La alianza de PP y Vox acelera la ofensiva contra el colectivo LGTBI
Fuera las banderas arcoíris, ni rastro de compromisos en materia LGTBI y sustitución de las concejalías de Igualdad por las de Familia. Los primeros efectos del desembarco de Vox en ayuntamientos y comunidades al calor de los pactos con el Partido Popular tras el 28M han llegado en plena semana del Orgullo, que celebra su manifestación más multitudinaria, la marcha estatal, este sábado en Madrid. El colectivo sale a la calle ante el aumento del poder de una extrema derecha que no disimula su hostilidad hacia él y que viene a redoblar una ofensiva anti derechos que de alguna forma ya está presente en territorios gobernados por el PP, bien por su propia inacción o bien por haberse visto arrastrado por el marco ideológico impuesto por Vox desde su entrada en las instituciones.
De hecho, las ideas de la ultraderecha sobre el colectivo LGTBI suponen una vuelta de tuerca de lo que los 'populares' ya intentaron en su día: mientras los de Santiago Abascal siempre se han mostrado contrarios al matrimonio igualitario, el PP lo recurrió ante el Tribunal Constitucional en 2005, unos meses después de que fuera aprobado por el Congreso con su voto en contra. ¿La razón? Que la norma “desnaturaliza la institución constitucional del matrimonio” y la adopción homosexual se opone a que el “ámbito natural” para los menores sea “la unión heterosexual”, rezaba el recurso.
Cuando el tribunal avaló la ley aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy llevaba casi un año en La Moncloa, era 2012 y la sociedad ya había asumido la norma. Fueron años en los que los conservadores redujeron la animadversión hacia las personas LGTBI mostrada en el pasado, al menos públicamente. Los ataques al colectivo desde las instituciones mermaron y ante un avance social que no podían evitar, los populares comenzaron a intentar hacer equilibrios para sumarse y no ser tachados de LGTBIfóbicos, con cuidado de no generar descontento entre los perfiles y familias del partido más ultracatólicas.
Así, las dos legislaturas de Rajoy dibujaron un panorama ambivalente: a nivel estatal, el Gobierno llegó a aprobar una reforma sanitaria que restringió el derecho de las mujeres lesbianas y bisexuales con pareja mujer a la reproducción asistida y años más tarde, en 2018, descartó apoyar la Ley LGTBI que tramitaba el Congreso, pero en las comunidades, aunque con excepciones, se fueron tramitando y aprobando leyes autonómicas LGTBI y Trans, en algunos casos con el apoyo e incluso el impulso del propio Partido Popular.
“El PP jamás ha aprobado una legislación nacional favorable”
“El PP jamás ha aprobado una legislación nacional favorable a la población LGTBI. Sí lo ha hecho muchas veces a nivel autonómico o local, pero se ha opuesto de manera sistemática a absolutamente cualquier ley que pudiera beneficiarla específicamente. Durante muchas décadas ha sido el partido 'atrápalo todo' de la derecha y tenía que atender a muchos perfiles distintos, por ejemplo el electorado católico o uno muy alineado con posiciones filofranquistas. Hay una parte de convicción, pero por supuesto hay mucho de estrategia a la hora de jugar a cierta equidistancia, porque nadie quiere que le llamen LGTBIfóbico, así que siempre vas a encontrar una excusa técnica para oponerte”, explicaba en esta entrevista Nacho Esteban, autor del libro Por rojos y maricones (Egales), en el que analiza las políticas LGTBI del último siglo y los programas electorales de la democracia.
Medidas LGTBI en los programas electorales a lo largo de la democracia
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Fuente: 'Por rojos y maricones', editorial Egales
Sin embargo, en esa tendencia por mostrarse abiertos a los derechos LGTBI pero al mismo tiempo estar lejos de asumir las reivindicaciones del colectivo, estas legislaciones se han quedado en papel mojado en muchos lugares con gobiernos conservadores, según denuncian organizaciones LGTBI de comunidades como Andalucía, Galicia, Murcia o Madrid. En otras, como en Castilla y León, no ha llegado a ver la luz ninguna norma específica.
El escenario no es homogéneo y en él confluyen distintas realidades: en algunos territorios gobernados por los populares la inacción en el desarrollo de las leyes y la puesta en marcha de políticas públicas viene de lejos. Sin embargo, la entrada de Vox en las instituciones supuso un cambio cualitativo y ha logrado arrastrar al PP a muchas de sus posiciones, en línea con la reacción conservadora a nivel global que lleva años produciéndose. Así, los de Alberto Núñez-Feijóo siguen intentando hacer equilibrios y en este Orgullo han llegado a mostrar “solidaridad” y “compromiso” con las personas LGTBI que aún “están perseguidas y amenazadas” mientras pactaban con la extrema derecha en comunidades y ayuntamientos, avalando en muchos casos incluso la retirada de símbolos.
