El número de dependientes que esperan una valoración llega a su récord desde 2012: ya son 140.000 personas

El mes de julio de 2019 acabó con 140.041 personas en España que habían solicitado un dictamen sobre su grado de dependencia –I, II o III, en orden de gravedad– pero que seguían a la espera de una resolución. Son datos del IMSERSO y constituyen la cifra más alta de personas pendientes de valoración desde 2012, momento en el que un Real Decreto de Mariano Rajoy modificó la Ley de Dependencia de 2006. Esta no tiene carácter estacional, sino que lleva años siendo paulatina: en enero de 2018 había 123.318 ciudadanos esperando; en el mismo mes de 2018, 130.000. Antes de 2012, durante la crisis, la cifra sí había llegado a ser superior.

A este récord se le suma que, según la misma fuente, en julio de 2019 fue la primera vez desde 2015 que la lista de usuarios con la valoración ya hecha pero que seguían sin recibir la prestación que les correspondía crecía: 6.000 más desde enero; en total 255.000 personas (105.000 de esas personas con grado de dependencia severo o grandes dependientes y 150.000 con un grado moderado). El director de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, denuncia que ambos incrementos se deben a lo mismo: “Estamos con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados desde hace dos años. Mientras no los haya, o se apruebe un Real Decreto que subsane la falta de financiación al Sistema de Dependencia, estamos paralizados”.

Las Asociaciones llevan meses pidiendo que la inyección de 500 millones de euros en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia incluida en los PGE de 2019, y frustrada con ellos, salga adelante vía Real Decreto.

El total de solicitudes, paralelamente, también ha ido aumentando gradualmente desde 2015 –cuando se reintegraron en los registros los dependientes de Grado I, excluidos durante la primera legislatura del PP–, por lo que los profesionales hablan de un colapso del sistema. Con datos de julio, el número total de personas atendidas por el sistema de dependencia, con valoración y prestación, roza el 1.100.000.

Ramírez apunta que, tradicionalmente, para examinar la situación del Sistema de Dependencia se ha evaluado la lista de personas con el derecho ya reconocido pero en lista de espera para la ayuda: “Quizá habría que cambiar ese indicador y añadir a las personas que están aún aguardando que les califiquen como dependientes”. Desde la Asociación creen que las comunidades, a quienes corresponden las competencias de este ámbito, “se han acostumbrado” a solo tener que responder al porcentaje de personas con prestación reconocida, y esto queda en “un limbo. Cuanto más se alargue el procedimiento hasta la resolución, menos compromiso”.

Pone de ejemplo extremo a Canarias, que según el IMSERSO solo valora al 75% de las personas que lo solicitan, cuando la media del país está en torno al 90%. De esta manera ha dejado de ser la última comunidad del ranking de listas de espera para obtener la prestación a ser la penúltima –le sigue actualmente Catalunya–. En otras, como Madrid, Galicia, Euskadi o La Rioja, la tasa de valoración se aproxima al 100%.

Desde el Ministerio de Sanidad, entidad de la que depende el IMSERSO, responden a eldiario.es sobre los motivos de este retroceso y las posibles maneras de resolverlo que “la intención del Gobierno es priorizar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”. El proyecto de PGE, dicen, “pretendía mejorar e impulsar el desarrollo del sistema, revirtiendo los recortes que sufrió en 2012”. “La no aprobación de los PGE para 2019 impidió ese aumento en la financiación. No obstante, resolver esta situación es uno de los objetivos marcados por este Gobierno. Prueba de ello es que sí se ha podido recuperar la cotización a la Seguridad Social, a través del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo”, dicen.

Estadísticamente, y así se constata en el total de usuarios que había registrados en julio, alrededor del 80% de las personas que piden una valoración acaban obteniendo el reconocimiento de algún grado de dependencia. Solo el 20% no son reconocidos como tales y, por tanto, no tienen derecho a ayudas. El examen, de gestión autonómica, lo realiza un profesional en el domicilio del solicitante, que aplica el Baremo de Valoración de la Situación de Dependencia, además de tener en cuenta otros informes de salud. Según la Asociación de Directores y Gerentes, “el proceso, desde la solicitud, no se debería alargar más de 6 meses”, pero no existe una estimación oficial sobre la media de demora.

Con aquel Real Decreto de 2012, además de los recortes en financiación, también se endurecieron las condiciones para alcanzar los grados de dependencia más graves y que en consecuencia implican prestaciones de mayor cuantía. El Gobierno de Rajoy eliminó los subniveles en cada grado que previamente existían para “simplificar la gestión”, justificaban, extremo que las asociaciones rechazan. Según Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, desde entonces “se tienen más en cuenta criterios sobre movilidad y menos cognitivos”. En los últimos siete años también ha ido en descenso el número de personas que obtienen el Grado III, el más alto: en 2011 esas resoluciones rozaban las 500.000; en 2019 no alcanzan las 400.000.

“¿Qué sentido tiene que tengamos una ley con un derecho universal reconocido, si tantas personas no pueden acceder a él?”, se pregunta Vicente. “Es una situación de perversión”. “Los trabajadores sociales, sobre todo los de centros sociales de proximidad, vemos que estas son situaciones de enfermedad, de vida o muerte, de tener el apoyo y la intervención social necesaria. La gente fallece en este proceso, es muy grave. Y afecta a las familias, aunque cuando decimos familias muchas veces queremos decir mujeres, puesto que la mayoría de cuidadoras son hijas, hermanas, madres, además, muchas veces muy mayores. En momentos donde más presencia de lo público tendría que haber, no estamos”.

“La Ley de Dependencia nació en 2006 prácticamente con consenso en el Congreso”, continúa Vicente, “pero la realidad, tras 12 años, es que tenemos desigualdades territoriales realmente tremendas. Que no hay financiación. Necesitamos urgentemente reforzar el sistema y la dotación necesaria para las Comunidades Autónomas. Devolver la situación previa al Real Decreto no resolvería toda la situación, pero la mitigaría”, reflexiona.

Actualmente, aunque la Ley prevé que la Administración Central del Estado aporte el 50% del presupuesto en dependencia, de media únicamente sostiene el 20% mientras las autonomías asumen el 80%. La Asociación de Directores y Gerentes calcula que haría falta un incremento anual de 700 millones de euros para revertir los recortes de 2012.