El centro de salud aragonés donde trabaja Rosa Magallón es como los del resto de comunidades autónomas: un dique imprescindible en la contención del coronavirus y de otras patologías que no dan tregua aunque el sistema sanitario español esté colapsado. Por eso, ella y su equipo continúan ofreciendo asistencia domiciliaria a gente mayor que no puede permitirse acudir presencialmente para cumplir con sus curas diarias.
“La capacidad resolutiva de la atención primaria ha permitido que la mayoría de los enfermos y sus familias sean atendidos en sus propios domicilios con los cuidados habituales”, explica Magallón a eldiario.es. “Tengo 25 o 30 pacientes domiciliarios de los que hay que hacerse cargo a nivel médico, pero también psicológico: están sufriendo mucha ansiedad y depresión estos días”, cuenta.
Magallón es una más de tantas profesionales sanitarias de España, pero a la vez no es una cualquiera: es la única profesora titular universitaria en España de Medicina Familiar y Comunitaria y, además de su trabajo en el Centro de Salud Arrabal y en la Universidad de Zaragoza, la doctora es presidenta de la Red Española de Atención Primaria, “una organización pequeña cuyo foco no es una profesión, en este caso la medicina, sino el paciente. Por eso está formada también por farmacéuticos, enfermeras y trabajadoras sociales”, enumera.
Esta asociación reivindica que el 80 y 90% de los casos confirmados o sospechosos de coronavirus se están llevando desde un servicio de atención primaria sin ayudas económicas y sin consideración hacia sus profesionales: “Hemos pasado de ser la puerta de entrada a ser la puerta ignorada del sector”, se lamenta su portavoz. Con todo y con eso, solo tiene buenas palabras hacia la actitud y la cohesión de su equipo, que lleva más de cinco semanas implicándose sin descanso en las casas, en el centro y en cinco residencias de la capital aragonesa.
Rosa Magallón se queja de que, mientras otros servicios como el 061 cuentan con pruebas PCR, en el Centro Arrabal han tenido que trabajar sin ellas hasta hace bien poco. “Ha sido y está siendo muy duro. Hemos creado desde el principio un sistema de detección precoz de la COVID-19 que requiere un esfuerzo tremendo”, explica la especialista en medicina familiar.
En un día, pueden llevar seguimiento telefónico de hasta 40 personas, apuntando sus síntomas en un Excel y haciendo una check-list con los diferentes estados. “Hemos dado altas asintomáticas por teléfono a un montón de pacientes, con todas las sospechas e incertidumbre que eso conlleva y sin que se nos haya apoyado. No nos han dado opción a test que sí ha tenido el 061, donde además han contratado a gente para hacer tareas que podríamos haber asumido nosotros desde el minuto uno”, critica.
Según ella, este “desprecio” no lo ha recibido ningún sanitario que trabaje en UCI o en hospital: “El esfuerzo autoorganizativo para no colapsar los hospitales y hacernos cargo de la mayoría de los pacientes ha sido poco o nada reconocido”.
No obstante, el lunes, Pedro Sánchez llamó a las autonomías a reforzar este servicio tras el estado de alarma de cara a una desescalada de la enfermedad. “Nos quieren para hacer estudios epidemiológicos a toda la población. Yo no voy a ofrecer mi centro de salud para eso cuando no hemos podido hacer nuestra labor clínica, diagnóstica y asistencial en buenas condiciones”, avisa Magallón.
“No se nos ha consultado para nada y no se ha contado con nosotros hasta el final. Ha sido una dejadez extrema”, replica. De hecho, para atender a los contagiados tienen que protegerse aún con equipos muy escasos: los monos verdes y amarillos que llevan en el centro de salud están confeccionados por una asociación de vecinos del barrio y, solo cuando salen a las residencias con foco de infección, usan “diez EPIs que nos dio el Colegio de Médicos, que reciclamos y lavamos con lejía todos los días”.
Además, “hay administraciones sanitarias que han ignorado el papel de cercanía y responsabilidad respecto de las personas mayores que viven en las residencias con unos resultados que son ya bien conocidos. La Atención Primaria de Salud ha tenido que autoorganizarse para evitar la entrada de coronavirus en las mismas y tratar de controlar los focos cuando se han producido”.
El equipo del Centro de Salud Arrabal presta atención a cinco residencias en la ciudad de Zaragoza y, de todas ellas, solo una ha registrado un brote de coronavirus. “Nos desbarató mucho porque contabilizamos 18 muertos y estábamos abandonados a nuestra suerte. Me he tenido que embroncar para conseguir las PCR que llevamos allí”, denuncia Magallón.
“Nuestra incapacidad para agilizar la atención de los pacientes genera mucha impotencia. No sé si hubiera alterado el número de defunciones, pero el cabreo no nos lo quita nadie. No consultan a las trincheras, cuando somos personal cualificado, y solo nos tienen a la espera de recibir órdenes desde los despachos”, recuerda.
A pesar de todo, Magallón es optimista con los otros cuatro centros de mayores “limpios” de coronavirus. “De hecho, el que tiene el foco de infección es el único con servicio medicalizado. En los otros, las verdaderas heroínas son las auxiliares, que llevan cinco semanas metidas en las residencias, durmiendo en colchonetas en el suelo y controlando quién pasa y quién no para evitar el riesgo al máximo”, concede.
Desprotegidas, invisibles y precarias, las trabajadoras de las residencias batallan contra la COVID-19 por apenas mil euros al mes. Para la mayor experta en atención primaria de nuestro país, “estas mujeres son a quienes debemos aplaudir a las ocho de la tarde”. Rosa Magallón, que pide más atención para su especialidad a nivel nacional, también se acuerda de ellas. Otra primera línea olvidada de una lucha en la que, confía, “aún se pueden enmendar los errores”.
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