La presidenta de la Federación Estatal LGTBI, Uge Sangil, cree que Vox ha utilizado el “chantaje” y “los derechos humanos de las mujeres y del colectivo LGTBI” para condicionar su apoyo al PP. “Podemos hablar de Castilla y León, donde se ha cuestionado la libertad para ejercer el aborto y no hay una ley trans ni LGTBI; o de los ayuntamientos donde las concejalías de Igualdad pasan a convertirse en Familia, teniendo en cuenta cómo entienden ellos la familia; o podemos hablar de Murcia, donde se ha instaurado el veto parental y llevan cuatro años sometiendo al alumnado a la falta de información real”, enumera.
Los colectivos madrileños celebraron ampliamente la aprobación de la leyes Trans y LGTBI en 2016, pero llevan años reclamando su cumplimiento
El propio Alberto Nuñez-Feijóo ha prometido derogar la Ley Trans mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que reformará la norma autonómica, aprobada en tiempos de Cristina Cifuentes. El caso de la comunidad madrileña es paradigmático. La presidenta ha flirteado en los dos últimos años con la idea de reformar la ley para contentar a la extrema derecha, que se lo exigía, pero no ha sido hasta ahora, tras los resultados del 28M que le han dado mayoría absoluta y no necesita a Vox para gobernar, cuando ha anunciado que la cambiará afirmando que “no se va a hacer ingeniera social a costa de nadie”. La propia Ayuso defendió la ley en su momento: “Hay gente que no puede vivir en plenitud ni en libertad a causa de prejuicios ajenos”, decía en 2016 para apoyar la norma frente a los ataques de la ahora diputada de Vox Carla Toscano.
Los colectivos madrileños celebraron ampliamente la aprobación de la leyes Trans y LGTBI en 2016, pero llevan años reclamando su cumplimiento, entre otras cosas en lo que se refiere a la prohibición de las terapias de conversión, sancionadas con multas de hasta 45.000 euros. A pesar de que la Comunidad de Madrid tiene un caso sobre la mesa, el de la coach Elena L.R, el proceso de sanción no ha llegado a culminarse y también ha dejado sin multa los cursos puestos en marcha por el Obispado de Alcalá de Henares que publicó este diario.
El vacío en Andalucía
Aunque ya contaba con una Ley Trans de 2014, Andalucía aprobó una LGTBI en 2017 por unanimidad y todavía sin Vox en la institución. Las elecciones del año siguiente supusieron un cambio político, con el PP y Ciudadanos en el Gobierno gracias al apoyo de la extrema derecha. “La Consejería de Igualdad la tenía Ciudadanos y fueron muy proactivos, pero las políticas LGTBI son trasversales y en el resto no se hizo nada”, explica Charo Alises, que habla como responsable de la asociación Ojalá, pero es vicepresidenta del Consejo andaluz de participación del colectivo LGTBI, un órgano auspiciado por aquella norma para evaluar su implementación pero que, admite, la administración ha dejado “absolutamente inactivo”.
“Pensábamos que no se hacían más cosas porque estaba Vox, pero el PP gobierna ahora con mayoría absoluta y las políticas LGTBI brillan por su ausencia”, desarrolla Alises, que denuncia que los populares no están haciendo “absolutamente nada por implementar la ley” que pretende proteger al colectivo y sus familias. “El día contra la lgtbifobia o el Orgullo leen un manifiesto, pero es maquillaje”, advierte esta abogada, que reconoce que “lo único que ha hecho la consejería y la secretaría general es presentar un protocolo de atención en los servicios sociales, que había elaborado la administración anterior”.
Uno de los caballos de batalla de la extrema derecha es la educación en diversidad. Murcia fue la punta de lanza, pero no hace falta establecer un veto parental para desincentivar que los centros la impartan. Rajoy hizo campaña para suprimir la asignatura de ‘Educación para la ciudadanía’ y comenzó a maquinar en cuanto llegó a la Moncloa para que no se impartiese dentro del currículo. Una década después, la forma de impedir la educación en valores como el respeto a la diversidad afectivo-sexual es menos sutil. “No han puesto el pin, pero no han implementado nada de la ley en educación”, insiste Alises, que imparte algunos de estos talleres. “Yo les hablo de terminología y de desmontar prejuicios, pero he tenido el caso de un padre que le dijo a su hija que no volviera a estar presente en estas charlas. Esto puede hacer que directores de instituto no quieran tener problemas y desistan”, ejemplifica.
