España está a la cola de Europa en impuestos verdes que protegen la naturaleza
España es uno de los países europeos que menos utilizan los impuestos verdes para combatir el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. La fiscalidad medioambiental supuso en 2013 el equivalente al 1,8% del Producto Interior Bruto español. 19.000 millones de euros. Solo Lituania y Eslovaquia quedaron por detrás, según Eurostat.
Esta herramienta económica tiene como objetivo castigar las actividades dañinas para el medio ambiente: desde el consumo de recursos hasta la emisión de contaminantes. Grava “cualquier cosa que haya probado un impacto negativo”, según lo define la Oficina Estadística de la Unión Europa. En esa definición caben aspectos tan concretos como la generación de energía a base de quemar combustibles fósiles, el consumo de agua, la emisión de gases contaminantes, el tratamiento de residuos...
A España le queda mucho camino por recorrer. La media en la Unión Europea es que el dinero recaudado por esta vía equivale al 2,44% del PIB. La estrategia general no es añadir presión a los ciudadanos y empresas con nuevos impuestos sino “trasladar los ingresos fiscales llegados desde el trabajo” a las actividades nocivas, según explica la propia Comisión Europea. A esto lo denomina “principio de neutralidad”. Estados como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Estonia, Chequia o los Países Bajos “han demostrado amplios resultados positivos” siguiendo esta política, explica la Agencia Europea del Medio Ambiente (EEA).
El experto en impuestos verdes de la Universidad de Aarhus (Dinamarca), Mikael Skou Andersen, analizó para el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) que el bajo porcentaje de ingresos por estos impuestos en España indica que “sin superar la media europea, sigue habiendo margen para introducir nuevos impuestos ambientales que aportarían unos 5.000 ó 6.000 millones de euros”. El eurodiputado de ICV Ernest Urtasun reflexiona que “dado que toda actividad económica tiene un impacto medioambiental, ese impacto debe ser soportado y compensado por quien lo genere”. Y resume: “Quien contamina, paga”.
Impuestos a la energía
La mayoría de los impuestos medioambientales españoles se concentran en la energía. Son el 83% del total –luego le sigue el transporte con el 11%–. Sin embargo, cada año miles de millones de euros son destinados a subsidios a focos de alta contaminación de este sector: ayudas a la minería del carbón y exenciones a la compra de combustible suman más de 2.600 millones de euros. El diputado de Equo Juan López de Uralde cuenta que “el objetivo prioritario de una fiscalidad verde debería ser descarbonizar la economía, es decir, grabar estos combustibles contaminantes”.
Con este panorama, la propia Agencia Europea del Medio Ambiente, ha explicitado que “España encara grandes desafíos en los campos del agua, el tratamiento de residuos y la contaminación del aire”. De hecho, desde Bruselas se ha advertido a España de que, aunque se han experimentado episodios de escasez de agua, “no hay un claro compromiso por parte del Gobierno español para afrontar” los problemas de ineficiencia en el sistema hídrico. Y subraya, en concreto, que algunas tarifas “ofrecen poco incentivo para que los agricultores reduzcan su uso de agua para el regadío”. Los cultivos consumen en España más de 15.000 Hm al año de agua mientras que los hogares suman unos 4.600 y las industrias algo más de 800 Hm anuales.
España, a la cola en fiscalidad ambiental
Otros toques de atención que Europa ha lanzado al Gobierno han venido por el lado de los residuos urbanos. “España ha ignorado la política medioambiental en sus programas de reformas y se ha quedado por detrás de otros países a la hora de aplicar la legislación europea”. Sin ir más lejos, el julio pasado, la Comisión llevó a España ante el Tribunal Europeo por una serie de “vertederos ilegales” aún en funcionamiento. “Más del 50% de los residuos urbanos acaban en vertederos”, ha criticado la CE. Se pierde así la oportunidad de “obtener un retorno de 5.700 millones de euros” si se hubiera aplicado la ley ambiental que grava cada tonelada de basura. Al tiempo se podrían “reducir las emisiones de gas de efecto invernadero entre un 3,5 y un 6,1% para 2020”.
Objetivos concretos
López de Uralde destaca que estos ingresos tienen que estar vinculados a fines concretos para que sirvan como palanca contra la degradación del medio: “Tasas con unos objetivos y unos indicadores específicos”, dice. Para el diputado de Equo, “la fiscalidad para que sea verde debe llevar aparejada una finalidad. Si no, es símplemente, fiscalidad”.
En este sentido, Urtasun recalca que existen estados europeos, como Austria, que tienen un “gravamen sobre actividades que se benefician de manera directa o indirecta del patrimonio natural para financiar un fondo público de conservación”. También apunta la idea de “incentivos fiscales específicos para la adquisición de vehículos eléctricos o impuesto sobre la energía nuclear cuya recaudación podría ir, en parte, para el desarrollo alternativo de las zonas donde se ubican las centrales”.
