Aprobado el Plan de la Dependencia para reducir las esperas y mejorar la asistencia

Madrid, 15 ene (EFE).- Reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones económicas y las condiciones de los profesionales son objetivos prioritarios del nuevo Plan de Choque de la Dependencia, que ha aprobado este viernes el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Dependencia.

El sistema incluye actualmente a 1,1 millones de personas beneficiarias con derecho efectivo a prestaciones, mientras que unas 380.000 personas están a la espera de un procedimiento, según señala el Ministerio de Derechos Sociales en un comunicado.

Con un incremento de 600 millones de euros en la financiación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) por parte de la administración general del Estado, el acuerdo fija un calendario para implementar de forma progresiva todas las medidas en un plazo de tres años.

Un respaldo económico que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete a incluir en sus propuestas para los presupuestos de 2022 y 2023 “con una magnitud similar”, según recoge el plan de choque, que ayer logró el respaldo de empresarios y sindicatos.

“Tenemos por delante una importante tarea para poner en marcha este Plan”, ha dicho el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, que ha presidido telemáticamente la reunión del Consejo Interterritorial.

Iglesias ha destacado la inversión en “esta política pública y los importantes retornos económicos que genera, además de su contribución al bienestar y los derechos sociales”.

Sobre la reducción de las listas de espera, el acuerdo fija que el próximo mes de febrero se apruebe un plan específico con los objetivos y medidas concretas de cada comunidad autónoma, así como propuestas para simplificar los trámites administrativos.

En este sentido, el plan propone que los procedimientos no caduquen por la inactividad involuntaria del solicitante, que los programas de atención puedan ser modificados según los cambios de circunstancia de las personas, sin que suponga reiniciar los procesos, o establecer un “procedimiento urgente” de acceso a las prestaciones para personas dependientes de elevada vulnerabilidad.

Las cuantías del nivel mínimo que aporta la administración general del Estado por cada persona dependiente que recibe alguna prestación o servicio se incrementarán en un 17,4 %.

En concreto, el plan detalla que la partida que recibirán las comunidades por prestación de servicios a las personas dependientes de Grado I (dependientes moderados) aumentará 12,62 euros, al pasar de 47,38 a 60 euros; la de Grado II (dependientes severos) sube 9,51 euros al situarse en 94 euros frente a los 84,49 anteriores, y la de Grado III se incrementa 44,87 euros (de 190,13 a 235 euros).

A lo largo de 2021 se llevará a cabo una evaluación completa del SAAD, que financiará el Ministerio de Derechos Sociales, y que servirá como marco para los cambios que necesite a medio plazo el sistema.

PRINCIPALES MEDIDAS DEL PLAN DE CHOQUE

1. Establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales. Prevé que a finales de 2022 todas estas personas tengan acceso a este servicio en su domicilio.

2. Incrementar las horas de atención en el Servicio de Ayuda a Domicilio. A lo largo de 2021 se regulará la figura del asistente personal y se abordará la posible modificación de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.

3. Reforzar la calidad de los servicios y las condiciones laborales de las personas que trabajan en residencias y paliar la insuficiencia en el número de profesionales que adolece el sector. Para ello, en el primer semestre de este año se acordarán las modificaciones necesarias para la acreditación de centros y servicios del sistema.

4. Ampliar las compatibilidades entre las prestaciones y servicios.

5. Diseñar un programa para la cualificación del personal de los servicios de cuidados de largo duración y de los servicios sociales.

6. Extender la Escala de Valoración Específica (EVE) desde los 3 hasta los 6 años.

7. Agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas al incremento de la cobertura del sistema.

8. Recuperar el nivel acordado de financiación por un valor de más de 283 millones de euros y orientarlo para lograr medidas estratégicas que refuercen el SAAD.

9. Analizar y revisar el actual modelo de copago y durante el primer semestre de 2021 establecer unos criterios mínimos comunes.

10. Reconocer la aportación de las entidades locales y reconsiderar su papel en el SAAD a lo largo de este año.