Los ayuntamientos se unen para exigir al Gobierno el pacto contra la violencia machista tras dejarlo en el aire
Los ayuntamientos quieren dar un golpe en la mesa y colocarse en primera linea. En una semana en la que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno ha sembrado las dudas sobre la financiación del pacto de Estado contra la violencia machista, consistorios de diferentes partidos se han unido para reivindicar su papel en la implantación de las medidas. Eso sí, exigen el dinero que, según lo que acordó el Congreso, debería transferirles el Ejecutivo y que, de momento, y al menos hasta que no se aprueben los presupuestos, está en el aire.
Impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, este viernes y sábado se celebra el foro de municipios por el pacto contra la violencia de género, que reúne en la capital a representantes de decenas de municipios gobernados por partidos de diferente color político, desde candidaturas impulsadas por Podemos al PSOE, PP o PNV. El objetivo es buscar un “posicionamiento común” que “permita ejercer una interlocución con la Administración central”. Las jornadas contarán con ponencias de miembros de ayuntamientos como el de Barcelona, Málaga, Sevilla o Valencia, pero asistirán casi 40 entes locales.
“Debemos exigir a las administraciones que cumplan con sus compromisos. El pacto inaugura un nuevo marco en el que los ayuntamientos tenemos obligaciones que antes no teníamos, pero el Gobierno debe cumplir también con las suyas”, explica María Naredo, directora de prevención y atención frente a la violencia de género del Área de Gobierno de políticas de género y diversidad del Ayuntamiento de Madrid. “Y para eso, el dinero tiene que estar blindado”, prosigue.
Y es que el proyecto de presupuestos presentado el pasado martes por el Ejecutivo ha generado confusión porque consigna 80 millones de euros para el pacto, pero supedita el resto –120 millones– al sistema de financiación autonómica. Sobre este montante, lo que contempla el documento del pacto, aprobado el pasado mes de septiembre en el Congreso, es que debían ser transferencias de 100 y 20 millones a las comunidades y a los ayuntamientos respectivamente, que junto a los 80 alcanzan los 200 comprometidos.
“Los PGE nos han dejado en una situación de mucha incertidumbre porque en teoría estos fondos eran directos y ahora ni nosotros mismos sabemos de qué manera pretenden repartir ese dinero. Esto era algo importante del pacto porque se trataba de una ayuda directa específica solo para este tema”, argumenta Marta Cruells, jefa de gabinete de la Concejalía de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona.
Un gobierno sin cauces
De hecho, el pacto reconoce la importancia del papel de los consistorios en su implementación: “Ninguna de las medidas contempladas puede ser eficaz si no cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente. Por eso, el pacto aborda las necesidades financieras para garantizar la ejecución de las medidas que contempla y deposita en los acuerdos entre el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, los criterios de reparto”, contiene el documento.
Las responsables de los entes locales denuncian que el Ejecutivo no ha habilitado ningún cauce de interlocución con ellos, algo sobre lo que también pretenden llegar a una posición común en las jornadas para exigir algo más que financiación. Myriam Díaz, concejala del Ayuntamiento de Sevilla, asegura que lo ocurrido con los presupuestos ha sido “un mazazo” porque “no hemos tenido ningún tipo de información con respecto a la financiación y las competencias que tenemos los consistorios deben ser financiadas”.
Todas reivindican un “rol activo” en el pacto y piden que “las responsabilidades municipales en esta materia puedan desarrollarse sin trabas”, según especifican los objetivos de las jornadas, que abordarán varios ejes básicos: financiación, competencias, contratación de personal y estándares de calidad de los servicios que prestan los consistorios sobre violencia machista, entre ellos, los puntos de atención municipales para víctimas, que frecuentemente son la puerta de entrada al sistema de protección.
Pendientes del hilo de los PGE
La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de A Coruña, Rocío Fraga, apuesta por “ampliar la red” para demandar al Gobierno “que agilice los trabajos que no ha sacado adelante hasta ahora”. Fraga hace hincapié, además, en que “si hubiera tenido voluntad” el Ejecutivo podría haber habilitado una línea de crédito extraordinaria, tal y como le pidieron la oposición y los colectivos feministas, para no hacer depender la financiación del pacto de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que a día de hoy no cuentan con los apoyos suficientes.
Y es que el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a aprobar un decreto hace meses a raíz de una proposición no de ley del PSOE para dedicar de manera inmediata los 200 millones y cumplir las medidas contempladas, pero nunca se hizo efectivo.
“Con 44 asesinatos de mujeres, de 8 niños y niñas y con 22 menores huérfanos por culpa del machismo criminal, esperamos que nadie dude de que esos 200 millones son urgentes. No se puede congelar la financiación que garantiza la efectividad de las medidas del pacto”, subrayó entonces la diputada socialista Ángeles Álvarez en la defensa de la iniciativa. Entonces era noviembre del año pasado. Hoy la cifra de asesinatos machistas en 2017 asciende a 49 mujeres y 24 menores huérfanos, que se suman a las cinco mujeres asesinadas en los tres primeros meses de este año y los 3 huérfanos.
Pero, además, los consistorios no solo piden que la financiación se blinde, sino que el Ejecutivo implemente las vías para garantizar que el pacto: “Debemos tener recursos, pero también seguridad competencial, una estructura estable de profesionales y una interlocución constante. El pacto refuerza nuestra función como administraciones más cercanas a la ciudadanía en cuanto a la concienciación, la prevención y la atención integral de las víctimas de todos los tipos de violencias machistas”, concluye María Naredo.
