“La LOMLOE, ya se modifique o se derogue, desde luego vamos a cambiar el paradigma de educación en nuestro país” (sic). El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene claro que habrá reforma educativa si le dan los números. De la fuerza de esta hipotética mayoría dependerá probablemente el calado de esa reforma. ¿Cambio de la llamada ley Celaá entera? ¿Renovación más o menos profunda sobre la base de la LOE, como se ha hecho las dos últimas veces?
Feijóo se muestra ambiguo, también en esto. “Dejemos que el ministro o la ministra de Educación diga si de esta ley se aprovecha el 5%. Eso es una derogación”, afirmó en esRadio. Traducido: no se sabrá nada hasta bien pasadas las elecciones, siempre asumiendo un resultado favorable para sus intereses. Según fuentes de Génova, el actual responsable de Educación del PP es el también portavoz de la campaña, Borja Sémper, pero el partido no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre las líneas maestras del programa electoral en Educación.
La publicación del programa electoral del partido arroja algo de luz sobre las intenciones del partido. Un programa que no incluye ninguna sorpresa, al menos en la comparación con los temas que han ocupado al PP durante el trámite parlamentario que se siguió para aprobar la Lomloe, las declaraciones hechas por diferentes responsables populares en los últimos años, la postura de sus consejeros de Educación en las diferentes Conferencias Sectoriales del ramo –donde se abordan los problemas o novedades que hay en las aulas– y últimamente los acuerdos alcanzados con Vox para intentar gobernar en numerosas comunidades autónomas.
“El mérito y el esfuerzo de los alumnos y el prestigio de la figura del profesor guiarán nuestro modelo educativo”, explica el partido en la primera de las tres páginas (de 108) que dedica a la Educación.
La situación de la concertada y el reparto del alumnado por la doble red, la supuesta desaparición de la educación especial y el uso de las lenguas cooficiales en las aulas fueron las principales batallas del partido entonces de Pablo Casado mientras se aprobaba la ley en el Parlamento, protestas que incluyeron el uso de niños pequeños. Después, cuando se desarrolló la ley y se redactaron los currículos, llegó el turno del “adoctrinamiento” por cuestiones, entre otras, como la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos, o la bajada de nivel por rebajar los currículos o permitir el paso de curso con más de dos suspensos. Luego llegó Vox con su exigencia del veto parental, entonces rechazado pero hoy prácticamente asumido como parte del ideario propio. La Selectividad ha sido una de las últimas batallas: hay que poner una prueba única en toda España, dice el mantra imposible de cumplir.
“Concertada y criterios de admisión, la educación especial y las lenguas”, responde Luz Martínez Seijo, responsable de Educación del PSOE en el Congreso y una de las personas más implicadas en la negociación de la Lomloe durante el trámite parlamentario, cuando se le pregunta por los temas donde más dio la batalla el PP. “Siempre han tenido obsesiones muy concretas en relación a la Educación. Siempre les ha obsesionado legislar para cambiar ciertos derechos en detrimento de la educación pública”, advierte. “Ahora nos preocupa de una manera muy clara –lo estamos viendo en los gobiernos PP-Vox– lo relacionado con algunos elementos clave introducidos en el currículo, como el trabajo en igualdad o la lucha contra la violencia de género, cuestiones que Vox impondría al PP. Por no decir los contenidos relacionados con el cambio climático o la educación afectivo-sexual. Ya hemos visto cómo están imponiendo el veto parental, que no es más que censura educativa”, reflexiona.
Su homólogo en Unidas Podemos, Joan Mena, añade “la educación competencial” entre las “obsesiones” del PP, que se asociaría a una supuesta bajada de nivel por ir contra la memorización como base del sistema. “Parece que ellos quieren huir de esta educación competencial, que lo que hace es garantizar que las familias socioeconómicamente más vulnerables tengan las mismas oportunidades que el resto de las familias. ”Nos preocupa que el PP, en su competición con Vox, pretenda utilizar la educación para generar tensión desde un punto de vista educativo y pedagógico. Ya lo hicieron cuando gobernaron en solitario“.
