La funcionaria que denunció un sobresaliente regalado mientras su universidad callaba: “No estaba dispuesta a transigir”
Una tarde cualquiera de 2008, mientras finalizaba papeleos pendientes en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, donde trabajaba como administradora, Pilar Ocaña vio una nota manuscrita sobre un folio reutilizado, que le había dejado su adjunta, María Carmen Cara. Por curiosidad, una vez leída la nota de Cara, le dio la vuelta y leyó el texto impreso sobre la otra cara del folio. No daba crédito a lo que estaba viendo.
El texto, un email impreso recibido por la propia Cara, explicaba con detalles la comisión de un delito en la universidad. No era ni ambiguo. Una alumna agradecía a María Carmen Cara, su adjunta, la misma que había dejado el papel por error, por haber mediado con un profesor para aprobarle una asignatura a la que no se había presentado.
El despiste le costaría a Cara y al profesor una condena y varios años de inhabilitación tras un largo proceso judicial. A Pilar, una agotadora lucha contra la universidad, su universidad, que no se hizo cargo del caso. También le costó un dineral que prefiere no especificar —tuvo que poner ella la denuncia— y mucha desazón.
Los hechos que acabaron con la condena de Cara y Fernando Peñafiel, el profesor colaborador, se remontan a 2010 y la posterior condena, a 2017. Peñafiel cambió la nota a una alumna de no presentada a sobresaliente por petición de la administradora adjunta de la Facultad, María Carmen Cara, quien a su vez había recibido la petición de la alumna, Jessica Gavilán, porque con esa asignatura podría licenciarse y acceder a un puesto de trabajo que requería del título.
Aquello quedó juzgado gracias a la insistencia de la funcionaria Ocaña por que se hiciera justicia ante la inacción de la dirección de la universidad, que decidió, cuenta ella, mirar hacia otro lado y tratar de ocultar la situación. Por ejemplo, una carta da cuenta de que el jefe de los servicios jurídicos de la universidad encargó a un abogado (Enrique Ceres, que ya había trabajado para la UGR) la defensa del profesor Peñafiel.
La Universidad de Granada niega las acusaciones de Ocaña de haberse lavado las manos, pero lo hace confirmando que, más allá de una investigación interna que no condujo a nada, no llevó a cabo acción alguna. “La universidad investigó internamente a través de los procedimientos administrativos adecuados y controlados a su vez por los propios mecanismos de la universidad y judiciales”, explica a este diario un portavoz del centro. “Ni en este caso ni en otros ha mirado para otro lado, entre otras cosas porque no puede hacerlo. Ha actuado con total diligencia hasta donde la norma le permite hacerlo. Y el juez no ha ido contra la universidad en absoluto, por lo que la actuación de la universidad debe estar dentro de la legalidad”, argumenta.
¿Cuál fue el resultado de la investigación, habida cuenta de que tenían las pruebas de que el profesor había cambiado una nota? El portavoz primero niega la mayor (“no puedo decir que haya constancia de algo que no está demostrado”, afirma respecto a que la universidad conociera el amaño, obviando la condena a Peñafiel con básicamente las mismas pruebas que tenía el centro) y luego afirma que “se dio a conocer la información al rector y se llegó a la conclusión que se llegó”. Ante la insistencia en saber cuál fue esa conclusión, admite que no se tomaron medidas.
¿Por qué no denunció la universidad y tuvo que hacerlo una trabajadora? “No es una trabajadora cualquiera”, replica, insinuando que era la empleada que estaba en disposición de haber descubierto el cambio de nota, “y había denunciado”. Pero omite que fue por su cuenta y riesgo y con su dinero, no en nombre de la UGR.
Este diario había preguntado también al que fuera rector cuando ocurrió todo como máximo dirigente y por tanto último responsable, Francisco González Lodeiro, a su sucesora y actual mandamás de la UGR, Pilar Aranda, al decano del momento, José Antonio Naranjo, supuesto primer responsable de tomar medidas, y al jefe de los servicios jurídicos, Juan Luis Ruiz-Rico Díez, que no abrió un procedimiento pese a tener pruebas de que se había cometido un delito. Solo ha recibido una respuesta genérica de la Dirección de Comunicación de la universidad.
“Yo no estaba dispuesta a transigir, a la primera que lo haces te conviertes en uno de ellos y no podía ceder si quería mantener mi dignidad”, explica Ocaña. Esta exadministrativa, ya jubilada, aclara que no busca venganza contra nadie ni ser una heroína. “La opinión pública debe conocer qué cosas pasan en algunos sitios”, cuenta.
