañías canadienses, australianas, israelíes, colombianas y uruguayas también se están asentando en nuestro territorio a la espera de un cambio legislativo que ven como inevitable. Algunas empresas estadounidenses, a través de intermediarios, también están invirtiendo en marcas españolas de este sector y requiriendo el servicio de consultorías para conocer las posibilidades de negocio en nuestro país. La mayoría de ellas apuesta sobre todo por una regulación del consumo medicinal.

“Hay muchas empresas que se están instalando aquí para gestionar su negocio europeo a pesar de no tener operaciones en el mercado español”, apunta Valdovinos. Según este consultor, la pertenencia a la Unión Europea y el buen clima para cultivar en exterior o en invernaderos hace de España uno de los países más atractivos para los inversores, a lo que hay que sumarle un tejido de empresas cannábicas que existe desde hace años y una “cultura de tolerancia” respecto a la sustancia.

Según Soriano, el abogado y lobista en la plataforma Regulación Responsable, las empresas que estudian invertir en este sector ahora mismo son de todo tipo. “Hay compañías agricultoras, empresas tabacaleras que quieren diversificar su negocio e incluso capital del ladrillo”, sostiene por teléfono.

“España, y especialmente Barcelona, pueden convertirse en el punto central del negocio europeo del cannabis”, explica un inversor estadounidense que pide anonimato para comentar la situación. “Todavía hay incertezas, pero esto también significa mayor rentabilidad para los que nos arriesguemos o lleguemos a tiempo”.

También las principales multinacionales vinculadas al cannabis medicinal han puesto su pie en la península, acaparando las pocas licencias para el cultivo que ha expedido hasta la fecha la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

De las tres empresas que disponen actualmente de esta licencia en España, todas tienen capital extranjero o han sido adquiridas directamente por multinacionales del sector. Es el caso de Linneo Health, cuyo 60% pertenece al fondo británico GHO; Cafina, absorbida en 2019 por la multinacional canadiense Canopy Growth y Cannabinoids Spain, que forma parte del holding holandés Boti Holding.

“Cuando hay expectativas de hacer negocio el capital se mueve”, analiza Soriano, que a través de su bufete de abogados también ofrece servicios de consultoría a empresas extranjeras que quieren invertir en el sector del cannabis en España. “Desde que el negocio empezó en Estados Unidos y Canadá cada vez son más diversas las empresas interesadas”, asegura.

A pesar del atractivo que tiene España, las fuentes consultadas creen que existe el riesgo de que se pierda el tren. Países como Dinamarca o Malta se empiezan a promocionar como lugares atractivos para atraer este tipo empresas relacionadas con el cannabis medicinal, ya sea con facilidades para invertir o por sus bajos impuestos, como el caso maltés. “Países como Italia, Grecia y Portugal también se están ofreciendo para albergar este tipo de negocios”, finaliza Soriano. “No hay mucho tiempo y la oportunidad no se puede dejar escapar”.