'Cheques bebé', una medida llamativa pero que no soluciona la crisis de natalidad

La natalidad en España va cuesta abajo. 2020 ha registrado un 5,9% de nacimientos menos que en el año anterior y la pandemia no es la única culpable, pues se trata de una inercia que se arrastra desde la crisis de los nacimientos a finales de los años 80 y que apenas repuntó durante la primera década del siglo. El número medio de hijos por mujer en España está situado en 1,18. El descenso durante los años diez ha sido irrefrenable.

En la sesión de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid de este jueves, Isabel Díaz Ayuso ha prometido incentivar la natalidad con una ayuda económica cada mes durante dos años para mujeres que cumplan tres condiciones muy precisas: ser menor de 30 años, tener una renta anual inferior a 30.000 euros y llevar al menos diez años empadronadas en Madrid. Se les transferirá un total de 14.500 euros durante dos años e incluso antes del parto, a partir del quinto mes de embarazo.

“Cualquier ayuda es bienvenida porque en España las ayudas a la familia y la crianza son muy bajas comparadas con otros países”, explica Teresa Castro, profesora de investigación sobre dinámicas demográficas en el CSIC. “La cuantía que ha anunciado la Comunidad de Madrid es grande pero tiene limitaciones, lo cual excluye a bastante población”, añade. El anuncio de Ayuso iría dirigido a unas 12.100 mujeres, tomando como referencia las menores de 30 que tuvieron un hijo en la comunidad de Madrid en 2019. De ellas, habría que descontar las que no cumplen con el requisito de llevar diez años viviendo en Madrid: el 39% de las mujeres entre 15 y 29 años no nacieron en esta comunidad. Si se eliminara el requisito de la renta, la población global a la que iría dirigida esta medida estaría en torno al medio millón de mujeres.

A Pau Miret, investigador del Centro de Estudios Demográficos, la ayuda le parece “muy generosa” pero “la letra pequeña” le resulta “peligrosa”: al respecto del límite de edad “sería problemático que hiciera aumentar la fecundidad adolescente”, adelantando demasiado la edad, una decisión que debería estar en el ámbito de lo privado, “que la gente lo haga cuando libremente considere que quiere tener los hijos”. Más allá de la fertilidad, no hay ningún motivo por el que sea mejor tener hijos con 20 años que con 30.

Por otro lado, el requisito de los diez años de empadronamiento le parece “problemático”: “no sé si será posible legalmente pues puede suponer una discriminación, sobre todo para las extranjeras”, dice. “Si esta medida se hubiera lanzado desde Catalunya o el País Vasco sería considerada nacionalista excluyente”, apunta. Y, por último, debido a que va dirigida a familias de renta baja, percibir 500 euros al mes puede ser considerada una “presión” para que mujeres que no tenían pensado ser madres, lo hagan porque les beneficia económicamente durante dos años. En ese sentido, no se está teniendo en cuenta que “tener hijos es una vulnerabilidad para las rentas más desfavorecidas”.

Ambos expertos coinciden en que probablemente esta política natalista sí consiga adelantar de forma coyuntural el momento de la maternidad, aunque no incrementar la natalidad. La edad media en la que las madrileñas deciden tener su primer hijo está en los 32 años, fuera de la población objetiva para la que se ha diseñado esta ayuda. Para que revirtiera en la natalidad, el ingreso económico debería tener suficiente peso como para hacer bajar esa media y que las veinteañeras se planteen ser madres. Pero, según Castro, “los estudios han demostrado que los incentivos económicos directos no tienen un impacto muy importante en la tasa de fecundidad”. Extremadura concedió durante tres años cantidades que iban desde los 500 a los 1.400 euros —con mayor generosidad para las familias de poblaciones pequeñas—, gastándose 9,4 millones de euros entre 2014 y 2017, pero las eliminó en ese último año porque no consiguió fomentar la natalidad ni asentar a la población en el medio rural.

Margarita León, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, es de la opinión de que la medida impulsada por Ayuso es “populista” porque “este tipo de propuestas llaman la atención, electoralmente funcionan, pero luego los límites son tan estrechos que en realidad no entra casi nadie”. Algo que contrasta con el discurso desplegado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que ha llegado a decir que “la protección de la maternidad será uno de los ejes más importantes de esta legislatura”. Es decir, concluye la experta, “propones una medida que te permite decir eso, pero luego no va a ser eficaz porque no hay casi mujeres en esas circunstancias”.

Pero incluso aunque el 'cheque bebé' estuviera dirigido a más mujeres, cree León, “ni siquiera así sería una política decisiva de fomento de la natalidad”. Como el resto de voces expertas consultadas para este reportaje, León coincide en que las políticas “que funcionan” son aquellas que atajan problemas de base, como la conciliación o el fomento de servicios públicos “de calidad”.

