El Congreso ha admitido este martes tramitar una ley específica para que el Mar Menor tenga personalidad jurídica propia. Los diputados trabajarán en una herramienta de protección de la laguna impulsada por una iniciativa legislativa popular que reunió más de 640.000 firmas y fue defendida el pasado 15 de marzo en la comisión parlamentaria de Transición Ecológica.
La votación a favor de los grupos parlamentarios excepto la ultraderecha de Vox –que ha llamado “experimento bolchevique” al proyecto y que niega que las acciones humanas sean “el principal problema”– ha refrendado las posturas anunciadas hace dos semana cuando la profesora universitaria Teresa Vicente explicó a los parlamentarios la necesidad de crear una norma que defienda la laguna costera salada más importante de Europa. La iniciativa ha salido adelante con 274 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones. La personalidad jurídica haría, según exponen sus promotores, que este ecosistema pasara de ser “víctima y objeto” a ser un sujeto con derechos.
La iniciativa popular contiene un articulado por el que la ley crearía mecanismos que impidan que “las actividades urbanísticas, agrícolas, ganaderas, mineras o cualquier otras puedan dañar la laguna”.
El colapso ecológico que ha padecido el Mar Menor ha sido causado, especialmente, por la explotación agrícola y ganadera intensivas a su alrededor. El vertido de fertilizantes para los regadíos y los desechos de las granjas porcinas han acabado en las aguas de la laguna filtradas a través del suelo y por el acuífero colindante. También las extracciones ilegales de agua y la desalación sin permiso –cuyo desecho de salmuera ha sido vertido al medio– han puesto clavos en el ataúd ambiental de este hábitat.
En este sentido, el texto presentado incluye “que las acciones y omisiones que dañen al Mar Menor puedan inmediatamente ser perseguidas, sancionada y juzgadas”, señalan sus impulsores. La iniciativa contempla tres figuras para salvaguardar que se cumplan los derechos del espacio natural: un comité de representantes, una comisión de seguimiento y un comité científico independiente.
La esperanza de los promotores es que su texto no cambie demasiado durante los trámites parlamentarios. Una vez superar esta primera etapa, la propuesta debe pasar por el proceso de análisis y posibles enmiendas hasta ser definitivamente votada y, en su caso, aprobada por las Cortes.