La educación afectivo sexual, limitada en Murcia
En Murcia, un feudo del PP gobernado por Fernando López Miras desde 2017, la Asamblea aprobó por unanimidad su Ley LGTBI en 2017 y en sus primeros años en el Gobierno, la postura de los conservadores era más amable, pero la irrupción de Vox, auspiciada por organizaciones ultraconservadoras como Hazte Oír cambió el tono de los populares también en esa comunidad. Según cuenta el vicepresidente de la entidad No te prives, Diego Aguilera, en 2018 la Consejería de Educación les ofreció la posibilidad de hacer formación en diversidad para el profesorado que en su primera edición contó con más de 122 profesores. “El curso fue un éxito y se proyectó una segunda edición, para 2019/20, pero la mañana del día en que se volvió a investir a López Miras con el apoyo de Vox se eliminó esa línea de formación”, denuncia.
Jesús Costa, el presidente del colectivo, enumera las dificultades para la implementación de la ley pactada en 2016 con todos los grupos desde que Vox entró en la Asamblea: cuatro años para aprobar un protocolo de asistencia sanitaria integral a las personas trans, que no todos los profesionales acatan; en educación, diferencias entre los centros a la hora de cambiar el nombre de los menores trans en los documentos; un Observatorio que no convoca plenos; cero apoyo institucional; y un veto parental que se impone en la práctica en colegios e institutos. “Hay centros que no piden las charlas o que, aunque las pidan, informan a los padres para que no lleven a los niños si no quieren”, denuncia.
Galicia es otro de los territorios históricos del PP, donde gobierna en solitario desde 2009. Cinco años más tarde el Parlamento aprobó con el apoyo de Feijóo la ley LGTBI de la comunidad, pero los colectivos denuncian su falta de aplicación. “No está dotada de presupuesto, ha habido muchas iniciativas para hacerlo, pero el PP las echó abajo”, cuenta Marta Alonso, portavoz de la asociación Nós Mesmas. Entre otras cuestiones, las personas trans gallegas no pueden modificar su nombre en los documentos sanitarios, como estipula la ley y solo hace dos años que se ha creado el observatorio al que obligaba la norma, “pero sin función efectiva porque no recoge denuncias”, añade.
Precisamente esta misma semana el PP ha usado su mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia para tumbar una iniciativa del PSdeG apoyada por el BNG para desarrollar la ley autonómica y dar más fondos a las asociaciones que trabajan por la igualdad. “Al final Vox es mucho más explícito con el ataque a los derechos LGTBI, cuando el PP tiene mayoría absoluta es básicamente un quiero y no puedo....dar una cierta imagen y apariencia”, cree Alonso.
Sin ley en Castilla y León
Fue en Castilla y León donde Vox pasó de influir a entrar por primera vez en un Gobierno autonómico, en 2022. “Lo reseñable es que partíamos de una situación bastante precaria”, explica la técnica de proyectos de Fundación Triángulo Virginia Hernández. En la última legislatura de Juan Vicente Herrera, de 2015 a 2019, se impulsó el borrador de una ley que quedó olvidada en un cajón. “En la siguiente, el PP ni siquiera tramitó su propia ley y con la entrada de Vox, ya manifestaron que no la iban a poner en marcha”, explica la portavoz de la entidad. A diferencia de su predecesor, Alfonso Fernández Mañueco ya representaba para Hernández ese PP “más reaccionario y conservador, contrario al ala más liberal”.
Más allá de verbalizar la negativa a aprobar una ley que defienda a las personas LGTBI, la llegada de la extrema derecha al Gobierno castellano y leonés ha servido para tirar por tierra cualquier gesto simbólico. Ya en 2022 el presidente de las Cortes decidió no iluminar el edificio con los colores de la bandera arcoíris. En una carta a la Fundación Triángulo, Carlos Pollán justificó su decisión en que no se trata de un “colectivo vulnerable” y que la entidad había realizado “descalificaciones acerca de algunos partidos políticos que conforman la Cámara”. El esperpento ha llegado a máximos esta semana, cuando ha amenazado al PSOE para que retirara las banderas también de las ventanas de sus despachos.
Al margen de los símbolos, lo que no se ha visto mermado en la comunidad por la influencia de Vox es la aportación de recursos a programas de las entidades LGTBI porque, de facto, esta vía ya estaba vetada para estas organizaciones. “Una de nuestras vías de financiación es el IRPF. Esta es una de las cosas que (gobiernos de derechas) pueden derogar en otras comunidades, pero aquí no, porque ya no lo había. Es una situación bastante anómala, incluso para el Partido Popular”, desarrolla Hernández, a quien el tuit de este miércoles de Mañueco conmemorando el día del Orgullo le ha parecido “una falta de respeto y de decoro”.
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