La ciencia europea planta cara a las revistas de pago y fuerza a que las investigaciones se publiquen en abierto
“Para 2020, las publicaciones científicas que resulten de investigaciones financiadas mediante subvenciones públicas otorgadas por las organizaciones firmantes deberán publicarse en revistas o plataformas de libre acceso”. El pasado 4 de septiembre, las agencias nacionales de financiación de la ciencia de once países europeos anunciaron el lanzamiento de una iniciativa para “hacer realidad el acceso abierto pleno e inmediato a las publicaciones científicas”. La medida supone un último esfuerzo para forzar un cambio en el mercado de las revistas científicas, tras años de infructuosos esfuerzos.
“Han pasado 15 años desde la Declaración de Berlín y el acceso abierto está aún lejos de ser una realidad”, ha asegurado en un comunicado Marc Schiltz, presidente de Science Europe y uno de los promotores de la iniciativa. Por eso, asegura este investigador, “me complace anunciar que un grupo central de organizaciones se hayan comprometido a dar un paso decisivo para cambiar la situación”.
Una transformación excesivamente lenta
El ambicioso plan propuesto ha sido firmado por 11 de las 18 agencias nacionales de financiación europeas (entre las que no se encuentra España), que representan conjuntamente más de la mitad del flujo de financiación que manejan los miembros de Science Europe, y pretende dar impulso a un cambio de modelo que se ha ido desinflando en los últimos años.
A pesar de que desde 2003 más de medio millar de instituciones han firmado la Declaración de Berlín sobre el acceso abierto al conocimiento y de que en mayo de 2016 el Consejo Europeo de Ministros fijó como objetivo para 2020 que todos los estudios científicos financiados con dinero público aparecieran en revistas de acceso gratuito, la realidad es que el modelo de negocio dominante sigue siendo el de publicar artículos en revistas de pago y los objetivos marcados por las instituciones europeas están lejos de ser alcanzados.
Según un informe publicado el pasado año por el proyecto OpenAIRE de la Comisión Europea, “las actuales intervenciones políticas en Europa no son suficientes ni para alcanzar el objetivo del acceso abierto inmediato de aquí a 2020, ni para mejorar significativamente la competitividad del mercado”. Los datos recopilados indican que el crecimiento del mercado de acceso abierto crece a un ritmo inferior al 15% anual, cuando debería hacerlo a una tasa superior al 25% para que se cumplieran los plazos marcados.
En la actualidad tan solo el 15% de las revistas científicas publica sus contenidos en acceso abierto y el informe destaca que “los autores carecen de incentivos reales para cambiar a las publicaciones de acceso abierto” y señalan que tampoco existe “ningún imperativo comercial para que los editores cambien las suscripciones a las revistas por un modelo de negocio de acceso abierto”.
Apoyo de la CE y reticencias de la industria
El acuerdo ha contado con el apoyo explícito del Comisario de Investigación, Carlos Moedas, quien ha felicitado a través de un comunicado a los organismos que ya se han comprometido con el proyecto y ha animado “encarecidamente a otros a que lo hagan lo antes posible”. Además, Moedas ha instado “al Parlamento y al Consejo Europeo a que apoyen este enfoque”.
Sin embargo, la iniciativa no ha sido bien recibida por la industria editorial, que ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de este acuerdo, dado que los investigadores no tendrán permitido publicar en el 85% de las revistas. En este sentido, la Asociación Internacional de Editores Científicos, Técnicos y Médicos ha asegurado a través de un comunicado que “es vital que los investigadores tengan la libertad de publicar en el medio de su elección”.
En la misma línea se ha expresado uno de los gigantes del sector, la editorial Springer Nature, a través de las declaraciones de un portavoz al portal ScienceInsider, asegurando que esta iniciativa “socava todo el sistema editorial de investigación” y que “perjudicaría a los investigadores y afectaría a la libertad académica”.
Además, la iniciativa llega en un momento en el que la industria editorial se encuentra en medio de una complicada negociación para la renovación de los acuerdos de suscripción con varios países, entre los que destacan Alemania y Suecia. Ambos se han negado a renovar sus suscripciones con Elsevier y el pasado mes de julio el grupo anunció que cortaba el acceso de ambos países a sus revistas.
La negociación de los acuerdos de suscripción también ha resultado polémica en España, donde se ha criticado la falta de transparencia institucional a la hora de saber cuánto están pagando las instituciones científicas por la suscripción a las revistas. El periodista de El Confidencial Antonio Villarreal ofreció una estimación del gasto en nuestro país, asegurando que “España gasta anualmente unos 25 millones de euros en suscripciones a Elsevier, una cantidad que duplica o triplica el gasto de otros países europeos”.