“El 'cheque bebé' que estuvo vigente en España entre 2007 y 2010 no tuvo un impacto importante en la fecundidad, es una medida que influye más en el calendario de nacimientos, adelantando o retrasando en función de las prestaciones, pero no en el número total de hijos que se decide tener”, recuerda Teresa Castro. “Estas medidas natalistas tienen un impacto más coyuntural que a largo plazo”, añade, incidiendo en que deberían ser sostenidas en el tiempo para que funcionen. No obstante, Castro advierte de que la cuantía de la ayuda que ha anunciado Madrid es tan elevada que sí espera un repunte temporal.

Por el momento, la evidencia disponible coincide en que los países que mantienen unos niveles de natalidad superiores a los de España y son considerados referentes en Europa, más que desarrollar políticas explícitamente pronatalistas, como podrían ser los llamados 'cheques bebé', se han centrado más bien en políticas estructurales enfocadas a la conciliación de la vida laboral y familiar, a la igualdad de género en cuanto a corresponsabilidad en los cuidados, a facilitar la emancipación residencial y económica de los jóvenes o a garantizar el acceso universal a la educación infantil. “Las medidas familiares como, por ejemplo, un aumento de viviendas sociales para jóvenes, fomentaría la emancipación y poco después la fecundidad, por lo que en Madrid sería igual de efectiva o más que esta política de ayuda directa”, valora Pau Miret.

Aquellos son, de hecho, los motivos que se esconden detrás del fenómeno de la escasa fecundidad en España. La caída, que se extiende desde hace décadas, no es exclusiva del caso español, ni mucho menos del año 2021, pero sí es, junto a Ucrania y Malta, el que tiene en Europa menos nacimientos por mujer y una de las edades medias del primer hijo más tardías del mundo. Para explicarlo no sirve con la renta disponible y de hecho los datos analizados por elDiario.es apuntan a que no existe una correlación directa entre esta variable y la fecundidad: no necesariamente a más dinero disponible se tienen más hijos, ni tampoco al revés.

El bolsillo no es el principal motivo

Pero tras el contexto económico existe un abanico amplio de motivos que sí contribuye a explicarlo: la temporalidad del mercado de trabajo (España es campeona en Europa y la tasa se dispara hasta el 52% entre los menores de 30 años) junto a los altos niveles de paro juvenil o las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar son algunos de los motivos. Sin perder de vista en este último factor que el cuidado sigue recayendo fundamentalmente en las mujeres. Además, es clave la edad de emancipación de los jóvenes. Solo siete países superan a España en el contexto europeo en cuanto a edad más tardía para abandonar el hogar de origen. Y es que en Madrid, una de las comunidades con mayores dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes, estos deberían destinar el 105% de su sueldo para cubrir el alquiler medio en la región, de 1.176 euros, según destacó en 2019 el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.

Este análisis coincide con el punto de vista de la percepción de las propias mujeres. Según la Encuesta de Fecundidad del INE de 2018, el económico no aparece hasta el lugar número cinco en la lista de motivos para retrasar la maternidad entre las mujeres menores de 30 años. Por delante está la salud, el no sentirse preparada, las razones laborales o de conciliación y la falta de una relación estable. Castro incide en que es necesario “un paraguas de medidas públicas” que acompañe los incentivos económicos, como impulsar el empleo estable o la gratuidad de las escuelas infantiles 0-3 años. “Eso es lo que funciona en los países nórdicos, pero ellos no lo hacen con el objetivo de incrementar la fecundidad sino para mejorar el bienestar de toda la sociedad”, recalca.

En otras comunidades autónomas se dirigen las políticas más hacia paliar la pobreza de las familias que hacia el natalismo, a excepción del Gobierno vasco, que da ayudas a todas las familias con hijos e hijas a su cargo. Con el primero, se recibe un pago único al nacer. Con el segundo, no solo al nacer sino también al cumplir 1 y 2 años. Con el tercero, además de al nacer, cada año hasta cumplir 7. El único requisito es figurar en el padrón de cualquier municipio de Euskadi al menos un año antes de solicitar la ayuda, o bien si ha vivido cinco años continuados en el País Vasco en los diez años previos.

Como ejemplo de ayuda a las rentas bajas está Catalunya, que se dirige solo a unidades familiares que ganen menos de lo que marca el indicador de renta de suficiencia catalán, que actualmente está en 569,12 euros al mes. También impone un requisito de tiempo mínimo de residencia: al menos uno de los dos progenitores ha de tener residencia legal en Catalunya durante los últimos cinco años, de los cuales dos tienen que ser ininterrumpidos y hasta la fecha de solicitud. Igualmente en Andalucía se trata de una medida contra la exclusión social y se ayuda en los partos múltiples o a partir del tercer hijo. En otras comunidades, como Castilla y León o Navarra, el incentivo es fiscal y no directo, aunque el gobierno foral reparte también ayudas enfocadas a la conciliación, en especial a las familias monoparentales.

Información elaborada junto a las ediciones de eldiario.es en Catalunya, Euskadi, Castilla y León, Navarra, Murcia y País Vasco.