Elevar el caso... y silencio
La lucha de Ocaña empezó en 2010, cuando Cara le dejó el email por error encima de la mesa. Para ella esta evidencia fue la gota que colmó un vaso lleno de malas praxis administrativa en la facultad que venía soportando (y denunciando) desde que entró.
Siguió el manual. Elevó el caso a la gerencia y de ahí pasó a la Inspección de Servicios del centro. No volvió a saber de él durante meses. Bueno, en realidad sí.
“Tanto el profesor [Peñafiel] como Cara se enteraron de que había llevado esto a la gerencia y me machacaron viva”, rememora Ocaña. En el ínterin, el docente había ascendido a vicedecano y tenía poder en la facultad. Cara, que era su adjunta, trabajaba prácticamente a su lado. Fueron meses duros.
El tiempo pasaba y la universidad no tomaba cartas en el asunto. Finalmente, cuenta Ocaña, el inspector de servicios se presentó un día en su despacho con un asesor del rector y el administrador de otro centro. “Estuvieron revisando actas y encontraron anomalías de todo tipo”, recuerda la administradora. “Había actas firmadas por orden de alguien, actas firmadas por terceras personas, faltaban fechas, firmas datos. Me dijeron que interpondrían una querella. Si lo hubieron hecho yo no habría puesto la querella”, explica.
Pero nunca pasó. Ante el silencio institucional, volvió a la carga y le preguntó al inspector, Luis Mejías, cómo iba la investigación. No iba. “No tiene importancia”, le vino a decir. Fue suficiente para la administradora. A sus ojos, estaba claro que la universidad había optado por mirar hacia otro lado, intentar enterrar el asunto y a otra cosa.
Se fue a Sevilla y puso una querella contra el profesor Fernando Peñafiel, contra la administradora adjunta María Carmen Cara, contra la alumna, Jessica Gavilán, y contra otra serie de personas por otras irregularidades que había detectado durante años de trabajo en la facultad.
A partir de ahí comenzó un proceso que duraría siete años, en el que la querella fue archivada en su conjunto, reabierta tras recurso pero solo para los implicados en el caso de la nota cambiada a la alumna y finalmente concluyó con una condena de inhabilitación de varios años por prevaricación al profesor Peñafiel por cambiar la nota y a la administradora Cara por mediar en el proceso.
De aquellos años quedan como rastro los emails intercambiados entre Ocaña y sus abogados en los que la primera revela lo mal que lo estaba pasando y los letrados le muestran su sorpresa por las decisiones que tomó el primer juez. También queda el relatado correo en el que el abogado del profesor informaba al jefe de los Servicios Jurídicos de la Universidad de que le dice: “De acuerdo con tus indicaciones continúo ocupándome de la defensa del profesor Sr Peñafiel Martínez”. Preguntada al respecto, la universidad dice desconocer este aspecto e ignorar si se pagó la defensa del profesor condenado.
“Obviaron y minimizaron las denuncias”
El remate para Ocaña —y síntoma del funcionar institucional durante este proceso— llegó con unas declaraciones que hizo la rectora, Pilar Aranda, cuando el caso ya estaba sentenciado, el pasado mes de abril.
Tanto se indignó Ocaña con la defensa que la mandataria hizo del papel que había jugado el centro en denunciar —según ella— las irregularidades que le escribió un email a la mañana siguiente. “El análisis que hiciste anoche (...) en defensa a ultranza de la transparencia de la Universidad y de la actuación que debe seguirse cuando se detecta uno, o varios casos de tales características, fue impecable. Son actos que pervierten los procedimientos administrativos, al margen de la ley, para favorecer a determinadas personas, por razones siempre espúreas. Pero no fue esa, precisamente, la actuación que la Universidad de Granada”, le recordaba.
¿Se arrepiente Ocaña de haberse embarcado en esa cruzada contra la universidad que le ha costado siete años de disgustos? “No”, responde. Y matiza: “Yo no he denunciado a personas, sino actos de las personas. Siempre he podido entender que haya circunstancias ajenas a una persona que le lleven a hacer cosas. Pero la conciencia de lo que está bien o mal es obligado en personas que hacen determinados trabajados. Todos tenemos una conciencia íntima que nos hace saber qué está bien y qué está mal y qué está rematadamente mal. Y mucha gente allí desconocía esa línea”, ilustra, viciados por años de hacer y deshacer un poco a voluntad.
