Un Orgullo más reivindicativo y político sale a la calle para contener el riesgo al retroceso de los derechos LGTBI

El año en que se cumple medio siglo desde que un grupo de trans, lesbianas y gays se levantaran en Nueva York contra la represión, el Orgullo más reivindicativo de las últimas ediciones celebra su día grande. Lo hace con una manifestación que recorrerá este sábado una de las arterias principales de Madrid bajo el lema 'Mayores Sin Armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!'. El recuerdo y el homenaje a los LGTBI más veteranos se reviste de un tono más combativo en plenas negociaciones para formar gobiernos autonómicos y con un panorama político marcado por la irrupción de Vox, cuyo discurso cuestiona directamente los derechos LGTBI.

Cuando el diciembre pasado los organizadores del Orgullo decidieron que 2019 sería el año de la memoria LGTBI, aún las elecciones no habían aupado a la extrema derecha al Congreso, tampoco a buena parte de los parlamentos autonómicos y plenos municipales. Pero el paso de los meses le ha dado más sentido al lema y varias decisiones intentan reforzar el espíritu reivindicativo de la manifestación: la cabecera estará ocupada por activistas históricas, que relegan a los partidos políticos; la segunda pancarta rezará “¡Ni un paso atrás!” y Ciudadanos y el PP han sido vetados de las carrozas por sus pactos con Vox.

En Andalucía, los votos de los de Santiago Abascal ya sirvieron en diciembre para investir al popular Juan Manuel Moreno gracias al equilibrio entre las tres derechas. En Murcia y en Madrid los gobiernos siguen pendientes de las negociaciones y en al menos seis capitales de provincia y otros muchos municipios, Vox ha posibilitado alcaldías conservadoras. La sola presencia de la formación en los parlamentos amenaza el avance de los derechos, teniendo en cuenta además que puede arrastrar a Ciudadanos y al PP en sus posiciones. Esa amenaza se puede concretar en una de sus dianas preferidas: las leyes LGTBI, vigentes en muchas comunidades y aún pendientes de aprobación en otras.

La extrema derecha utiliza contra ellas la retórica de “la ideología de género” y las califica de “imposiciones” que vendrían a vulnerar los derechos de las personas heterosexuales y a inmiscuirse en la “libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos”. Por ello, en Madrid o en Murcia su derogación parcial es uno de los requisitos que exige el partido para dar su apoyo a gobiernos de coalición de PP y Ciudadanos. En la primera, por ejemplo, ha pedido terminar con, al menos, 15 artículos, entre ellos, el que habla de la “protección de la diversidad familiar” o aquellos que obligan a incluir en la enseñanza de la Comunidad de Madrid la realidad LGTBI. Esta y Murcia son dos de las comunidades que cuentan con estos marcos de protección contra la homofobia o la transfobia, que no existen en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Ceuta y Melilla.

Este escenario de desigualdad provoca que, en función del lugar en el que viva cada persona, tenga más o menos derechos. De la existencia o no de estas leyes, de lo ambiciosas que sean y de cómo se apliquen, depende la protección frente a las terapias de conversión como las del Obispado de Alcalá de Henares –que se prohíben explícitamente en cuatro comunidades–, que las personas trans puedan modificar su nombre y sexo en la tarjeta sanitaria o que los menores trans sean tratados correctamente en los colegios. Las leyes incluyen varias medidas en el ámbito educativo y sanitario, entre ellas, la inclusión de la diversidad en las aulas o los protocolos contra el acoso LGTBIfóbico y la formación del personal médico. 

