Madrid manda inspectores por sorpresa para obligar a los colegios insumisos a pasar la prueba LOMCE

Nuevo capítulo en en el enfrentamiento de varios colegios de Madrid (la mayoría del sur de la región) con la Consejería de Educación. Con mañanidad y alevosía, el Gobierno envió por sorpresa el miércoles a la inspección a todos los centros en los que las familias se niegan año tras año a realizar las evaluaciones que imponen Educación y la LOMCE. Los inspectores hicieron pasar el examen a los niños de 3º (8-9 años) y 6º (11-12 años) de Primaria sin avisar y contra el criterio de sus padres, que rechazan estas pruebas.

Las familias están indignadas por lo que consideran “un atropello”. “Es una pataleta de un Gobierno saliente, y quizá ilegal”, valora José Luis Pazos, presidente de la federación de asociaciones de padres Giner de los Ríos de Madrid. “No es agradable, dejamos a nuestros hijos por la mañana en el colegio y nos encontramos a media mañana que están haciendo una prueba para la que no les hemos autorizado. Nos sentimos en un estado de indefensión ante las autoridades. Me pregunto qué pasaría si llevaran a un chico de excursión sin el permiso de los padres”, explica Rocío Moreno, madre de uno de los menores afectados en el Colegio Trabenco de Leganés.

Desde la Comunidad de Madrid, uno de los portavoces se sorprende por el revuelo y explica que lo ocurrido es lo habitual, que la ley establece que todos los centros y los alumnos han de pasar las evaluaciones y que si no lo hacen cuando está estipulado (en mayo) se busca otra fecha. También sostiene que no había orden alguna de la Consejería de Educación y que fue una cuestión de los inspectores. Estos lo niegan. Fuentes del cuerpo de inspectores de Madrid explican a este diario que “fue una orden directa de la Dirección General de Educación Primaria, Infantil y Educación Especial”.

La misma historia, distinto final

La historia no es nueva, pero sí la resolución que se le ha dado este año. Desde que hace ya una década el Gobierno regional estableció que todos los niños de Madrid de 6º de Primaria y 3º de Secundaria deben pasar una prueba de evaluación (a la que este año se ha sumado la de 3º de Primaria que figura en la LOMCE), hay una serie de colegios en los que las familias se niegan a que sus hijos hagan estos exámenes.

“No estamos en contra de las evaluaciones, estamos en contra de esta evaluación”, explica Moreno, una de las madres que rechaza las pruebas. “Es una evaluación puntual, muchas veces incompatible con la metodología de los centros, que no establece indicadores ni subsana las posibles deficiencias que encuentre, que no detalla las características o el origen de los alumnos, no evalúa todas las competencias que un niño debe aprender y solo se utiliza para ordenar los colegios en un ránking”, enumera. La inmensa mayoría de la comunidad educativa se ha mostrado en contra de estas pruebas, así como la oposición política (PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos han rechazado el modelo de evaluación elegido por el PP).

Una de las principales críticas es que las evaluaciones se utilicen para realizar clasificaciones de colegios en función de sus resultados. Y que se haga, además, sin tener en cuenta el estatus socioeconómico de los alumnos que acuden a cada centro, cuando todos los estudios —también PISA— demuestran que los hijos de familias más humildes obtienen, por lo general, peores resultados que sus pares más acomodados. Y los ránkings obvian este hecho y estigmatizan a los colegios con peores resultados, cuando en realidad podrían estar logrando más progreso para sus alumnos, solo que con un punto de partida más bajo.

Los criterios son más o menos los mismos que esgrime CEAPA, la confederación estatal de AMPAS, que cuando la LOMCE instauró la evaluación de 3º de Primaria llamó a boicotear esta prueba por parte de las familias. En Madrid, laboratorio del PP para las políticas educativas durante la última década, ya se venían realizando. En muchos centros, sobre todo del sur, cada año, el día fijado para las pruebas hay una notable ausencia de niños. Porque sus padres se niegan directamente, o porque alegan enfermedades o cualquier otra razón. Son colegios como el Trabenco o el Miguel Delibes, de Leganés ambos, el Miguel Hernández de Getafe, o el Palomeras Alta de Vallecas, entre otros. Los padres hablan de 25-30 centros, con mayor o menor seguimiento (en algunos el 100%, en otros un 30% de ausencias). Educación no ofrece cifras, y los inspectores lo rebajan a “una docena”.

El hecho no es exclusivo de Madrid. Simplemente allí ocurre más porque llevan más tiempo con las evaluaciones. Pero el boicot a las evaluaciones también se ha dado en Navarra, el País Vasco, Galicia o Asturias, entre otras. 

“Se han saltado la posición de los padres”

Fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid defienden la prueba. “Hasta la OCDE considera que son necesarias”, explica un portavoz, haciendo suyo el discurso del Ministerio de Educación. Sostienen que la prueba es obligatoria y, que si el día señalado para su realización faltan más de un 10% de los alumnos, se fija otra fecha sin que exista necesidad de avisar a las familias. “Es el procedimiento habitual los últimos diez años”, explican.

Pero las familias lo niegan. Es cierto que otros años (en 2012, por ejemplo) se repitieron las pruebas, concede Rocío Moreno. Pero al día siguiente y previo aviso. “Es la primera vez que vienen un mes después”, asegura. Los padres objetores, explica, se sienten atropellados por Educación. “Cuando elegimos no mandar a nuestros hijos a la prueba de evaluación, enviamos una carta a Educación explicando por qué no queríamos que nuestros hijos realicen la prueba. Lo sabían. Parece que cuando los chicos entran en la escuela pertenecen al Estado”, afirma incrédula.

“Se han saltado la posición de los padres, los escritos de negación para que se hicieran estas pruebas. Se han saltado las programaciones porque han sacado a los chavales de sus clases, algunos chicos (que tienen a partir de ocho años) lo han pasado mal y se han puesto a llorar”, coincidía Pazos. La CEAPA ha trasladado el caso a sus servicios jurídicos porque entienden que Educación puede haber cruzado la línea de la legalidad por hacer las pruebas fuera de plazo y sin participación del centro.