Escuela concertada
El PP y la escuela concertada siempre han sido un matrimonio bien avenido y el partido montó en cólera cuando la Lomloe propuso –y acabó implantando– una mínima reordenación del reparto del alumnado por la red de centros que sostienen los fondos públicos. La gran afrenta de la nueva ley fue poner por delante la escuela pública frente a la privada financiada con dinero público a la hora de garantizar la oferta de plazas, o eliminar de la norma el concepto “demanda social”, que se había inventado Wert en 2012 para justificar la construcción de centros concertados en vez de públicos allá donde hicieran falta más plazas.
La Lomloe planteó pequeños retoques para que el alumnado se reparta de una manera más equilibrada por el sistema y evitar la selección de estudiantes que a veces hacen los concertados. “Modificarían los criterios de admisión en los centros educativos y por tanto el equilibrio que se ha introducido para que no haya una escolarización más equilibrada y evitar centros gueto y segregación escolar”, augura Martínez Seijo. Porque, lo dice la estadística, la realidad es que pese a que se supone que debe funcionar exactamente bajo las mismas reglas de admisión que la escuela pública, la concertada acoge al alumnado más favorecido mientras los de origen más humilde se concentran en la pública.
El PP establece en su programa que reformará la Lomloe e impulsará “un Acuerdo Social, basado en los principios del artículo 27 de la Constitución”, que –esta es la parte que les interesa– explica que “se reconoce la libertad de enseñanza”. En lenguaje popular, esto significa defender “la libertad de los padres para elegir el centro y el tipo de educación”.
El argumentario popular para defender la escuela concertada es sencillo y se resume en una palabra: “Libertad”. Esta alocución de Isabel Díaz Ayuso resume bastante bien el ideario: “Somos nosotros, como hemos hecho siempre, los que vamos a defender la educación concertada y especial. Solo nosotros defendemos que todas las familias en la Comunidad de Madrid elijan la educación que quieren para sus hijos”. Óbviese la referencia autonómica y el mensaje es el mismo desde Galicia hasta Murcia.
Este fue, probablemente, el asunto con el que más ruido hizo el partido durante el trámite parlamentario. El PP se unió al grupo Más Plurales, que representaba a buena parte de la escuela concertada y que bajo el símbolo de los lazos naranjas decía que se ponía en duda su propia existencia. Casi todo valió durante aquella campaña –que también secundó Vox–, incluido el uso de niños de cinco años.
Mención especial merece la financiación con fondos públicos de centros privados que segregan a su alumnado por sexo, que el PP defiende a ultranza. La Lomce de Wert avaló esta práctica, que la Lomloe prohibió. El PP la llevó, con toda la ley, al Tribunal Constitucional, que acabó validando el veto de la ley Celaá. Los centros que solo admiten chicos o chicas son en su mayoría de la órbita del Opus y la prohibición de que reciban fondos públicos está funcionando: han caído un 42% desde que está en vigor.
Educación especial
Fue otra de las grandes peleas durante el trámite de la Lomloe. El PP, de nuevo de la mano de Más Plurales –que tuvo entre sus impulsoras a una ex de Falange Independiente–, se lanzó en tromba contra la disposición adicional 4ª de la Lomloe, que cambió el paradigma de la educación especial en España.
Ese párrafo establece que el Gobierno y las comunidades autónomas tienen un plazo de diez años para convertir los colegios especiales en centros de referencia y recursos para los centros ordinarios pero que apenas acojan alumnado propiamente, siguiendo la Convención de la ONU de derechos de las personas con discapacidad, que España ratificó hace años, y que establece que todos los alumnos, sin excepción, deben acudir a los colegios ordinarios con los recursos que haga falta para su plena inclusión.
La ley ni siquiera llega ahí, pero tampoco adjudicó recursos para llevar a cabo esta conversión. Se quedó en un medio camino que –fuera del ruido de Más Plurales– no satisfizo ni a los defensores de la educación especial ni a los de la inclusión. Pero el PP compró el discurso más extremo y auguró el fin de la escuela especial. En su denuncia al Constitucional incluyó el argumento de que la entonces ministra Celaá “limita el derecho de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos, arrinconando a la concertada y la especial”.