La discriminación del colectivo LGTBI

Frente a esta disparidad, los colectivos exigen la aprobación de una ley integral estatal que ya tuvo su recorrido en el Congreso la pasada legislatura, pero que se quedó en el tintero. Habrá que esperar a ver de qué manera y hasta qué punto influye el discurso abiertamente homófobo y tránsfobo de los 24 diputados de Vox en la tramitación de esta iniciativa, que volverá a registrarse. También regresará a la cámara la reforma de la ley 3/2007 de 15 de marzo, que regula la modificación del nombre y sexo legal de las personas trans. El objetivo es eliminar los requisitos médicos e incluir a los menores y migrantes con permiso de residencia, actualmente excluidos. El partido de extrema derecha se estrenó en el Senado el pasado febrero frenando una declaración contra la homofobia en el deporte.

Pero más allá de lo normativo y tras pocas semanas en las instituciones, la extrema derecha ya ha logrado en Madrid que el Ayuntamiento, gobernado por PP y Ciudadanos, coloque una gran bandera de España en su fachada y relegue la del arcoíris a un lateral del edificio de Cibeles y ha impedido una declaración institucional por los derechos LGTBI en el Parlamento valenciano. En él ha registrado además una solicitud de datos personales de personas LGTBI que ofrecen talleres de diversidad afectivo sexual en los centros educativos. 

Mientras, el colectivo LGTBI sigue enfrentándose a discriminación en todos los ámbitos. Las cifras más recientes revelan que solo el 38% de las personas gays, lesbianas o bisexuales están fuera del armario en el trabajo y en 2017 la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) registró más de 50 incidentes LGTBIfóbicos al mes. Justo en estos días de Orgullo, un hombre agredía en Barcelona ante su hijo a dos mujeres al grito de “os mataré, bolleras” y justo después de la lectura del pregón del Pride BCN otro atacaba a un joven en un McDonalds –“Te voy a hacer heterosexual a hostias”, le decía– también de la ciudad condal.

La LGTBIfobia de Vox

La intención de los de Abascal es clara y en el movimiento LGTBI preocupa cómo su discurso está condicionando el debate público, marcado por temas considerados ya consensos sociales. Así, Vox ha recrudecido su relato LGTBIfóbico a las puertas del Orgullo de la mano de Rocío Monasterio, que aseguró el pasado martes que la cita ofrece una visión “denigrante” y “de caricatura” de las personas LGTBI. Además, añadió que “una madre, un padre puede salir con dos niños del portal de su casa” y “no tiene por qué encontrarse con ese espectáculo”. 

Los colectivos LGTBI, por su parte, han intensificado sus declaraciones públicas de contenido político, que conviven con los reproches del Orgullo Crítico por la “deriva comercial” de la marcha de este sábado, a la que acompañan decenas de carrozas pagadas por empresas. “Tenemos que ser más reivindicativas que nunca”, dice una histórica activista por los derechos LGTBI que participará en la manifestación estatal. Incluso el pregón de este miércoles, en la madrileña plaza de Pedro Zerolo, tuvo su parte política. La colectivos subieron al escenario las banderolas censuradas por el Ayuntamiento de Madrid, al que la FELGTB acusó de “vulnerar nuestros derechos”, en palabras de la presidenta Uge Sangil. 

Días antes, en la presentación oficial del Orgullo, Sangil quiso dirigirse a Begoña Villacís, vicealcaldesa de la capital, para señalar que “la alcaldía no vale a cualquier precio”. De hecho, los pactos entre las tres derechas –PP, Ciudadanos y Vox– han provocado el veto de la organización al partido naranja en las carrozas de la marcha de este sábado. “Tenemos que luchar porque nos quieren llevar de nuevo al armario”, comenzaba su discurso en el pregón la activista Boti G. Rodrigo. “Nadie nos va a meter al armario nunca más. El Orgullo es nuestro, Madrid entero es Orgullo. No vamos a dejar que la ultraderecha nos mande fuera de nuestro territorio”.

El mismo espíritu recorrerá este sábado la madrileña plaza de Colón, donde la derecha se manifestó “por una España unida” el pasado febrero. El escenario de las concentraciones convocadas durante años por los sectores más conservadores en favor de “la familia natural” será el que acogerá el final del Orgullo, que teñirá este lugar simbólico de los colores del arcoíris.