Las agresiones a homosexuales que quedan fuera de las estadísticas del Ministerio

Alba Rincón está asustada. El miedo se le ha instalado en el cuerpo desde que hace tres semanas fue víctima de una agresión homófoba en Melilla, la ciudad en la que vive. Eran las 10 de la noche y su novia la estaba esperando con el coche aparcado en la puerta de su casa. “Al entrar y sentarme, una mujer que estaba en un grupo comenzó a gritar 'Bollera, machorra, la próxima vez que me mires te estampo la cabeza contra la pared'”.

Recuerda perfectamente cómo sucedio todo. Decidieron arrancar el coche e irse para aparentar no darle demasiada importancia. Sin embargo, unos días después “me la volví a encontrar y volvió a decirme los mismos insultos homófobos que el primer día”, comenta. Esta veinteañera teme que la próxima vez que se encuentren, la agresión vaya a más. Por eso, hace “lo posible” para no cruzarse con ella por la calle.

Alba es una de las víctimas de agresiones homófobas que no existe en las estadísticas oficiales porque no se decide a denunciar. “Tengo miedo de que se entere y pueda empeorar la situación”, apunta.

Por segundo año consecutivo, el Ministerio del Interior ha presentado el Informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, que recoge el número de denuncias que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han registrado en 2014 a este respecto. En él se especifica que de los 1.285 delitos de odio contabilizados en España, un 40% –513– están relacionados con la orientación sexual o identidad de género de la víctima.

“La punta del iceberg”

Aunque celebran la recogida de estos datos, los expertos sostienen que solo representan “la punta del iceberg del problema en España”. Gracias a su experiencia directa, el Observatorio de discriminación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales –FELGTB– calcula que un 70% de los que sufren agresiones físicas, verbales o amenazas con tintes homófobos no denuncia. “La mayoría de las situaciones de discriminación no se ponen en comunicación ni de la policía ni de la Administración, se suelen vivir en el ámbito privado”, comenta Jesús Generelo, presidente del colectivo.

La cifra trepa hasta el 80%, según un estudio realizado en 2013 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea –FRA– entre 93.070 homosexuales y transexuales. Algunos de los motivos que esgrimieron los encuestados son la desconfianza en que la policía hiciera algo al respecto –32%– o pudiera hacerlo –19%–, el miedo a la reacción de los agentes –19%–, el temor a las represalias –16%– o la vergüenza –15%–. Sin embargo, la razón más frecuente –48%– es “no se me ocurrió” o “no me pareció lo suficientemente grave”.

En opinión de Generelo esto ocurre porque “existe una normalización de las agresiones y los insultos, ya que hay gente a la que le lleva ocurriendo toda la vida”. Las organizaciones consideran que “aún queda mucho camino por recorrer”, pero aplauden los avances que se han dado en los últimos años. Entre ellos, la creación de 52 fiscalías especializadas en la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación o la creación del primer protocolo de actuación policial contra los delitos de odio, del que los expertos esperan que se nutra con recursos y formación suficientes.

Los delitos de odio son aquellas infracciones penales motivadas por la pertenencia o apoyo de la víctima a un grupo, que se basa en una característica común: origen étnico, orientación sexual, discapacidad, creencias religiosas, sinhogarismo u otros factores similares. En cuanto a los motivados por homofobia, el mayor número de incidentes que se detectan, según un informe elaborado por la FELGTB, se corresponde con insultos y amenazas –80%– y casi un tercio de los mismos, con violencia física.

“Vamos a echar a los maricones del pueblo”

Al igual que Alba, Miguel Ángel de la Cruz y Juan Carlos Bajo también sufrieron un episodio homófobo hace más de un año. Sin embargo, a diferencia de la chica, ellos sí denunciaron. Los hechos ocurrieron en el municipio abulense de San Bartolomé de Béjar, donde este matrimonio, de 44 y 53 años respectivamente, tiene una casa a la que acude los fines de semana y los periodos de vacaciones.

Eran las 15.00 de la tarde y la pareja se disponía a comer junto a la madre de Juan Carlos cuando, de repente, una mujer y un hombre entraron en la vivienda –“en los pueblos es común que las puertas de las casas no estén cerradas”, dice Juan Carlos– y comenzaron a gritarles. “Maricones de mierda, voy a ir a por vosotros”, “os voy a abrir la cabeza” o “vamos a echar a los maricones del pueblo”, son algunos de los gritos que recibieron, recuerda Juan Carlos. Otras dos personas se quedaron apostadas en la puerta de la vivienda.

Los agresores eran la alcaldesa de la localidad y un amigo de ésta, a los que, según el matrimonio, “les había molestado que pidiéramos en el Ayuntamiento las cuentas y los contratos adjudicados a las empresas”. La paralización por el miedo les impidió reaccionar, hasta que Juan Carlos se levantó y comenzó a repetirles de forma sucesiva que abandonaran el domicilio. “Fui ganándoles terreno y conseguí echarles fuera y cerrar la puerta”, dice. Acto seguido, interpusieron la denuncia por insultos homófobos y amenazas, “sin pensárnoslo dos veces”. Unos meses después, el juez condenó a los agresores.

Juan Carlos y Miguel Ángel celebran que el agente de la Guardia Civil que les atendió, incorporó en la denuncia la perspectiva homófoba del incidente. “En algunas ocasiones, la falta de formación hace que muchos delitos pasen desapercibidos como delitos generales en vez de como de odio”, apunta Generelo. “Debe ser una formación transversal”, añade Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.

Estímulo de las instituciones

Para ambos expertos, existe un problema de proximidad y confianza en las instituciones, que provoca que muchas víctimas se sientan alejadas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “A veces se te quitan las ganas de denunciar”, sostiene Juan Carlos. Y es que desde entonces, el matrimonio ha sufrido comentarios recurrentes como que “utilizamos la homofobia para ir contra la alcaldesa”. Sin embargo, prosigue, “creímos que era nuestro deber hacerlo, no solo por nosotros, sino por ayudar a que otras personas se den cuenta de que es positivo”.

En opinión de Esteban Ibarra, el problema de la falta de denuncias responde a “motivos estructurales”. Sin embargo, sostiene que las víctimas de agresiones homófobas “denuncian más que otros colectivos como personas sin hogar o inmigrantes sin papeles”. Por ello, considera que es necesario un estímulo de las instituciones basado en campañas de sensibilización y también la existencia de medidas de amparo.

En este sentido se expresa Jesús Generelo, que asegura que “romper esas barreras es responsabilidad de los poderes públicos”. Ambos reclaman al Gobierno una Ley de Protección Integral contra los Delitos de Odio, similar a la ley de violencia de género. Entre sus características se encontraría “el tratamiento psicológico de la víctima de cualquier tipo de delito de odio en caso de necesidad o la implantación de un entorno de seguridad si la amenaza persiste”.

A pesar de las grietas que los expertos identifican en la lucha institucional y social contra los delitos de odio, también reconocen que ha habido “grandes avances”. Generelo pone como ejemplo la ley catalana contra la homofobia y la ley de libertad sexual de Extremadura que, en su opinión, “instaura los medios para prevenir estas agresiones o, en caso de que se produzcan, para reparar el daño causado”. Además, identifica un aumento de la visibilidad del fenómeno de la homofobia, “aún sostenido por los discursos del odio, que ahora son más sutiles”, añade. “Se está formando una red ciudadana de apoyo, a lo que contribuyen en gran medida las redes sociales”.