Los currículos y el mantra del esfuerzo
Feijóo también ha lamentado la predisposición del Gobierno a “igualar por abajo”, bajo el argumento de que la Lomloe permite a los estudiantes pasar de curso “con independencia del número de suspensos”, a pesar de que sea una decisión que se toma por mayoría en el claustro (bajo la premisa de que es el profesorado quien mejor conoce a su alumnado). Regalar aprobados “devalúa la calidad” y “va contra el esfuerzo” del alumnado, denunciaba el PP. Ahora, incluye en su programa que se potenciarán “el esfuerzo y el mérito”.
Obvia esta afirmación el hecho de que en las comunidades que gobierna el PP se da básicamente el mismo porcentaje de estudiantes con asignaturas suspensas que obtienen el título de la ESO que en las demás: en Madrid son un 25%, en Murcia un 27%, en Castilla y León un 27%. La media nacional es del 24%. La decisión final sobre la promoción o titulación de un alumno era, es y será del profesorado, recuerdan los profesionales.
Esta misma idea de la caída de la calidad y el ataque el esfuerzo y la (supuesta) meritocracia subyace bajo la crítica a los nuevos currículos, que han entrado de lleno en las competencias y en el “saber hacer” frente a la memorización, además de rebajar sensiblemente su contenido y dejarlos más abiertos, sin listados exhaustivos de cuestiones a aprender, para que cada comunidad, colegio e incluso profesor lo adapte a sus características concretas. En el programa electoral, el partido entra en esta cuestión de manera directa: “Reforzaremos los contenidos curriculares, en concreto los de las asignaturas troncales”, explicitan.
Los currículos también introdujeron la perspectiva de género con carácter transversal y específicamente en las matemáticas, un elemento que al PP le parece “una solemne bobada”, en palabras de Ana Pastor. El Tribunal Supremo no entra en si es “una solemne bobada” o no, pero este mismo miércoles ha rechazado un recurso de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres Alumnos (Concapa), cercana al PP, contra varios puntos del Real Decreto que regula la enseñanza Primaria y niega que incluir la “perspectiva de género” genere desigualdad. Es más, dice el alto tribunal en la sentencia que “la mera referencia al 'género', sin más, no supone adoctrinamiento alguno para los alumnos. Al contrario, cuando se alude a la 'igualdad de género' o a la 'perspectiva de género' se está aludiendo a la igualdad, que no olvidemos es un derecho fundamental, previsto en el artículo 14 de la CE, y uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1.1 de la CE)”.
Con los currículos se da la circunstancia de que son más fáciles de modificar, normativamente, que la ley. Al ser desarrollos reglamentarios tienen la forma legal de un Real Decreto, que se puede derogar o modificar con otro RD.
El veto parental y el sesgo ideológico
“Aseguraremos la neutralidad ideológica en las aulas”, se lee en la medida 152 del programa electoral del PP frente a un supuesto “sesgo” que nadie que no sea Vox respalda que exista (como hizo el Supremo con la denuncia de Concapa). Relacionado con esto queda la cuestión del supuesto “adoctrinamiento” que se da en las escuelas y la posible introducción del veto parental en la escuela, un mecanismo por el que las familias pueden excusar la asistencia de sus hijos a ciertas actividades –habitualmente cursos sobre diversidad afectivo-sexual o igualdad–.
El asunto no había sido históricamente una preocupación en el PP –hace solo 20 meses la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazaba implantarla en la región porque le parecía “excesiva”–, pero en las últimas semanas los populares han comprado el marco de Vox y ya lo incluyen en sus acuerdos de Gobierno en varias comunidades autónomas con toda naturalidad. Feijóo no se ha pronunciado sobre esta cuestión, que sí está entre las prioridades de su potencial socio de Gobierno.
“Adoctrinamiento” también ha sido una palabra recurrente en el argumentario del PP. Se dio, por ejemplo, cuando el currículo de Primaria (re)introdujo la asignatura de Valores Cívicos, que los populares entendieron como una vuelta a la asignatura Educación para la Ciudadanía de Zapatero, que ya se encargaron de derogar porque afirmaban que manipulaba al alumnado. “Esta nueva materia y el conjunto de su desarrollo, demuestra la intención que ha tenido el Gobierno socialista de introducir la ideología en el aula, en lugar de utilizar la educación para mejorar el sistema y extender libertades”, defendía la entonces portavoz popular en Educación, Sandra Moneo.
La lengua de la educación
Cuestión nuclear para el PP. El Gobierno (PSOE y UP) pactó con ERC sustituir la referencia al castellano como lengua vehicular de la Educación por una alusión a los Estatutos de Autonomía. El texto pactado suprimió la fórmula “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares” y dejó un genérico “las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable”. Para los partidos catalanes esto garantizaba la inmersión lingüística.
Los jueces opinaron distinto y aunque el asunto sigue pendiente de que se pronuncie el Constitucional –familias catalanas, apoyadas por el PP, están dando la batalla legal– el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado más horas de castellano en una clase a petición de una familia –el equivalente al 25%, que es una asignatura troncal–. Esta decisión judicial tiene una lectura fundamental en este aspecto: los jueces encargados de resolver sobre las disputas lingüísticas han demostrado que son ellos los que en realidad tienen la sartén por el mango, por mucho que desde el legislativo se vayan aprobando distintas normativas que, según los políticos, blindan el catalán en la escuela.
El PP pone negro sobre blanco en su programa electoral que “en las comunidades autónomas con más de una lengua oficial, ambas tendrán la consideración de vehiculares”, y añade que asegurarán que “todos los estudiantes escriban y se expresen correctamente en castellano y en la lengua cooficial correspondiente”. Búsquesen las siete diferencias con la fórmula que ya está en la Lomloe: “Todos los alumnos y alumnas deberán alcanzar el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente”.
Selectividad
Uno de los temas sobre los que el partido ha venido mostrando su rechazo a la gestión del Gobierno es la Selectividad. La prueba más famosa de todo el sistema educativo está en pleno proceso de reforma, al punto de que el adelanto electoral dio al traste con la renovación que el Ministerio de Educación ya tiene lista. Para el PP esta sería una oportunidad de oro para aprobar un cambio a medida que no requerirá en principio de grandes consensos, porque es un desarrollo normativo y como tal se hace por Real Decreto.
Tras dar alguna vuelta, el partido propone ahora en su programa implantar una Ebau “común para todo el territorio nacional”, validando la postura de los presidentes autonómicos del partido, que han estado dando la batalla durante las negociaciones para modificarla para hacer una prueba única en toda España, pese a que con currículos –y por tanto contenidos– distintos en cada comunidad es técnicamente casi imposible. Feijóo se había limitado a hablar de hacer una prueba “con similares características de dificultad” en todo el país “para que no se produzcan discriminaciones”. El programa da un paso más y habla de “prueba común”.
Becas
No hay muchas manifestaciones públicas del partido sobre una cuestión que es nuclear para la igualdad de oportunidades, especialmente en la Universidad. En el programa para las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, el PP habla de promover “una ampliación de la política de becas” para que “ningún alumno se vea excluido”.
Los precedentes dicen otra cosa, sin embargo. Con Wert al frente de la Educación, el Gobierno popular laminó la partida de becas, endureció las condiciones para acceder a ellas y mantenerlas elevando la nota exigida –lo que llegó a provocar que 116.000 estudiantes tuvieran que devolver su ayuda en cinco años– y .
También está el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que ha instaurado becas (subvenciones) para centros privados de etapas diversas y a las que pueden acceder familias de cuatro miembros que ingresen 140.000 euros al año. Feijóo parece estar conforme con este tipo de medidas, según declaró hace un año en Onda Cero. “Es una discusión perfectamente razonable”, dijo tras afirmar que lo que más le preocupa “es que se den becas a todas la rentas bajas y que estén garantizadas con el único limite de la notas”.
*Este artículo ha sido actualizado el 4 de julio tras la publicación del programa electoral del PP.
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